LA OIT PIDE POR POCHO LEPRATTI
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) reclamó al gobierno argentino que la mantenga informada sobre la investigación judicial que se realiza en los Tribunales rosarinos por el asesinato del militante Claudio “Pocho” Lepratti, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) muerto por la policía provincial durante la represión del 19 y 20 de diciembre en la ciudad, donde además hubo otras seis víctimas.
La recomendación del organismo internacional se produce como respuesta a la presentación que realizaron en su momento contra el Estado argentino la Central de Trabajadores Argentinos, la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) y la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), ante la dificultad de alcanzar justicia en el país.
En su resolución, la OIT le solicita al gobierno nacional que “envíe observaciones sobre el alegato según el cual Claudio Lepratti fue asesinado por la policía de Rosario cuando se encontraba realizando las labores propias de su trabajo en un comedor escolar”.
La entidad internacional también recomienda que se la mantenga informada “sobre toda investigación judicial al respecto”. La causa que investiga el crimen de “Pocho” Lepratti es una de las que más avanzó en los Tribunales locales. En agosto pasado, el policía del Comando Radioeléctrico Esteban Velázquez, identificado como quien disparó la bala que le dio muerte al militante y delegado sindical, fue condenado a 14 años de prisión, aunque fue el único condenado.
Hasta ahora, no hubo sanciones para quienes intentaron –sin fortuna– encubrir el asesinato de Lepratti transformándolo en un acto de defensa propia de los policías de gatillo fácil.
En tanto, la Comisión Investigadora No Gubernamental de los Hechos de diciembre de 2001, junto a la delegación Rosario de la CTA, preparan para presentar ante la OIT un informe de todas las causas abiertas por los hechos que terminaron en la caída del ex presidente Fernando de la Rúa, y que en la provincia de Santa Fe cobraron particular virulencia.
“También les enviaremos un escrito sobre las gravísimas irregularidades y maniobras tendientes a consagrar la impunidad en Santa Fe, donde recientemente se cerró una de las causas en la que se investigaba las responsabilidades penales de los funcionarios políticos y policiales”, indicaron desde la comisión no gubernamental, en referencia al sobreseimiento de los entonces funcionario de gobierno de Carlos Reutemann, Lorenzo Domínguez y Enrique Álvarez, ministro de Gobierno y subsecretario de Seguridad respectivamente.
El 19 de diciembre de 2001, “Pocho” Lepratti había subido a la terraza de la escuela del barrio Las Flores donde trabajaba en el comedor, para pedir a los gritos que la policía dejara de disparar porque allí había chicos comiendo.
A pesar de los reclamos, el agente Esteban Velázquez –quien se desplazaba en el patrullero 2270 del Comando Radioeléctrico junto al sargento Rubén Darío Pérez y el agente Marcelo Fabián Acuña– disparó contra Lepratti y lo mató de un tiro en la garganta.
En agosto del año pasado, el policía Velázquez fue condenado a 14 años de prisión debido a que el juez de sentencia Ernesto Genesio lo encontró responsable de homicidio agravado por haberse cometido con un arma de fuego.
Durante el 19 y 20 de diciembre fueron asesinadas en Santa Fe siete personas, sin embargo los máximos responsables de seguridad del segundo gobierno de Reutemann fueron sobreseídos en diciembre pasado por la jueza Alicia Doldán, quien entendió que “no han cometido ningún acto ilícito como para investigar algún tema”.
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