LA PROVINCIA AÚN NO INFORMÓ SOBRE LOS PEAJES

El Ejecutivo provincial aún no remitió a la legislatura los informes solicitados hace ya cuatro meses por la Cámara de Diputados sobre las concesiones de las rutas santafesinas.

El pedido de informes había sido presentado en marzo pasado por los diputados Juan Carlos Millet y Mónica Tomei (UCR) y aprobado sobre tablas por el cuerpo legislativo.

La información requerida hace 120 días cobra aún mayor importancia en estos momentos en que se abrió el debate sobre la posibilidad de rescindir el contrato de concesión del corredor vial número 9 que integran las rutas provinciales 6 y 70.

A través de los resultados económicos de las concesiones los diputados intentan conocer cómo funciona el sistema y determinar a la vez si las tarifas que pagan los usuarios son adecuadas o si, por el contrario, constituyen un costo adicional para quienes utilizan los distintos corredores viales.

“Hasta ahora el Ejecutivo no ha enviado ninguna documentación sobre los peajes” le dijo a CASTELLANOS el diputado Santiago Mascheroni, que integra el mismo bloque que Millet y Tomei. Si el Ejecutivo finalmente decide remitir la información, lo hará recién después del receso de la Legislatura, que se extenderá hasta los primeros días de agosto.

Según lo establece la ley, los usuarios deben tener un ahorro concreto por el uso de las rutas, tramos o autopistas concesionadas. Esto es, que el beneficio de transitar por esa vía (que es medible en términos económicos) implique un ahorro que sea superior o al menos igual a lo que pagan como tarifa de peaje.

“El objetivo último de haberlas entregado en concesión fue precisamente que las mejoras a introducir en ellas, bajo la forma de obras de infraestructura a realizar por los distintos concesionarios, reduciría los costos propios de circular por caminos en mal estado”, aclararon en el proyecto los legisladores.

Recordaron en esa línea que las normas que regulan el peaje establecen que las tarifas no deben superar el valor económico del servicio ofrecido. “Si así no ocurriera nos encontraríamos con que los usuarios no tendrían un ahorro y que además, incrementarían sus costos y los de toda la actividad económica de la región o la provincia”.

Entre los argumentos del pedido de informes se recuerda que “contra todo lo esperado”, el ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli reconoció en declaraciones realizadas el 26 de julio de 2000 a CASTELLANOS que “nunca se hizo un estudio técnico-económico que fundamentara las tarifas de peaje a cobrar en nuestra provincia”.

“Es evidente que si no se han hecho todavía los estudios técnicos económicos que corresponden, nadie puede saber qué es lo que están pagando los usuarios y lo que es más grave, nadie puede saber por qué lo están pagando, dado que este tipo de estudios y fundamentaciones necesariamente deben hacerse como paso previo a la puesta en vigencia del cobro de las tarifas”, argumentaron los legisladores.

En ese orden advirtieron que si la Provincia no estaba en condiciones de realizar los cálculos, “debió recurrir a los expertos en la materia que se encuentran en nuestras Universidades Nacionales que han desarrollado un nivel verdaderamente de excelencia en la materia”.

En otro párrafo del pedido de informes se menciona que los especialistas alertaron a la opinión pública “sobre el despropósito que significa el peaje como método de financiamiento vial en rutas o tramos de baja densidad de tránsito”.

“Se trata de un peaje aplicado en rutas o tramos cuyo mantenimiento se paga ya con nuestros impuestos y que por lo tanto constituye una situación que merece también la revisión de esta Honorable Cámara de Diputados”, agrega el pedido de informes.

La información demorada

Estos son los puntos del pedido de informes que aún no fue respondido por el Ejecutivo provincial:

Cantidad de kilómetros de cada una de las rutas, tramos y autopistas provinciales entregados en concesión por el Estado provincial.

Nómina de los concesionarios.

Plazo de vigencia de las concesiones.

Detalle de los servicios de cada concesión, con especificación de cantidad de empleados técnicos, administrativos y operarios, situación contractual, personal de seguridad (si pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado o si son servicios privados), etc. Número de cabinas, estructura edilicia, mantenimiento y condiciones de seguridad. Servicio de auxilio, cantidad de unidades de rescate, tiempo en que se realizan los auxilios, etc.

Monto del canon mensual y/o anual que en cada caso pagan a la provincia.

Monto, forma y materialización de los subsidios que percibe cada concesionario, para el caso de que existan.

Valores con respecto a la relación “beneficio del usuario / tarifa de peaje”, para cada una de las concesiones otorgadas.