LA POBREZA VISTA DESDE ARRIBA

¿Cuáles son las medidas que el Estado debe impulsar para asegurar la inclusión social? ¿Qué puede hacer el sector privado al respecto? ¿Cómo lograr que los programas sociales lleguen a quienes más los necesitan? En el marco del Precoloquio Centro que organizó el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), una de las actividades más convocantes fue la que se realizó a lo largo de la mañana para intentar buscar respuestas a estos interrogantes.

Bajo la consigna del panel “Nuevos desafíos para fortalecer la inclusión social”, quienes participaron de este evento anual –que reúne a sectores público y privados e involucra así a empresarios, funcionarios públicos, líderes políticos, e instituciones nacionales y extranjeras–, dialogaron en mesas de discusión y elaboraron síntesis finales. Las líneas abordadas se retomarán en el 41º Coloquio Anual, que se realizará entre el 23 y el 25 de noviembre en Mar del Plata.

“El incendio de 2002 ha sido contenido, y ahora tenemos un superávit fiscal importante. En ese marco, Argentina quedó dividida entre impuestos genuinos y distorsivos, como las retenciones o el impuesto al cheque. Ahora, es necesario que el Estado revise las medidas en su momento pensadas para paliar la crisis. Así se podrán garantizar condiciones de empleo óptimas y mayor inclusión social, que no sólo es responsabilidad estatal sino también del ámbito empresario”. Con estas palabras, el moderador del panel, Luis Bameule, presidente de Quickfood SA, sintetizó la relación compleja que vincula iniciativa públicas y privadas, que fue el centro del debate. Sobre el escenario, lo escuchaban Nicolás Ducoté, director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cipecc); Pedro Antonioni, director ejecutivo de la comisión nacional de Cáritas; y Daniel Arroyo, secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Nación.

Los cuatro panelistas extrajeron conclusiones de las mesas de trabajo en las que habían participado previamente, junto a otros asistentes al Precoloquio. La propuesta inicial era analizar el funcionamiento del plan Jefas y Jefes de Hogar, identificar sus fortalezas y debilidades, y cuáles son las propuestas desde el gobierno nacional y la sociedad civil. A partir de allí, se articularon los interrogantes más generales. Si bien en estos coloquios los desafíos sociales forman parte de la agenda de discusión, es inusual que tengan un espacio protagónico, como sucedió ayer.

Un acuerdo general fue que la educación escolar es un deber del Estado que garantiza la inclusión de sectores postergados. “Uno de los problemas que tenemos actualmente es la verificación de que los hijos de las personas que cobran planes concurren a la escuela, y si eso se comprende como una contraprestación necesaria”, señaló Ducoté. “Pero si bien es necesario mejorar la articulación entre la escuela pensada como espacio de formación que abone lo laboral y los posibles espacios de trabajo, también es necesario que el Estado redistribuya las asignaciones escolares. En algunos lugares se invierten 2 mil pesos por alumno, y en otros 600”, agregó. Arroyo pasó por alto la crítica y se centró en el rol que tiene la educación formal como capacitadora. “Es necesario apoyar las escuelas técnicas y el desarrollo local. Ahora la migración no se realiza en función del trabajo, sino en función de las garantías sobre prestaciones sociales, como los sistemas de salud. Entonces, es bueno capacitar en función de las necesidades de cada lugar, y diversificar esa oferta para constituir nuevos polos productivos”, agregó.

Ducoté también instó a los empresarios “a tener un acercamiento mayor a los políticos y funcionarios públicos, pues el sector privado puede ayudar a resolver y controlar problemas derivados de la exclusión, y pensar nuevas alternativas”. El discurso de los tres panelistas y el moderador se centró, entonces, en la injerencia de las empresas en la fiscalización del funcionamiento de los programas sociales, frente a las dificultades que atraviesan los consejos consultivos como fiscalizadores. “Cuando se inició el plan (Jefas y Jefes), el organismo de control eran los consejos consultivos: uno nacional, 22 a nivel provincial y alrededor de 1800 a nivel municipal. Hoy día, funciona sólo el nacional, unos 15 provinciales y 500 municipales. Se nos ocurre que la participación para ejercer el control no es sólo una posibilidad; es un deber, tanto como pagar impuestos”, sostuvo Antonioni.

La situación de precarizaicón laboral a través del trabajo en negro, y la necesidad de avanzar en políticas “donde los planes sociales dejen de ser subsidios y signifiquen inserción real en el mercado de trabajo”, como consideró Ducoté, también atravesaron las intervenciones de los panelistas. “Es muy difícil definir políticas públicas sin datos ni registros concretos, pues sabemos que más del 45 por ciento de los empleados en nuestros país trabajan sin ser registrados”, consideró Arroyo.

El funcionario se encargó de unificar demandas y expectativas. “Un elemento fundamental es que los empresarios trasladen su propia capacidad productiva a quienes viven más abajo. Una de las posibilidades es que se abran nuevos créditos y formas de financiamiento para quienes tienen emprendimientos productivos, pero no tiene acceso a estas formas. De hecho, el núcleo de la nueva pobreza es la baja del nivel productivo y no de la capacidad de mano de obra. Desarrollar la capacidad productiva del Estado y del sector privado son el punto central para trabajar con la gente. De lo contrario, estaremos enseñándole a la gente lo que debe hace, pero sin incluirla”, sintetizó Arroyo.