LA PROVINCIA DEBE 8 MILLONES DE PESOS A LA EMPRESA AGUAS PROVINCIALES

La empresa Aguas Provinciales de Santa Fe reclamó ayer ante el gobierno provincial una deuda millonaria en concepto de servicios sanitarios prestados a las dependencias oficiales. La compañía, que dejará de prestar servicios en Santa Fe a partir de octubre, solicitó entre 8 y 10 millones de pesos por boletas que permanecen impagas.

Aguas Provinciales realizó la presentación mediante una nota enviada al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Santa Fe, que encabeza Alberto Hammerly. La firma de capitales franceses pretende cobrar la prestación de aguas y cloacas a los edificios públicos de los 10 años que pasaron desde el inicio de la concesión en la provincia.

Por su parte, el gobierno expresó en otras oportunidades que el pago de esas boletas podía cargarse en una discusión de deudas y acreencias con la compañía por las multas, como se hizo en una renegociación del contrato a fines de los años 90.

No obstante, fuentes consultadas por La Capital insistieron en que Aguas Provinciales no pretende incluir esta cuestión en una compensación “porque se trata específicamente del pago de un servicio prestado”.

Según pudo saber este diario, aún no hubo tratativas entre las partes sobre el modo de abonar la prestación adeudada.

Y también se supo que la nota enviada por Aguas Provinciales forma parte de “las comunicaciones de rutina” que lleva adelante la empresa.

El grupo Suez dejará la concesión el 25 de noviembre próximo. A mediados del mes pasado, el directorio de la compañía comunicó su determinación de no realizar la venta de sus acciones tal cual estaba proyectada, debido a la decisión del gobierno de Jorge Obeid de hacer efectiva la ejecución de las garantías del contrato.

Eso implica ni más ni menos que la devolución de la concesión a la provincia, que ahora deberá buscar un nuevo operador que brinde el servicio.

En el plano jurídico, mientras los inversores franceses aseguran que cabe la rescisión contractual unilateral por culpa del concedente (y no han dado un solo paso atrás en el tribunal arbitral Ciadi, con un reclamo por 310 millones de dólares), el gobierno provincial interpreta que no corresponde esa presentación y que la compañía caerá en el abandono del servicio si efectivamente se retira en noviembre.

En medio de ese panorama, la provincia no ha aceptado todavía responder a las exigencias de Aguas sobre qué organismo oficial o responsable se hará cargo de tomar la empresa en noviembre próximo.

ROSATTI, EL DEFENSOR

El ex ministro de Justicia de la Nación, el santafesino ex intendente de la capital provincial Horacio Rosatti, será el encargado de defender a la provincia en la tramitación del juicio que Aguas Provinciales sigue ante el Ciadi.

Ya en su gestión como ministro de Justicia, y aun antes, cuando se desempeñó al frente de la Procuradoría General del Tesoro, Rosatti llevó adelante la defensa del Estado argentino ante el Ciadi, donde el país acumuló demandas de las empresas prestadoras de servicios públicos privatizados por hasta 17 mil millones de dólares.