LA POLICÍA DE LA PROVINCIA LE RESPONDIÓ A LA JUEZA COSIDOY

Al respecto, se precisó en dicha comunicación que en la Jefatura de Policía de la Provincia no se registran 21 notificaciones del tribunal citado con denuncias de falencias policiales o recomendaciones de adoptar medidas administrativas contra uniformados bajo sospecha.

En cuanto al listado distribuido por dicho matutino en la nota referida como un supuesto “compendio de reiteraciones” u anomalías por parte de oficiales y agentes policiales provinciales, se precisa que, bajo fecha 17-10-01, se cita que dicho tribunal consideró “inadecuado” el proceder policial en la selección de testigos que presenciaron un secuestro de drogas, sin embargo, no existe constancia de recepción de ningún oficio de dicho cuerpo judicial u otro, ni personal policial imputado o procesado.

Bajo fecha 25-08-03 se dice que el tribunal pidió al juez federal en turno que determine quién informó al diario La Capital que en un procedimiento en Casiano Casas al 1900 se había secuestrado 1.200 kilos de marihuana.

Al respecto no existe constancia de comunicación alguna del Juzgado ni de irregularidades en ese procedimiento, no existe tampoco causa penal, administrativa o personal policial imputado.

Bajo fecha 19-09-03 se pide al fiscal federal de turno que investigue al jefe y personal de la brigada operativa de la Digedrop, pero se omite que el personal policial fue sobreseído y las actuaciones administrativas archivadas.

Bajo fecha 18-03-04 se expresan actuaciones contra el oficial Fernando Romitti, no obstante no se abrieron causas penales, se realizaron actuaciones administrativas, se sancionó disciplinariamente y se archivó.

Bajo fecha 02-05-05 se cita la sospecha de actuaciones irregulares realizadas por el comisario mayor Alberto Antegiovanni y el Comisario Carlos Rodríguez, pero hasta el presente no existe promoción de acción penal por parte del Fiscal Federal contra los mismos y la sentencia fue parcialmente anulada, aguardándose el fallo de la Cámara de Casación para resolver la situación administrativa del personal policial citado.

Bajo fecha 07-05-05 se expresa que los jueces abrieron una causa contra el subcomisario Marcelo Cesar Marcos por encubrimiento y extorsión. Sin embargo, se destaca que el fiscal federal en turno se declaró incompetente y remite la causa al Juzgado en lo Penal de Instrucción de la 8va. Nominación de Rosario, desconociéndose la situación procesal del personal policial por cuanto no se contestan pedidos de informes. Además, existe sumario administrativo en trámite y se aguarda el informe judicial.

Bajo fecha 13-10-05 se dice que cinco policías santafesinos terminan cuestionados por su falta de capacidad funcional, imputándose entre los mismos al actual comisario principal Nestor Ljumberg. Al respecto, el fiscal federal informa que se está en etapa instructoria y deniega fotocopias por lo que se ignora la situación procesal de los citados, encontrándose la causa administrativa en trámite a la espera de respuesta.

Bajo fecha 06-12-05 se consigna que el tribunal cuestionó la “deficiente actuación” del comisario Jorge Domingo Simil en procedimiento en zona oeste de la ciudad, sin embargo, no se imputa delito, ni hay causa judicial y se remiten los autos a los fines administrativos.

Finalmente, se destaca que en todos los procedimientos citados, pese a los presuntos cuestionamientos efectuados a las fuerzas policiales, los detenidos imputados recibieron sentencias condenatorias por los delitos investigados.