LA OEA QUIERE SABER QUÉ PASÓ EN CORONDA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió un informe sobre la masacre de 14 presos, el 11 de abril pasado, en la cárcel de Coronda, según trascendió ayer en la capital de la provincia. Por su parte, el abogado Guillermo Marconi, de la Pastoral Penitenciaria, señaló que antes de que se presentara el pedido de informes –cuya intención fue adelantada por este diario el 27 de abril pasado–, la CIDH habría actuado de oficio, pero alertada por el movimiento que generaron en el país las distintas organizaciones de derechos humanos que trabajan el tema. El organismo internacional ya estuvo en una cárcel de Mendoza el año pasado, cuando realizó su segunda visita in-loco (en el lugar) al país desde que lo hiciera en setiembre de 1979 para elaborar un informe sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar.

La noticia de que la CIDH habría hecho el pedido de informes al Ministerio de Justicia de la Nación fue dada a conocer ayer por el vespertino santafesino El Litoral y ningún funcionario del gobierno provincial pudo negarla, porque se mantuvieron inhallables durante el resto de la jornada.
Asimismo, Marconi señaló que tanto la Pastoral como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y otras entidades acopian información para una denuncia sobre la situación en las cárceles provinciales en vistas a realizar una denuncia ante el mismo organismo internacional, que esta vez actuó “de oficio”, según interpretó el abogado. Mientras que un alto funcionario del Servicio Penitenciario, que ignoraba si el organismo dependiente de la OEA había hecho el pedido al gobierno nacional, observó: “Es lo menos que podían hacer”.

“Lo que la CIDH pregunta (al Ministerio de Justicia de la Nación) es nada más ni nada menos que lo que nosotros queríamos denunciar”, señaló ayer Marconi, quien a la vez describió que el gobierno provincial había empezado un proceso de humanización en sus políticas penitenciarias cuando le estalló esta masacre. Por otra parte, el letrado evaluó que el pedido de informes es el primer paso de lo que podría ser una investigación más exhaustiva, y que su intervención es el resultado del movimiento generado por los organismos de derechos humanos que recogen información para las denuncias sobre lo que ocurrió en Coronda y la situación de los presos en la provincia, ya que entre las entidades consultadas para relevar y cotejar datos figura el Observatorio Internacional Penitenciario con sede en Buenos Aires. Esta entidad tiene llegada directa a la CIDH, cuyo secretario es, además, el argentino Santiago Canton, quien estuvo el año pasado en la inspección de una cárcel mendocina.

El proceso que inicia el pedido de informes, además de la denuncia que pronto presentarán las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos –como la Pastoral– es el primer paso de un proceso contra el Estado nacional y provincial (no contra los gobiernos), según señaló Marconi, en el que se deben evaluar las faltas a los acuerdos internacionales a los que se halla adherida la Constitución argentina, y que puede finalizar con la aplicación de severas multas.

También Marconi observó que es raro que la CIDH realice visitas in-loco –de hecho, desde 1961, cuando comenzaron las visitas, sólo se hicieron 61–. Asimismo, el abogado acotó que presentarán la denuncia ante la Comisión porque no se puede callar lo que ocurrió en Coronda, pero explicó que los organismos que reúnen materiales para su informe se tomarán el tiempo necesario para que resulte “una denuncia seria y no mediática”.

Cuando el gobierno nacional envió una comisión especial desde el Ministerio de Justicia, hace un mes, para que evalúe lo sucedido en Coronda, las conclusiones de los enviados señalaban el riesgo de que el Estado resultara penalizado por faltar a los pactos internacionales sobre derechos humanos.