LA RED DE ABOGADOS DE DERECHOS HUMANOS RESPALDÓ RECLAMOS LOCALES

Los abogados se reunieron en la Casa del Foro, en el marco de un encuentro nacional.

Coincidieron en reclamar “una política sincera en materia de derechos humanos”.

Profesionales integrantes de la Red de Abogados de Derechos Humanos de distintos puntos del país respaldaron la gestión del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos de Rosario y el reclamo porque todos los Tribunales de alzada apliquen la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de impunidad. La expresión de los abogados y organizaciones de derechos humanos se hizo en la Casa del Foro, en el marco de un encuentro nacional de abogados y cuando la Justicia Federal ya detuvo a varios de los imputados en las causas que por terrorismo de Estado se siguen en el juzgado Federal Nº 4 de Omar Digerónimo. Los represores detenidos -once en total- han cuestionado la constitucionalidad y validez de la ley por lo que “se espera que si hay hechos que llegan a la Cámara Federal se aplique la nulidad tal como lo hizo el juzgado de primera instancia” dijo Matilde Bruera.

La abogada Mirta Mántaras de la ciudad de Buenos Aires denunció también que existe “una fuerte pulseada política” por parte de quienes pretenden que las causas por violación a los derechos humanos tienen “un objeto procesal agotado” y ubicó en esa intención el reclamo de la Cámara de Casación Penal nacional, cuyas decisiones sientan jurisprudencia en todo el país, y que pidió la remisión de todas las causas de la Escuela de Mecánica de la Armada.

La red de abogados decidió reunirse en Rosario para apoyar el proceso que se da en el marco de las causas por terrorismo de Estado cuando se hacen efectivas las consecuencias penales de los juicios y ya se produjo la detención de represores.

Tanto Matilde Bruera del EJDH de Rosario como los abogados de otros puntos del país, entre ellos Mirta Mántaras de la ciudad de Buenos Aires, Alcira Ríos de Abuelas de Plaza de Mayo, Marta Vedio y Oscar Rodríguez de la APDH La Plata, David Leiva de Salta y Alicia Chalabe de Jujuy coincidieron en reclamar desde el Estado “una política sincera en materia de derechos humanos”. La organización HIJOS, la APDH, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Rosario y del Concejo Municipal, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales se reunieron para respaldar el trabajo del EJDH.

La coincidencia se planteó para reclamar del Estado una política de derechos humanos que sea sincera “que no sea sólo de discursos sino de hechos”, se dijo y se reclamó de todos los tribunales “la aplicación de la ley 25779 que declaró la nulidad de las leyes de impunidad”. Bruera dijo que también se reclama de la Justicia “un juicio justo que termine en la condena de aquéllos en relación con quienes se pruebe la participación en la represión “.

Como se recordará en octubre del año pasado el juez Digerónimo decidió la aplicación de la ley 25.779. Varios de los ahora detenidos por orden del magistrado-imputados de delitos que tiene que ver con la violación de los derechos humanos en el marco de las causas por las que se investigan las desapariciones y muertes ocurridas en la conocida como Quinta de Funes y en la que registra los hechos ocurridos en la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu- cuestionan la aplicación y constitucionalidad de esa ley y ya introdujeron recursos con diferentes planteos.

Desde el EJDH se dice que esos planteos y cuestionamientos jurídicos “fueron contestados y descalificados” y si los hechos llegan a la instancia de la Cámara Federal de Apelaciones se espera que “exista consecuencia en cuanto a mantener la aplicación de la 25.779 y seguir juzgando a quienes se está imputando”. El viernes tanto los profesionales de la red como las organizaciones presentes plantearon que los Tribunales de alzada deben mantener la misma decisión que declaró la nulidad de las leyes de impunidad y la imputación y el juicio contra los represores que actualmente están detenidos.