LA PROVINCIA CUESTIONA A LA GUM POR EL DESALOJO DE LOS PUESTEROS EN ROSARIO

La polémica entre las administraciones de la Provincia y la Municipalidad no se detiene. Esta vez utilizan el caso de los vendedores ambulantes africanos que fueron desalojados por la Guardia Urbana Municipal (GUM), con apoyo policial, el viernes pasado.

Los refugiados –provenientes de Ghana y Liberia – Stephen y Isaac será recibidos a las 11 por el subsecretario de Derechos Humanos, Alfredo Vivono y a las 15 por el gobernador Jorge Obeid.

“En primer lugar queremos tomarle la declaración para presentarle ante el Juzgado de Instrucción y seguir con la causa”, disparó el funcionario provincial.

Además, se solicitará la asistencia psicológica de Isaac –ya que presentó problemas de salud luego de lo sucedido- y evalúan una presentación ante el Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi).

Reunión
El sábado pasado el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto informó que, frente a los hechos de público conocimiento acontecidos en la intersección de las calles Rioja y San Martín de la ciudad de Rosario, donde inmigrantes refugiados originarios de países de Africa fueron desalojados de la vía pública por personal de la GUM, el titular de esa cartera y los representantes de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia, Alfredo Vivono y Fernanda Llobet, se reunieron con los Isaac Cuesi y Stephen Amoakohere a fin de analizar la situación.

En el transcurso del encuentro Rosùa y Vivono les transmitieron a los mismos del gobierno provincial las seguridades del respeto a los Derechos Humanos fundamentales, y se comprometieron a brindar el apoyo necesario frente a las autoridades municipales para la regularización de sus permisos, y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, procurando la normalización de la residencia de estos refugiados afectados. Acompañaron a los citados Guillermo Alberto Rodriguez, Hernán Jesus Lazarin y Mario Jesus Sozzarin en su carácter de representantes y delegados de vendedores ambulantes de la ciudad.

Finalmente y como consecuencia de la reunión se dispuso igualmente: ordenar que la Dirección de Asuntos Internos investigue la actuación policial en oportunidad de los acontecimientos citados. Especialmente deberá investigarse si se procedió en base a alguna disposición judicial; en su caso contenido y alcance de la misma.

También se resolvió disponer que los servicios adicionales contratados por terceros, en este caso la Municipalidad de Rosario, sean efectivamente controlados por un oficial superior con la finalidad de asegurar el ejercicio de la accionar policial en los límites de legalidad propio del estado de derecho.

En tercer lugar, frente a cualquier pedido de colaboración policial de otra autoridad, la Jefatura de Policía deberá analizar la legalidad de la acción a apoyar, normas en que se funda y en su caso, tribunal o juez interviniente.

Finalmente, reiterar que la Policía no debe hacer uso de la fuerza pública sino con moderación y respeto por derechos fundamentales tales como los que protegen y amparan a todos los habitantes de la República frente a cualquier discriminación de cualquier tipo y especialmente las fundadas en razones de raza, color de piel o creencias religiosas.