La ola de escraches llegó a Santa Fe

OPINIÓN. El caso de una maestra linchada en medio de un muy confuso caso invita a la reflexión y el replanteo de los roles institucionales.

Por Analía De Luca

 

El hecho noticioso era el siguiente: se investigaba la viralización de un video íntimo de una docente que había llegado al celular de un menor de edad (y de muchísima más gente). Sin embargo, algunos medios se apuraban a anunciar “Escándalo sexual en Santa Fe: una docente le envió un video masturbándose a un alumno de 14 años (…) La profesora de Geografía tiene 34 años y fue expulsada de la institución. La Justicia investigará si existe otro video y qué vínculo mantenía con el menor (Infobae 03/04/19)”, “X.F.P. es profesora de Geografía (…) La investigación se centró en constatar si efectivamente la mujer de 34 años mantuvo un vínculo con el adolescente desde noviembre de 2018, cuando compartieron un campamento escolar, en donde habrían comenzado a tener relaciones sexuales, según pudo averiguar Infobae (…) Es la habitación de una niña convertida en la escenografía de un video en el que está su madre, docente del Colegio de la Inmaculada Concepción, masturbándose para un alumno suyo de 14 años (Infobae – otra nota del 03/04/19)”. La noticia cubrió el país y la opinión pública tomó inmediatamente partido contra la profesora.

 

Con el correr de las horas, la docente investigada se presentó voluntariamente ante las autoridades y, después de efectuar su declaración, fue dejada en libertad. “No hay causa ni carátula porque aún no hubo audiencia para imputarla por algún delito. El fiscal tiene un plazo de 72 horas para llevar a cabo la audiencia e imputarla si así lo cree necesario”, había declarado entonces su abogado, Bruno Palamedi, quien también indicó que “previo a que todo este video se viralizara recibió desde un perfil falso de Instagram una amenaza diciéndole que si no hablaba con ese usuario le iba a viralizar el video”.

 

“Los peritajes demuestran que la versión tal cual salió a los medios es parcial, la docente no hizo todo lo que dijeron”. “Lo grave es que hay destrucción del buen honor y el buen nombre”.

 

Y mientras la institución educativa deslindaba responsabilidades “es una cuestión privada, el vínculo es de una docente con el alumno”, manifestó el Rector de Inmaculada, Francisco Cervera, la propia Ministra de Educación, Claudia Balagué, desmentía que se hubiera separado a la profesora de su cargo, al explicar que desde el Ministerio “siguen un protocolo separando provisoriamente al docente que está sospechado”.

 

Más tarde, Pedro Bayúgar, titular del SADOP Santa Fe, aseguró que “los peritajes demuestran que la versión tal cual salió a los medios es parcial, la docente no hizo todo lo que dijeron” y que “lo grave es que hay destrucción del buen honor y el buen nombre; no creo que pueda volver a trabajar en el mismo colegio, pero dependerá de ella y de las condiciones que ellos les den”. “Ellos actuaron mal -opinó Bayúgar-, tuvo la posibilidad de actuar internamente y no al Ministerio de Educación que en vez de hacer un sumario lo envió a otro Ministerio que logró la verdad de la situación”.

 

Pasaron las 72 horas y la audiencia imputativa no se realizó. Algunas versiones indican que la docente volvió a su ciudad natal en Chaco, otras aseguran que se encuentra en la capital santafesina, donde reside con su pareja y su hija pequeña. A todo esto, la única voz que la opinión pública esperaba oír, jamás se pronunció: era la del fiscal del caso, Federico Grimberg, que no realizó declaraciones públicas al respecto. Y eso fue todo.

 

La muerte, se entiende, es física; pero las redes sociales están generando personas muertas en vida, sin la posibilidad de recuperar su salud mental o su vida social.

 

El celular ¿es un arma?

Hace unos meses, en Bariloche, el 22 de diciembre de 2018, se quitó la vida Agustín Muñoz, tras haber sido escrachado por Ani, una amiga, en redes sociales. La chica -menor de edad- aseguró que Agustín había abusado de ella y la publicación se viralizó exponencialmente. Ella se retractó (“Principalmente quiero disculparme públicamente hacia Agustín, fue un momento de bronca y enojo”, había escrito entonces Ani, también en sus redes sociales). Pero las disculpas no se multiplicaron al ritmo que lo había hecho la acusación y Agustín no pudo soportar la presión social.

 

Como en el caso de la docente, los medios, los usuarios de las redes sociales y las propias instituciones, se apresuraron en condenar a Agustín a partir de la viralización de un supuesto delito. La muerte, se entiende, es física; pero las redes sociales están generando personas muertas en vida, sin la posibilidad de recuperar su salud mental o su vida social.
Lo que pasó entre Agustín y esa chica tal vez no se sepa nunca. Pero los padres de Agustín, días después, invitaron a la comunidad a hacer una reflexión: “Mi hijo fue una víctima de toda esa desidia social que tenemos nosotros como adultos. No puede haber un Agustín más. Tomemos consciencia y que los chicos se sientan protegidos por nosotros”. Lo decía también por Ani, que luego del suicidio de Agustín fue duramente criticada.

 

En el caso de la profesora, cabe mencionar también, que, aunque las redes sociales tienen un mínimo de edad legal para ser usuario que ronda entre los 13 y 14 años, en nuestro país, la legislación vigente no permite ser titulares de líneas telefónicas a menores de edad, con todo lo que conlleva.