LA PELEA CON LOS ESTATALES SE EXTIENDE Y YA AMENAZA A VARIOS GOBERNADORES

Unos hacen huelga. Otros se movilizan. Y están los que recurren a ambos métodos de protesta. Lo cierto es que buena parte de los empleados públicos del país se declararon en pie de guerra con el propósito de defender la salud de sus bolsillos y reclamar aumentos salariales.

Los conflictos riegan, con intensidad dispar, a 17 provincias y la Capital Federal. Fueron creciendo con la gradual baja del poder adquisitivo. Y se extendieron como una mancha de aceite por la negativa de los gobiernos locales a trasladar la reciente mejora que el Estado nacional otorgó a sus empleados.

Aun así, el presidente Kirchner tampoco pudo controlar su frente interno. Otorgó una suma fija de 150 pesos que sólo alcanza a los sueldos inferiores a los mil pesos, por lo que la medida fue considerada “insuficiente y discriminatoria” por los gremios del sector. Resultado: tampoco la Nación se salvó de la marea confrontativa. El miércoles pasado las columnas del frente estatal bloquearon el centro porteño y llevaron su protesta a Plaza de Mayo.

Algunos gobernadores eligieron el camino de Kirchner y anunciaron aumentos. Pero se quedaron cortos y provocaron rechazos. Se explica: ninguno se acercó a los pedidos gremiales que, según los casos, van de 150 a 300 pesos de aumento.

Un caso emblemático: el cordobés José Manuel de la Sota dio mejoras de 75 pesos de promedio y recibió como respuesta la planificación de un plan de lucha por parte de los sindicatos de docentes, judiciales y estatales. Algo parecido les sucedió a los también justicialistas Juan Carlos Romero, en Salta, y Carlos Verna, en La Pampa, tal como al radical Eduardo Brizuela del Moral, en Catamarca.

Como se ve, el descontento no repara en diferencias partidarias. Ejemplos a mano: los distritos grandes con mayor nivel de conflictividad son los de Buenos Aires, en manos del peronista Felipe Solá, y Mendoza, gobernado por el radical Julio Cobos.

Los estatales bonaerenses ingresarán mañana en su tercera semana consecutiva de protestas, que incluyen paros y movilizaciones. Desde fines de abril, las actividades en oficinas públicas, hospitales y escuelas marchan a paso irregular. Unificados como pocas veces en sus demandas los sectores que responden a la CGT oficial y a la CTA de Víctor de Gennaro, claman por un aumento similar al otorgado por la Nación y Solá responde que no lo puede dar hasta que el gobierno de Kirchner le pague una deuda que calcula en 450 millones de pesos.

En Mendoza, las marchas son pan de cada día y los gremios acordaron unificar sus reclamos con una huelga general antes de fin de mes. Cobos, de fluido trato con Kirchner, devuelve en cuotas las sumas recortadas antes de su llegada. Pero también argumenta que sin ayuda de la Nación no estirará la caja.

Las provincias pobres del norte, con su alta concentración de empleados públicos, constituyen otro compacto frente de conflicto. Los casos top son Salta y Chaco, regadas de paros y movilizaciones. En la intervenida Santiago del Estero, al igual que en Misiones, las batallas son libradas únicamente por los maestros.

Los vientos patagónicos soplan calmos. Hay tregua en Río Negro y relaciones estables de los gremios con los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La mosca blanca es Neuquén: allí confluyen las medidas de fuerza de empleados provinciales con los del municipio capitalino, quienes montaron un campamento frente al gobierno local.

En Capital, el transversal Aníbal Ibarra piloteaba la situación, hasta que la crisis le estalló en los hospitales, donde el miércoles 16 el personal irá al paro.

Dos vecinos que respiran son el santafesino Jorge Obeid y el entrerriano Jorge Busti. Tendieron puentes con los gremios y pedalean los reclamos con la misma estrategia: negociando.