LA PROVINCIA CUENTA CON UNA LEY DE VIOLENCIA FAMILIAR QUE PRACTICAMENTE NO SE APLICA

Esta nota debiera comenzar con una estadística sobre los casos de violencia familiar atendidos por el Estado provincial. Pero esa estadística no existe, como tampoco se garantiza la adecuada atención de las personas que concurren en busca de ayuda. Consciente de las dificultades que atraviesan las víctimas para encontrar respuestas en el Estado, la diputada provincial del ARI Alicia Gutiérrez elevó pedidos de informes a los ministerios de Educación y Salud, así como a la Secretaría de Promoción Comunitaria para indagar cómo se cumple cada uno de los puntos del reglamento de la ley provincial de violencia familiar. Antes de hacerlo, la legisladora se interiorizó sobre los incumplimientos. “Lo más importante en este momento es conseguir que la provincia cumpla con las leyes que existen, porque hay legislación, pero las mujeres y los varones no saben cuáles son sus derechos y qué es lo que pueden reclamarle al Estado, que no garantiza lo establecido por las leyes”, afirmó la diputada.

A partir de sus averiguaciones, Gutiérrez afirmó que “no existen los equipos interdisciplinarios que debían formarse para el tratamiento de los casos de violencia familiar, tampoco se garantiza la atención de víctimas y los victimarios. Por ejemplo, la ley indica que los agresores pueden ser sancionados con tareas comunitarias, pero eso no se hace”.

La legislación también estipulaba la confección de un registro único de organizaciones e instituciones que trabajan la problemática en el territorio provincial. Esta herramienta es clave para derivar los casos al lugar más idóneo para su atención. Tanto la estadística de casos como el mapa de recursos son dos herramientas importantes, que todavía no se pusieron en práctica.

A raíz de este déficit, la legisladora le pregunta a la Secretaría de Promoción Comunitaria “cuántos organismos públicos y entidades no gubernamentales destinados a brindar asistencia especializada figuran en el Registro Unico dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria”. En el mismo pedido, quiere averiguar si se “realizaron registros estadísticos en el ámbito provincial de los hechos de violencia familiar, y en caso positivo, qué resultados arrojan los mismos”. Otra pregunta para esta área es si “se han creado las redes permanentes contra la violencia familiar, integrada por los delegados de los ministerios competentes, de los gobiernos, municipalidades y comunas, de ONGs dedicadas a la temática y de las universidades nacionales y privadas de la región”, tal como lo establece la legislación.

La ley 11.529 de violencia familiar fue sancionada en noviembre de 1997, y reglamentada por el Poder Ejecutivo en julio de 2001. Pero desde entonces, “es poco lo que se avanzó en su cumplimiento efectivo”, apuntó Gutiérrez.

Como debe preguntar, antes que afirmar su incumplimiento, la diputada dirigió sus cuestionamientos a tres de los ministerios encargados de cumplir la ley. Solicitó a la cartera de Educación que informe si “incorporó en las currículas de cada nivel educativo, a través de los contenidos transversales, los temas referidos a las causas, modos y consecuencias de la violencia familiar, mitos, prejuicios y relaciones equitativas entre los sexos”, tal como lo establece la ley.

Otra pregunta para Educación fue si asesoró “a toda la comunidad educativa sobre los contenidos preventivos de la violencia familiar y los derechos humanos”.

En el caso del ministerio de Salud, le solicitó que explique si brindó “formación especializada en la prevención y atención de la violencia familiar y asistencia a la víctima” a los profesionales que dependen del Ministerio. También quiere saber “cuántos equipos interdisciplinarios se encuentran trabajando para abordar la problemática de la violencia familiar”.

La legisladora también preguntó a Salud “cómo instrumenta la capacitación permanente a los agentes del Estado, a escuelas, centros de salud, seccionales y/o comisarías, para prevenir la violencia familiar y articular mecanismos de derivación a organismos públicos y ONGs, competentes para atender la problemática”.

El pedido de informes más voluminoso está destinado a la Secretaría de Promoción Comunitaria. Gutiérrez también le pide que informe si “se han realizado campañas de difusión masiva sobre la prevención de la violencia familiar, durante el año 2.004”, como lo establece el artículo 8 de la ley.

La diputada provincial pide también que le detallen “cuáles son las acciones previstas para el presente año por la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia”. Conocedora de la poca relevancia de la actuación de esta Dirección, la legisladora presentó otro pedido de informe sobre su funcionamiento. Para dejar al descubierto que no hay acciones previstas, la legisladora también pregunta “cuál es el presupuesto asignado para desarrollarlas”.

Gutiérrez quiere saber “si se han conformado los equipos interdisciplinarios, dependientes del Estado, dedicados a la atención y prevención de la violencia familiar”, y también la “ubicación en la provincia de Santa Fe” de esos equipos.