“LA PRIVATIZACIÓN DEL COBRO DE IMPUESTOS ES UN GRAVE ERROR DE BALBARREY”

La Municipalidad puso en marcha a partir del tratamiento del mensaje 47/2004 Ordenanza Nº 11145 el proceso a partir del cual, mediante la modalidad de asociar a “riesgo” a una consultora privada, se privatizará la gestión de los sistemas vinculados a los tributos municipales. La forma elegida para encarar esta peculiar “reforma” del estado municipal, es extrema desde cualquier mirada. Ni en los momentos más encumbrados del menemismo, donde Dromi y Cavallo eran los gurúes indiscutidos del desguace del estado se recurrió a una medida donde se “terceriza” la gestión de cobro de los tributos, medida aplicada en medio de numerosas dificultades sólo en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba y cuyos beneficios para las respectivas finanzas está por verse.

Pero ¿qué es exactamente lo que se va a hacer en el municipio a partir de ahora?

a) Se va a convocar y a seleccionar a un privado a través de la licitación, b) se lo va a “asociar” a una parte sustancial del Estado para el diseño de los registros y la gestión tributaria como si se tratara de un “negocio”, c) se le va a encomendar la gestión de este “negocio” y d) se lo va a coparticipar de las ganancias, es decir los incrementos que se produzcan en los distintos conceptos. Esa es la parte sustancial del proceso, que para ser llevada adelante incorporará tecnología informática para mejorar sus sistemas de información accediendo de esta forma a una idea de “modernización” del sistema administrativo municipal y que es la parte de la propuesta que el oficialismo se esfuerza en mostrar.

Más allá de la doctrina vinculada con el Sector Público que sostiene que la función de tributación es una facultad indelegable del Estado, es un error hablar del sector público como si se estuviera actuando con las reglas y la terminología del mercado; desde el estado municipal debemos hablar de contribuyente, de ciudadano, de beneficiario o usuario de un servicio público. Nunca de cliente, ni de “target”, al que se le va a asignar una u otra estrategia de marketing para maximizar el cobro de los tributos. El estado tiene el derecho y la obligación de cobrar de acuerdo a la legislación vigente persiguiendo la igualdad ante la ley, ni más ni menos. Y el ciudadano tiene el derecho de ser parte de un sistema justo, que cobra lo justo en el tiempo justo, y tiene la obligación de abonar sus obligaciones en tiempo y forma, para, ahí si, exigir la maximización de los servicios que debe prestar el estado.

A través de esta licitación, estamos “asociando” a un privado en una modalidad que ni siquiera es identificable como un servicio porque se trata de una función interna y de organización de la propia administración municipal.

Pero también existen otras cuestiones más para remarcar, que hablan de las particularidades de este intento del Departamento Ejecutivo, que tienen que ver con apelar a una modalidad de contratación en una licitación que no tiene objeto ni precio claramente establecidos. El objeto está, como mínimo, diluido. ¿Se compra o se arrenda equipamiento informático?, ¿Hardware o software? ¿Se adquieren los servicios de una consultoría? ¿Se contrata personal experto para entrenar al personal municipal? Si alguna de estas preguntas tiene respuesta positiva: ¿Cuál es el precio a pagar por esos bienes o por esos servicios? Por eso decimos que tampoco el precio está claro. Cuánto se paga y durante cuánto tiempo es algo que no aparece en el pliego. Para hacernos una idea de precio debemos ponernos a sacar algunas cuentas: los tributos municipales cobrados en cada mes del año 2005 divididos por los tributos municipales cobrados en cada mes del año 2004 y multiplicados por un coeficiente que propondrá la consultora, que podría ser el 15, 20 ó 25 por ciento. Así podríamos llegar a una idea de precio. Pero luego hay que ver que pasa en los años subsiguientes. ¿Los incrementos se calculan año a año, o se mantiene la base 2004 para poder determinarlo? No está claro cual es el precio ni cómo se calcula.

Se dice que el estado agotó su capacidad de gestión tributaria. Y se apela a una medida novedosa: estamos sumando un privado a un “negocio” de la Municipalidad; ¿Cuál es el negocio? ¿Cobrarle a la gente? Hay un concepto subyacente que no comparto y lo considero un enorme error. Tal vez el error más importante que cometa el intendente Balbarrey. Y vuelvo a insistir con estas preguntas y estas consideraciones que les formulamos al Ejecutivo Municipal y al oficialismo en el Concejo cuando se trató el mensaje 47.

Ahora bien: ¿Las cosas deben seguir igual? Claro que no. La Municipalidad debe desarrollar su capacidad de gestión tributaria, con una organización autárquica, con incentivos claros, con profesionalización de sus empleados, con incorporación de informática, pensando en darle al contribuyente un servicio que hoy no se le brinda. Quiero recordar que hay muchos municipios en nuestro país y en nuestra provincia, que han encarado un proceso de reforma, que han mejorado la calidad del servicio público y que no han apelado a una modalidad extrema, de dudosos resultados.

La administración municipal es la consecuencia lógica de años de irresponsabilidad en la designación de agentes, de asignación de funciones poco precisas, de falta de capacitación, de falta de incorporación sistemática de tecnología, de estructuras de control poco confiables y con confusas atribuciones y de ausencias de planes tendiente a recuperar las funciones básicas del estado municipal.

La modernización no es únicamente digitalización. Es también una modalidad de gestión que incluya como prioridades a la transparencia en la gestión de la cosa pública, a la participación ciudadana como forma de legitimar y fortalecer la acción de gobierno, al respeto irrestricto del orden jurídico establecido. Hoy un estado moderno es antes que nada un estado previsible, equilibrado, justo, respetuoso de los ciudadanos y respetado por los ciudadanos.

El desafío es recuperar los años perdidos, acelerando los procesos de reformas que puedan sostenerse en el tiempo, modernizando los servicios indelegables e incorporando a la agenda pública los nuevos temas municipales. Porque más tarde o más temprano, el desarrollo económico y social de la ciudad y su región, la planificación sustentable en el tiempo del territorio, servicios públicos satisfactorios con un respaldo legal sin cuestionamientos, el cuidado del medio ambiente y de los recursos, y el compromiso con las diversas áreas vinculadas al desarrollo humano formarán parte de lo que Santa Fe deberá gestionar eficazmente desde su municipio para asegurarse que no perdió el tren de la historia.

¿Es tan complejo? Seguro que no. Es perfectamente factible dar un vuelco en la gestión, con decisión política y con un adecuado sistema de prioridades encarando la reforma pendiente de cara a los tiempos que corren. Y no únicamente del área tributaria sino del conjunto de la estructura municipal que, obviamente, no funciona ni cerca de cómo debería funcionar.

Y fundamentalmente tener en claro que para que el sistema funcione, cada uno debe cumplir con el rol que le corresponde. El estado debe ocuparse de sus funciones y el mercado de las suyas. De lo contrario seguiremos confundiendo competencias y la brecha con otras ciudades con las que habitualmente nos comparamos seguirá ensanchándose cada vez más.