LA OPOSICIÓN TIENE 26 DE LOS 30 EXIGIDOS PARA ABRIR EL PROCESO

El mecanismo se inicia en la Sala Acusadora de la Legislatura, una cámara integrada por 45 de los 60 legisladores porteños y que tiene a cargo definir –por el voto de dos tercios de sus miembros, es decir, 30– el comienzo de cualquier juicio de ese tipo.
Los 15 diputados restantes conforman la Sala Juzgadora que, una vez habilitado el enjuiciamiento, sopesan las pruebas reunidas por la Sala Acusadora y deciden si resultan suficientes para demostrar los cargos.

Aunque falta tiempo para llegar a esta etapa, hasta entonces el arco opositor que apoya la destitución de Ibarra planea abocarse precisamente a captar esos cuatro votos de diferencia entre los 26 ya reunidos y los 30 exigidos por la ley, mientras que el oficialismo intentará neutralizar esa estrategia.

Lo cierto es que hoy todos hacen números en las distintas bancadas y, entre los extremos de quienes aseguran que el proceso ya no prosperará y quienes sostienen que todo depende del reacomodamiento político posterior a las elecciones legislativas del 23 de octubre, varios han optado por empezar a trabajar para modificar las voluntades en uno u otro sentido dentro de la Sala Acusadora.

Todos coinciden en que, en definitiva, dependerá del kirchnerismo -por ahora solidario con Ibarra y que tiene ocho legisladores en esa sala- el lado para el que se incline la balanza cuando llegue el momento de levantar la mano y decidir si habilitan el proceso, instancia en la que el jefe de gobierno queda suspendido en el caso de que el comienzo del juicio sea aprobado.

Hoy por hoy, sostuvieron fuentes del bloque del Frente para la Victoria, ninguno de los ocho quiere someter a Ibarra a un trámite de este tipo. Aunque la decisión final, se sabe, quedará supeditada a la orden que oportunamente emita el jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández, a los legisladores porteños que le responden orgánicamente.

En el otro bando, 26 diputados sí consideran, en principio, que el jefe de gobierno incurrió en mal desempeño de sus funciones y que contribuyó a crear las condiciones para que el 30 de diciembre último Cromagnón se convirtiera en una trampa mortal. Algunos lo admiten en voz alta y otros prefieren confesarlo sólo a sus íntimos, mientras alegan no conocer en profundidad el dictamen ni haber escuchado aún las defensas para no fijar posición en público.

Entre ellos se cuentan los ocho miembros de Juntos por Buenos Aires, aliados al macrismo y que en la comisión investigadora tuvo dos legisladores (Diego Santilli y Alvaro González) que adhirieron al despacho único. También figuran los seis miembros de Compromiso para el Cambio (CPC), el partido de Mauricio Macri, que llevó dos miembros (Gabriela Michetti y Martín Borrelli) a esa comisión.

Le siguen los dos lopezmurphistas de Recrear, que ya en febrero último habían presentado un proyecto en el que pedían el juicio político a Ibarra y que permanece “cajoneado” junto con otro en el mismo sentido del Interbloque de Izquierda.

Precisamente, los cuatro diputados del interbloque que integran la Sala Acusadora también cuentan a la hora de sumar votos en favor del juicio político al jefe de gobierno.

En la comisión especial que investigó la tragedia de Cromagnón estuvieron representados por Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre) y por Recrear, hasta su ruptura con el partido, actuó Fernanda Ferrero, que hoy forma parte del bloque Juntos por Buenos Aires y milita en Unidad Republicana.

Pero la izquierda tiene dos legisladores “detractores” de la posición de ese grupo hacia el enjuiciamiento de Ibarra. Son los zamoristas de Autodeterminación y Libertad (AyL), que en realidad pretenden que Ibarra renuncie y, según adelantaron a LA NACIÓN, revisarán cómo votar en las próximas horas. Desde el interbloque, varios diputados los acusan de haber pactado con el ibarrismo “a cambio de quién sabe qué”.

A LA CAZA

Esos votos son dos de los cuatro que posiblemente sean presa de caza del arco opositor para subir de 26 a 30 las adhesiones en favor de habilitar el juicio político. Los dos restantes corresponden a los hoy indecisos Roberto Vázquez (UCR) y Mirta Onega (Compromiso Social).

Con los tres miembros de ARI -el partido de Elisa Carrió- y los dos de Confluencia terminan de contarse las 26 voluntades en favor del juicio. Los dos bloques tuvieron legisladores en la comisión investigadora: Fernando Cantero y Milcíades Peña, respectivamente.

Algo que salta bien a la vista por estas horas es que les resultará muy difícil a las bancadas representadas en la comisión especial apartarse de las recomendaciones vertidas en el dictamen oficializado el viernes último, en el que se sugiere enjuiciar al jefe de gobierno y a la síndica general de la Ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante.

En cambio, poseen libertad para rechazar la habilitación del proceso el kichnerismo (ocho votos), el Frente Grande (dos votos), el Partido de la Ciudad (dos votos), el Partido Socialista (un voto) y Cambiemos Buenos Aires (dos ex macristas que hoy coquetean con el ibarrismo). Estos 15 más los dos zamoristas son los que hoy se oponen a enjuiciar a Ibarra, aunque no todos lo confiesan.

Por lo pronto, como se dijo, resta bastante tiempo para negociar y reacomodar posiciones. El dictamen de la comisión que investigó la tragedia será remitido a la Sala Acusadora, previa aprobación de una resolución en el recinto, donde nadie quiere prestarse a discutir el tema.

Dentro de la Sala funciona una comisión investigadora que tiene 60 días prorrogables para dar derecho a la defensa y elevar uno o más despachos. Con 30 votos positivos del pleno de la Sala Acusadora empieza el juicio, que desarrollará la Juzgadora, en un plazo máximo de cuatro meses.