LA PLANTA DE CELULOSA DE CAPITÁN BERMÚDEZ DEBE ADECUARSE PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN

La Justicia ordenó medir los efluentes líquidos y gaseosos de la empresa Celulosa Argentina ubicada en Capitán Bermúdez, para determinar el nivel de impacto ambiental que genera su actividad. Esta resolución corrió por cuenta de Gladys López, la jueza Civil, Comercial y Laboral de la 1ª Nominación, quien dispuso una medida para “mejor proveer”, una facultad que tiene la Justicia para ampliar la prueba ofrecida. Sin embargo, esta semana la papelera apeló la decisión y ahora la magistrada deberá resolver si hace o no lugar a la solicitud. El litigio judicial se enmarca en el amparo ambiental que presentó un grupo de vecinos de Capitán Bermúdez el año pasado para solicitar que la compañía cese su “actividad contaminante”. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Marcelo Terenzio, explicó que Celulosa terminará de adecuarse a los nuevos requerimientos “a fines de 2007”.

Alejandro Echevarne representa a los vecinos junto a Germán Candini y Florencio Fernández. El abogado consideró que “la apelación (por parte de Celulosa) es improcedente porque se están negando a ser sometidos a pruebas que son fundamentales para garantizar el funcionamiento de la fábrica de acuerdo a la legislación sobre cuidado ambiental”.

“Uno de los problemas fundamentales es que el blanqueo de pulpa y papel se realiza allí con cloro elemental. La prohibición de trabajar con este tóxico está estipulada en el Pacto de Estocolmo, una norma supraconstitucional”, argumentó. Además, el amparo fue presentado en el marco de la ley general de ambiente, y también se basó en los artículos 41 y 43, incorporados en la Constitución Nacional en la reforma de 1994. “La empresa afirma que en un par de años podrá incorporar un sistema en base a dióxido de cloro. La pregunta es ¿qué hacemos hasta entonces? Y además, ¿qué sucede con el daño que se causó hasta ahora?”, alegó.

Estos abogados conformaron un cuerpo interdisciplinario de asesores externos entre los que figuran: Mirtha Fuentes, miembro de honor del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados; Pablo Javkin, que hasta el año pasado integró la comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal de Rosario, y el consultorio médico a cargo de Carlos Mussio y Pedro Corvalán. De acuerdo a diversos estudios, Echevarne afirmó que “en el último tiempo se produjeron 50 muertes por cáncer y severas afecciones cardíacas y respiratorias”. A eso se suman irritaciones en la conjuntiva de los ojos, alergias, y detección de metal en sangre, entre otros problemas físicos.

“La presentación judicial que realizamos el año pasado fue inevitable porque la empresa se negó a exhibir el Certificado de Aptitud Ambiental que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia extiende a quienes satisfacen los requisitos exigidos por la ley para poder funcionar en la actividad del rubro”, continuó Echevarne. Ahora, sería la misma Secretaría la encargada de monitorear los estudios del aire y del agua en el lugar. “En un primer momento, los vecinos solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) donde los costos del estudio son muy altos. Sin embargo, consideramos que le correspondería al Estado garantizar que estos análisis se realicen. Además, sería garante de equidad, al no ser influido por un sector u otro”, dijo.

El abogado también se refirió al hecho de que la empresa otorga fuentes de trabajo y que, muchas veces, esa situación “hace que en materia ambiental se mire para otro lado y se privilegie sólo lo productivo”. “No planteamos que la empresa se cierre, porque somos conscientes que allí trabajan más de 700 personas. Pedimos que adecue su actividad a las normas vigentes, que haga las inversiones necesarias para evitar contaminaciones”, continuó. “Hay que hacer compatibles salubridad y fuentes laborales para lograr un desarrollo sustentable que, sin dejar de ser una entrada económica para un gran grupo de familias, esta compañía no se transforme en un peligro para toda la comunidad”, consideró. Por su parte, Terenzio confirmó que no se le ha extendido a Celulosa la certificación exigida por ley “porque aún la empresa no ha evolucionado con todos los conceptos que se exigen en la actualidad”. Sin embargo, indicó que de manera progresiva “se le van otorgando certificaciones parciales, en la medida en que va utilizando mayores cantidades de dióxido de cloro y reemplazando el cloro elemental”. “Es posible que hacia fines de 2007, Celulosa esté utilizando sólo este último sistema”, consideró.

“Hemos respondido a la Justicia con la presentación de trámites y controles cada vez que lo ha exigido. Sucede que el rol del Estado es muy delicado. Porque por un lado debemos tener el poder de policía para garantizar que se cumpla con la ley. Pero al mismo tiempo, nos encontramos con que tampoco podemos aplicar medidas precautorias de máxima, como por ejemplo, suspender las actividades de la empresa mientras se demuestra si contamina o no”, dijo el funcionario. “Nuestro objetivo es garantizar la mejora continua en el cuidado del medio ambiente”, aseguró.