LA PROVINCIA DESOYE LA ORDEN DE ASISTIR A FAMILIAS INDIGENTES

Laura Fernández, madre de una nena de 19 meses que se encuentra internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela por complicaciones derivadas de un cuadro de desnutrición, reiteró ayer su pedido a la Secretaría de Promoción Comunitaria provincial para que provea alimentos a su familia y otras catorce más en condiciones de extrema pobreza, tal como ordenó el juez Jorge Scavone el 25 de noviembre pasado. La mujer se quejó porque el delegado local de esa repartición, Daniel Bonis, “parece que no está enterado” de la decisión del magistrado y recordó que su reclamo data del 16 de abril último, cuando le entregó al funcionario una nota sobre la delicada situación que atraviesa.

Por su parte, el abogado Norberto Olivares, que acompaña el reclamo de estas familias, adelantó que en caso de que no se concrete la ayuda realizará una denuncia penal “contra los funcionarios políticos que correspondan, en primer lugar el gobernador (Carlos Reutemann), porque es el responsable directo, y en segundo lugar los funcionarios de la secretaría”, a quienes acusará de “abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Laura Fernández y su pareja viven en barrio Travesía, están desocupados y son padres de cinco hijos. La menor de ellos, Carolina Fernández, tiene 19 meses y, producto de las bajas defensas, se encuentra internada en el Vilela con un cuadro de diarrea y varicela. Desde hace meses se le ha recetado una dieta especial para que supere el cuadro de desnutrición, pero sus padres, que sólo son beneficiarios de los planes Jefas y Jefes de Hogar, no pueden comprarle los alimentos necesarios ni a ella ni al resto de sus hermanitos, de ocho, siete, cinco y tres años.

Ante la desesperante situación que viven, y que se agrava más aún cuando la debilidad de Carolina obliga a su internación, llevaron el caso a la Justicia, junto a otras familias en similares condiciones, lo que derivó en una convocatoria del juez Scavone a las autoridades provinciales.

Así, el 25 de noviembre pasado, el magistrado realizó una audiencia conciliatoria de la que participaron Olivares y su colega Silvia Medina, quien representó a la provincia. Como corolario del encuentro se redactó un acta acuerdo en la que se ordenó al Ejecutivo santafesino que inscriba a la familia de Carolina y a otras 14 más en un programa de asistencia social y que en un plazo no mayor a 10 días les brinde alimentos.

Hasta el momento no hubo una respuesta oficial y la mamá de Carolina está cada vez más angustiada. “Mi nena está internada desde el miércoles y hasta que no recupere el peso no le van a dar el alta. Pero cuando salga va a volver a tener problemas, porque ella necesita una dieta especial y yo no se la puedo dar”, se lamentó la joven madre. Y, como si no fueran suficientes contratiempos, señaló que a su hija “tampoco tiene pañales, salvo los que le dan las enfermeras, que no le alcanzan porque está con diarrea”.

Ayer, Laura Fernández se encontraba en la puerta del Vilela. Más allá de la solidaridad y el asesoramiento legal recibido, parecía desamparada y a merced de su suerte. “Parece que ese señor no está enterado de lo que nos pasa”, atinó a decir, mientras exhibía una hoja con la dieta recetada a Carolina.