LA PROVINCIA LE DICE "NO" A LA MUNICIPALIZACIÓN

Aguas se va de Santa Fe pero el problema de fondo sigue sin resolverse: dónde conseguir los fondos para realizar las obras sanitarias en la provincia.

Es que independientemente de cómo se pilotee la transición y la forma en que se resuelva la futura prestación del servicio, el financiamiento es el principal escollo a resolver. Y la inversión es importante: sólo en Rosario se necesitan 90 millones de pesos para la construcción de cloacas y otros 20 millones para obras de mantenimiento, acueductos y ampliación de la planta potabilizadora.

“La única posibilidad que existe es que la provincia –por su capacidad de conseguir créditos gracias a su solvencia financiera– busque financiamiento, tanto nacional como exterior, para realizar las obras”, disparó el ministro de Asuntos Hídricos, Alberto Joaquín.

Esa postura también abona la posibilidad de que la Casa Gris, una vez terminado el período de transición, no se incline por municipalizar o descentralizar el servicio, como pide la Intendencia de Rosario.

Joaquín lo dice sin vueltas: “Yo no creo que los municipios tengan los fondos propios o estén en condiciones conseguir del exterior los recursos necesarios para encarar las obras, cómo si lo puede hacer Santa Fe que tiene una calificación de riesgo óptima para acceder a inversores”. Para el alto funcionario, “como es muy poco probable que, al menos en una situación de conflicto como la actual, alguna empresa privada quiera invertir en una concesión de estas características, la única alternativa es la inversión provincial, con algún recurso extra que venga de la Nación”.

En rigor, el propio intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, señaló anteayer que, de concretarse la regionalización del servicio, “además de la eficiente administración de la empresa y algún aporte municipal, el grueso de los fondos debería provenir de la provincia y la Nación”.

Pese a la coincidencia en la lectura, parece poco probable que la provincia justicialista le ceda fondos al municipio socialista. “El que se haga cargo de la prestación del servicio deberá buscar el financiamiento”, resaltó Joaquín, aunque aclaró rápidamente que “la provincia no sólo va a invertir en Rosario, sino que ya lo está haciendo”. En ese sentido, el ministro remarcó que “el mes que viene se licitarán obras en Rafaela y en el corto plazo será el turno en Rosario y Santa Fe”, y aseguró que “con esas obras concluidas se garantizará el suministro de agua potable en verano”.

No obstante, Joaquín se encarga de dejar la puerta abierta a todas las posibilidades y resalta que durante el período de transición se puede dialogar y analizar todas las alterativas. “Nada está descartado”, dice.
A la hora de la búsqueda de los recursos, el funcionario resaltó que sigue vigente el proyecto del Ministerio de Obras Públicas de armar fideicomisos que junten dinero de distintas canillas –como aportes provinciales, municipales, de cooperativas y hasta de privados, como bancos que quieran hacer negocios– para financiar las obras puntuales.

“El caso de Rafaela es un ejemplo del proyecto”, dijo Joaquín, que aclaró que, como se trata de inversiones millonarias, “la idea es buscar financiamiento de organismos multilaterales extranjeros”. Si bien todavía no se empezaron gestiones, aseguró que “entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrecen líneas de financiamiento a tasas accesibles para obras destinadas a mejorar la calidad de vida y la salud ”.

Y, en ese marco, la salida del default y la estabilidad financiera provincial pueden contribuir a que las gestiones por esos créditos llegue sea favorable.

VEINTE MILLONES EN OBRAS
El director municipal de Hidráulica, Hugo Orsolini, insistió ayer con que Rosario necesita una inversión inmediata para realizar las obras no realizadas por Aguas Provinciales si se quieren evitar problemas en el servicio durante el verano, cuando aumenta la demanda.

El martes, el intendente Miguel Lifschtiz ya había alertado sobre los serios inconvenientes que se presentarían en la próxima temporada estival y ayer Orsolini explicó que el problema urgente a resolver es “la construcción de un acueducto para llevar agua a los barrios y la ampliación de la planta potabilizadora”. El costo de esas obras, según el municipio, rondaría los 20 millones de pesos.

Para el Enress, el Estado ganará en la Justicia

El Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) sostiene que, en caso de que la salida de Aguas se termina dirimiendo en la Justicia, la provincia está mejor parada para defenderse que la concesionaria para reclamar. “Es más fuerte la posición de concedente (el Estado) que de los concesionarios (la empresa), así que si el conflicto se judicializa, el gobierno tiene muchos más argumentos que Aguas”, resaltó José Luis Kertz, directivo del Enress.

“A través de los 10 años que duró la concesión, el gobierno provincial mostró una fuerte actitud de control y de reclamo del cumplimiento del contrato, por lo que Aguas no tiene argumentos para atacar”, insistió. En cuanto a los incumplimiento de metas pautadas por parte de la concesionaria, sobre todo en materia de obra de fondo, que fueron avalados por la Legislatura, el Enress sostiene que “esas dispensas quedaron sin efecto a partir del decreto oficial firmado el año pasado que reinstaló plenamente todas las obligaciones del contrato”.

Si la salida de Aguas termina en una disputa judicial todavía es una incógnita. Por un lado, la empresa resaltó que quiere una retirada ordenada, pero no hay precisiones sobre el significado de esa frase.