La ONU reiteró su preocupación por Defensoría Pública

Los días 29 y 30 de junio pasado en la ciudad de Ginebra, Suiza se desarrollaron las sesiones del 117° período del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la Argentina presentó su quinto informe periódico. El Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe estuvo presente con una delegación compuesta por el Defensor Regional de la 1era. Circunscripción Judicial (Santa Fe) Dr. Sebastián Amadeo y la Secretaria Legal y Técnica del organismo Dra. María de los Ángeles Cáceres. Ambos presentaron ante el Comité un extenso y completo informe alternativo sobre la situación de los DDHH en la provincia de Santa Fe.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen, en nuestro sistema jurídico argentino, jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22). El primero prevé, como órgano de contralor de sus disposiciones, al “Comité de Derechos Humanos”, es decir, un órgano compuesto por 18 expertos en Derechos Humanos que tienen por funciones (a) analizar informes periódicos y obligatorios de los Estados miembros y redactar “observaciones generales” -la última realizada en torno al Estado argentino fue la del 22.03.2010-; (b) recibir reclamos interestatales; y, finalmente, (c) recibir quejas individuales dándoles el correspondiente trámite en cuanto a su admisibilidad y procedencia.
En relación a la primera función, y habiendo el Estado Argentino presentado el informe respectivo sobre la lista de cuestiones, también hicieron lo propio, a nivel alternativo varias ONG -entre ellas el CELS- y este Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe. Corresponde señalar que luego de mantener el Comité reuniones privadas con organizaciones de Derechos Humanos el 27 de junio del corriente año en el Palais Wilson de la ciudad de Ginebra , se llevaron a cabo en el mismo lugar reuniones públicas en los días 29 y 30 de junio frente a la delegación argentina dirigida por el Embajador Leandro Despouy.
Es de destacar que el Dr. Víctor Manuel Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos, públicamente ponderó el informe de la Defensa Pública y manifestó su preocupación en torno a varias cuestiones, entre otras, el modo en que el Estado argentino debe garantizar el cumplimiento del Pacto en un sistema federal; la fuerte tendencia a la regresión de los Derechos Humanos seguida de un debilitamiento institucional; la violencia institucional (policial y penitenciaria); la ausencia -en algunos casos- y falta de funcionamiento -en otros- de Mecanismos de Prevención contra la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, solicitando al Estado que se le dé entidad real a dicho Mecanismo en todo el territorio nacional; la falta de investigación de hechos vinculados a la violencia institucional; la ausencia de estadísticas con datos desagregados en la materia; el auto gobierno de las cárceles, la existencia de requisas vejatorias, la corrupción penitenciaria y policial. Respecto a los registros de casos de torturas señaló que no hay coincidencia entre lo que se registra por parte de diferentes instituciones y lo que el Estado investiga.
Concretamente, en cuanto a la Defensa Pública, remarcó al Estado la importancia de dotar a esta institución de verdadera autonomía en comparación con el Ministerio Público Fiscal, sobre todo a nivel provincial. Recalcó que se deben realizar mas esfuerzos para hacer efectivo el cumplimiento del Pacto a nivel provincial. Cuestionó al Estado sobre los modelos de reforma de justicia. Insistió en que existe un déficit concreto y dificultades del Estado en prevenir la violencia institucional y las desapariciones forzadas.
Por su parte, otro miembro del Comité, Nigel Rodley, respecto al Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe sostuvo “es maravilloso que existan instituciones como esta” e interrogó al Estado sobre las desapariciones forzadas ocurridas en la Provincia, concretamente de los casos “Roberto Irusta”, “Franco Casco” y “Gerardo Escobar”, solicitando se investiguen estos hechos. Y agregó que “pareciera que existe una cierta impunidad que permite que se cometan excesos, cuestión a la que no se responde con las medidas adecuadas. Pareciera que estamos frente a una práctica de tortura encubierta”.
A su turno, otro de los miembros del Comité, Sarah Cleveland dejó en claro que, en relación al Estado argentino, sus problemas no vienen dados por su marco normativo (que lo tiene y es ponderado), sino de concretas políticas institucionales y de los recursos (humanos, materiales y financieros) o falta de ellos para aplicar las políticas pertinentes.
También el Comisionado Lazhari Bouzid cuestionó al Estado en relación a las detenciones por averiguación de identidad, a decir del experto: “¿por qué detener a una persona para verificar su identidad? ¿Qué se gana con ello? ¿Existen denuncias contra la policía? ¿Se investigan? ¿Hay querellas?”
La experta Ivanna Jélic, respecto a la violencia contra la mujer y la aplicación de la ley 27210 (de asistencia legal gratuita a víctimas de violencia de género) , preguntó si el Estado efectivamente garantiza el patrocinio jurídico gratuito a estas víctimas. Además solicitó que el Estado explique si existen medidas concretas en los casos de trata para luchar contra la policía involucrada.
En sus observaciones finales respecto de Argentina -conocidas recientemente-, especialmente para ser tenidas en cuenta para la provincia de Santa Fe, el Comité de Derechos Humanos reiteró su preocupación con respecto a la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública, lo cual afecta en la calidad de los servicios prestados. Al Comité le preocupa que la Defensoría Pública Federal, como las provinciales, no cuenten con recursos suficientes para la plena ejecución de sus mandatos (art.14). El Comité destacó que el Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que la Defensa Pública Federal y las Provinciales logren disponer de los recursos necesarios, así como también autonomía funcional y presupuestaria respecto a otros órganos del Estado, para poder desempeñar sus funciones eficazmente, en todas las regiones del país.
En otro aspecto, el organismo internacional de las Naciones Unidas solicitó al Estado Nacional y los territorios Provinciales asegurar que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas de manera rápida, completa e independiente y que los responsables de esos actos comparezcan ante la justicia.