LA PROVINCIA RATIFICÓ LA SUSPENSIÓN DEL CONTROL CON RADARES EN LAS RUTAS

El asesor en el área de Seguridad de la Subsecretaría de Transporte de la provincia, Jerónimo Bonavera, precisó a La Capital que la medida cautelar dispuesta por el juez en lo civil y comercial Federico Longobardi -anulando la suspensión del uso de radares para el control de la velocidad vehicular en rutas de todo el territorio santafesino- de ninguna manera significa que quede sin efecto la disposición 88 del organismo estatal estableciendo plenamente su prohibición.

Cabe recordar que casi sobre el fin del año pasado se conoció una resolución del magistrado de Melincué dictando una medida cautelar anulando la suspensión de los radares en la provincia, dejando abierta la posibilidad a que los gobiernos municipales o comunales pudieran volver a utilizar esta tecnología dejada sin efecto desde abril de 2004.

“La medida judicial fue tomada ante la presentación de una empresa particular que actúa como licenciataria a través de una facultad que tienen los gobiernos locales para el contrato de terceros en la aplicación del sistema de radares para controlar la velocidad en las rutas que atraviesan esos distritos, pero de ninguna manera puede estar por encima del poder que sobre la materia tiene el Estado provincial”, explicó el funcionario.

Bonavera fue tajante al señalar que sigue plenamente vigente la resolución 88 dejando en suspenso ese sistema y que en estos momentos la cuestión cautelar está siendo analizada por la Fiscalía de Estado, razón por la cual no se puede pensar de ninguna manera que la medida ha sido levantada.

Señaló que de todas formas los municipios y comunas pueden utilizar para estos controles otras medidas alternativas -como pianitos, lomos de burro, etc.- y anticipó a este diario que ya se encuentra concluida la reglamentación de la ley 12.217 sobre la materia, que también está en manos de fiscalía para su consideración final.

La falta de reglamentación de la mencionada ley -como ocurren con tantas otras que impide su aplicación en la provincia- generó una movida en el ámbito legislativo, donde un importante número de diputados clamó para que el Poder Ejecutivo reglamente finalmente la norma, situación que provoca un vacío legal que a su vez derivó en presentaciones como la de Melincué o quejas de los jefes comunales por una medida que comenzó siendo preventiva en abril y que se extendió sin fin.

Cabe señalar que a la resolución 88 de la Subsecretaría de Transporte se opusieron con dureza los intendentes y presidentes comunales que entendieron que no debían suspenderse los radares como herramienta preventiva porque en los meses durante los cuales no se aplicaron multas el número de infracciones se incrementó en un 21 por ciento.

Según señalaron oportunamente los jefes de gobiernos locales, la falta de control incentivó las acciones transgresoras de muchos conductores, aumentando así la posibilidad de pérdidas de bienes y vidas.

En ese sentido, los titulares de municipios y comunas hicieron distintas propuestas al titular de Transporte en torno a los elementos más conflictivos sobre el tema, como el de las notificaciones, el valor de las multas o el cobro de la primera infracción, pero no se llegó a ningún acuerdo.

En resumen, para la provincia la resolución suspendiendo la utilización de los radares para controlar la velocidad en las rutas que atraviesan los distintos distritos continua plenamente vigente a pesar del fallo de Longobardi, mientras está en manos de la Fiscalía de Estado para una decisión definitiva.