LA PREOCUPACIÓN DE KIRCHNER ES CONTENER A GUALEGUAYCHÚ

En la reunión, realizada el viernes en La Haya, Ruiz Cerutti dijo que estaba en condiciones de presentar en cinco meses la memoria (recopilación de todos los ejes del conflicto). Gros Espiell, a su vez, pidió 10 meses. Finalmente, Higgins fijó el plazo en seis meses para la Argentina y poco más de un año para Uruguay. Desde ese momento, según confió a LA NACION una fuente diplomática, un año y medio podría demorar el nuevo fallo del tribunal.

Más allá de que la controversia sea con Uruguay, en lo inmediato todo apunta en el gobierno argentino a “contener” a los asambleístas de Entre Ríos. En la Cancillería advirtieron un síntoma: el gobernador Jorge Busti quiso acompañarlos a una reunión con Jorge Taiana, como había sucedido hasta la semana pasada; los asambleístas dijeron que no, que esperaban que el canciller fuera a su provincia.

La Argentina insiste en moverse en tres frentes: el jurídico (con capital en La Haya), el financiero (reforzado con presentaciones de los cónsules en Nueva York y en Washington, ante Wall Street y la Comisión de Valores de los Estados Unidos sobre “el riesgo de enfrentar cuantiosas pérdidas” si apuestan a las plantas) y el político (librado a eventuales diálogos entre Kirchner y Tabaré Vázquez).

“Están en conflicto”

“Las empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos deben exhibir sus responsabilidades ambientales -dijo a LA NACION el embajador Raúl Estrada Oyuela, miembro del equipo de la Cancillería-. Es importante que sus accionistas sepan que están en conflicto. De ahí que le hayamos dado instrucciones a los cónsules en Nueva York y en Washington [Héctor Timerman y Rodolfo Cerviño, respectivamente] para que se conociera esto. Fue antes de que se divulgara el fallo.”

Ambas presentaciones dicen que una de las compañías, Botnia, enfrenta procesos en los que se le imputa “responsabilidad social y ambiental” por la instalación de una planta de celulosa frente a Gualeguaychú y que, por esa razón, están pendientes créditos de 1200 millones de dólares, trabados por la Corporación Financiera Internacional, órgano del Banco Mundial. El 47 por ciento de sus acciones pertenece a UPM-Kymmene, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Recuerdan que, por las objeciones, el banco holandés ING Group se retiró en marzo del proyecto.

En lo político, Kirchner está abierto al diálogo, afirmaron a LA NACION fuentes gubernamentales, pero espera que sea promovido por Vázquez. O que se produzca en forma espontánea. De ahí la relevancia que quisieron dar algunos funcionarios a los abrazos de ambos presidentes, a comienzos de mes, en Caracas. Relevancia que por sí mismos no tuvieron.

Era inminente entonces el fallo de La Haya, adverso para el interés argentino. Era inminente la reacción cauta del gobierno uruguayo. Y era inminente que los asambleístas de Entre Ríos no iban a contentarse con la designación de Romina Picolotti como secretaria de Ambiente y Desarrollo hasta tanto no vieran resultados del otro lado del río.

Kirchner quiso transmitir con ello un mensaje político, así como cuando dijo, una vez difundido el fallo, que “esto recién empieza”. En el gobierno de Vázquez, ayer bendecido nuevamente por la oposición, interpretaron que se trató de una señal orientada a distender “la situación interna”. En ella reside, en realidad, el quid de la cuestión.