LA PROVINCIA TIENE NUEVO PROYECTO PARA REGULAR LA SEGURIDAD PRIVADA

El aluvión de trabajadores que se desempeñan en agencias de seguridad privada (del que dio cuenta La Capital en su edición de ayer) ya generó repercusiones en las más altas esferas del gobierno provincial. El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, anunció que en un mes, el Ejecutivo enviará a la Legislatura un nuevo proyecto de ley que regulará la actividad de las empresas de vigilancia en operación en el territorio santafesino. La iniciativa impone que, quienes no cuenten con un título habilitante otorgado por el Instituto de Seguridad santafesino, no podrán formar parte de las compañías de seguridad privada. También se prohíbe la contratación de ex policías que participaron de la represión ilegal. El nuevo borrador toma los principales conceptos de un antiguo proyecto que fue remitido por el propio Rosúa, durante la primera gestión de Obeid.

En su edición de ayer, La Capital dio cuenta del acelerado incremento que protagonizaron los servicios de vigilancia privada. Según datos oficiales, del 2003 al 2005 el número de empresas en funcionamiento creció de 75 a 92. Y los vigiladores pasaron de 1.800 a 4.291, en los últimos cuatro años, casi opacando a los 4.370 efectivos de la Policía santafesina.

Un fenómeno que no fue acompañado ni por un correcto marco regulatorio -los mismos funcionarios de la provincia reconocen que las normas actuales han quedado desactualizadas- ni por la estructura y personal de los organismos encargados de fiscalizar a estas agencias, que para Rosario suma sólo seis empleados.

Así, dentro del rubro reconocen que los niveles de informalidad son altísimos y calculan que por cada 10 vigiladores registrados, existen por lo menos dos trabajando en negro.

Ante este cuadro de situación, Rosúa consideró “necesario” crear una instancia superadora a la resolución ministerial que encuadre la actividad de los vigiladores y prometió que en un mes, será remitido el nuevo proyecto de ley a la Legislatura con nuevos requisitos para la regulación de la actividad. En cuanto al aluvión de empresas de seguridad privada de los últimos tres años, el ministro advirtió que han desembarcado compañías de capitales internacionales “no sólo en Buenos Aires, sino también aquí en Rosario”.

En cuanto a la laxitud de los controles que debe ejercer el Estado en esta actividad privada, Rosúa aclaró que si bien “en la actualidad se está controlando mejor a las agencias”, reconoció que “no existe certeza de la cantidad de trabajo en negro”.

En este sentido, Rosúa recibió instrucciones del gobernador Obeid para que se ataque el problema en conjunto con la Confederación General del Trabajo y el Ministerio de Trabajo de la Nación “para ir combatiéndolo por todos los frentes”.

“Creemos que hace falta una nueva ley de seguridad privada que supere la resolución del ministerio de gobierno. Por eso la subsecretaría de seguridad pública está reelaborando el antiguo proyecto”, anticipó Rosúa.

En el nuevo borrador se incluirá la prohibición para integrar las agencias de seguridad privada a aquellos ex uniformados “que pasaron por los organismos represivos de la dictadura”.

En paralelo, está listo el decreto reglamentario que crea el Instituto de Seguridad santafesino (que aglutinará a los actuales institutos como la escuela de cadetes y la de instrucción), para que “luego de una transición de unos tres años, los aspirantes a trabajar en la seguridad privada deberán contar en forma obligatoria con el título habilitante cedido por el Instituto provincial”.

Esta entidad estará capacitada para ofrecer carreras en seguridad, licenciaturas y tecnicaturas.

Observar a quienes controlan
La preocupación por cubrir los baches legislativos parece no ser exclusiva del Ejecutivo santafesino. Con la intención de profundizar los controles sobre la actividad de las empresas de vigilancia, el Foro Regional de Seguridad Privada propuso que se cree un registro municipal de las firmas que ofrecen este servicio. Cabe recordar que en los últimos años, estas agencias se incrementaron notablemente, y ya cuentan con 4.291 trabajadores registrados, un número similar a la cantidad de agentes de policía que custodian la ciudad.

“La seguridad privada es una actividad auxiliar de la función de seguridad pública y está compuesta por una cantidad de prestadores, individuales y organizacionales que brindan servicios dentro del ejido municipal, motivo por el cual el municipio no puede estar ajeno a la regulación y el control de este servicio”, advirtió el presidente del Foro, José Luis Giacometti.

La entidad se presentó formalmente a principios de mes y está integrada por la sección Argentina de la Asociación Internacional de Policía, la Cámara Santafesina de Seguridad Privada, el Club Policial de Rosario, el Sindicato de Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra, y otras firmas del rubro).

“Esta gente no está bajo control, maneja información del lugar que vigila, pero nadie sabe quiénes son, ni si tienen antecedentes prontuariales”, advierte el delegado de Upsra, Carlos Mazzei.

Por eso, para los integrantes del Foro, es “imprescindible” que los rosarinos al decidir contratar un servicio de vigilancia “lo hagan con la confianza de que la autoridad ha examinado rigurosamente a la empresa o persona que autorizó a funcionar, como así mismo, acreditar que el personal que se desempeña como vigilador privado, custodia, o patovica posea aptitud, habilidad y conocimientos para desempeñar su tarea”.

Por esto, desde el organismo se piensa que la creación de un registro municipal de estas empresas permitirá incrementar y complementar los controles que realiza la provincia. Allí deberían anotarse las empresas, los datos de sus titulares, el personal contratado, y los objetivos existentes, es decir, los lugares que se encuentran bajo custodia.

Estos datos son los mismos que exige la Dirección Provincial de Autorización, Registro y Control de Agencias Privadas de Seguridad e Informaciones Particulares para habilitar a las empresas que ofrecen servicios de vigilancia. Pero, para el presidente del Foro, es “imprescindible” que esta información esté también en manos del municipio.

“A la provincia se le hace imposible fiscalizar la gran cantidad de lugares que cuentan con vigilancia privada -advierte el comisario retirado- en cambio la Municipalidad está recorriendo mucho más a diario estos sitios con todos sus inspectores y es sería más fácil producir controles”.