LA REFORMA CONSTITUCIONAL YA TIENE ESTADO PARLAMENTARIO

Antes de lo previsto, acaso por la decisión del intendente Miguel Lifschitz de dar nuevo impulso a la idea del plebiscito, el Ejecutivo provincial envió ayer a la Legislatura el proyecto de declaración de la necesidad de la reforma constitucional que fija como principal objetivo, pero no el único, la instauración del régimen de autonomía municipal, justamente el reclamo del intendente de Rosario. “Esta reforma cumple con una promesa electoral de Obeid y su sentido es otorgarle autonomía municipal plena a todos los municipios de la provincia y no sólo a Rosario, en el menor tiempo posible”, explicó ayer el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, vocero de una reunión de gabinete que se realizó en la ex Jefatura de Policía. El titular de la cartera política fue el encargado de explicar el proyecto de reforma que le otorga a Rosario y el resto de los municipios la capacidad de dictar sus propias cartas orgánicas, recaudar nuevos impuestos y aumentar sus recursos; que otorga rango constitucional al Consejo de la Magistratura, crea la Fiscalía Provincial de Investigaciones Administrativas, y le da autarquía a la Defensoría del Pueblo para que pueda actuar libre de toda presión en la defensa de los derechos sociales, entre otras cuestiones.

Según aseveró Rosúa, el bloque completo del justicialismo –esto es reutemistas y obeidistas– le dará apoyo a la iniciativa del gobernador, ingresada a través de la Cámara de Diputados, “aunque pueda haber disidencias en algún tema puntual”. El dato no es menor ya que la iniciativa necesita de la voluntad de los dos tercios del cuerpo para convertirse en ley. Si es cierto que los 28 diputados provinciales justicialistas votarán a favor de la convocatoria a la Convención Constituyente y se tiene en cuenta el particular interés del socialismo, la principal fuerza de oposición, por la autonomía municipal, el proyecto debería salir. Claro, se sabe que en política no siempre dos más dos es cuatro.

“El justicialismo sin ninguna duda apoyará esta reforma en la Cámara de Diputados. Puede que discutamos algún artículo, que algún diputado puede hacer alguna observación, pero el sentido de la reforma, que es darle autonomía a todos los municipios de la provincia, cuenta con el apoyo del justicialismo”, enfatizó Rosúa.

De aprobarse la iniciativa de Obeid tal como está planteada, no se hará más que cumplir con la exigencia del artículo 123 de la Constitución nacional que fija la autonomía para los municipios y deja librado a cada provincia la posibilidad de establecer los alcances de la misma. Si el proyecto oficialista se aprobara tal como fue enviado ayer a la Legislatura, la Constitución provincial de Santa Fe consagraría una autonomía plena para Rosario y el resto de las ciudades, es decir no sólo política sino también económica, financiera e institucional.
“Entendemos por autonomía plena, según la doctrina constitucional más común, aquella que da autonomía no sólo de carácter político sino la que consagra para los municipios el derecho de dictar sus propias cartas orgánicas y establecer de qué modo se elige al intendente y a los concejales, y cualquier otra cuestión que haga a la elección. Claro que la Carta Orgánica, según especificamos en el proyecto de reforma, debe conservar un sistema democrático, representativo y republicano. Quiero decir, no se puede establecer una monarquía en Rosario”, explicó el titular de la cartera de Gobierno.

La propuesta oficial sugiere conservar la forma de gobierno, es decir los cargos de intendentes y concejales, pero podrán ser electos “del modo y por el tiempo que cada ciudad decida”, agregó Rosúa.

Además, cada municipio podrá crear nuevas cargas impositivas o modificar las existentes, siempre y cuando no se superpongan con tributos nacionales y provinciales y respete toda la normativa vigente en la materia.

“Los recursos –amplió Rosúa– deben estar en función de los servicios que presta el municipio. A más servicios, más recursos. Cada municipio deberá fijarse una política de oferta de servicios y de recaudación acorde. Así como podrán también fijar las alícuotas a cobrar por el impuesto a la patente automotor. Algunos opinan que esto es una anarquía. No señores, yo les respondo que esto es la autonomía”.

Otros temas

En cuando a la jerarquización del Consejo de la Magistratura, para otorgarle rango constitucional, Rosúa se manifestó muy satisfecho. “En la actualidad la designación de magistrados provinciales y jueces comunales es por decreto y el Poder Ejecutivo tiene dos representantes en el Consejo de la Magistratura. El nuevo proyecto propone reducirlo a uno solo y que el otro sea designado por votación popular”, explicó.
Además, la terna de nombres que proponga el Consejo, que actualmente no impedía al gobernador nombrar a otro por fuera, será vinculante. “El gobernador deberá elegir de la terna de aspirantes a jueces que surja de los concursos de oposición y antecedentes realizados por el Consejo, lo que limitará cualquier discrecionalidad”, afirmó el ministro de Gobierno.
Otro organismo que se jerarquizaría para defender los principios democráticos y aumentar las garantías civiles y constitucionales será la Defensoría del Pueblo.

“La Defensoría del Pueblo lucha contra la discriminación, la violencia de los organismos públicos, los ataques a la seguridad pública y la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto no puede depender de ningún poder del Estado ni puede recibir órdenes de ningún funcionario. Se transformará en una entidad autárquica, libre, y se le otorga la facultad de poder comparecer y representar a terceros ante la Justicia, con lo cual dejaría de emitir meros dictámenes para lograr acciones judiciales concretas”, argumentó Rosúa.

Además, el proyecto de ley define que los congresales a la Asamblea Constituyente que tendrán como misión debatir y reformar la Carta Magna provincial no serían elegidos por ley de lemas –un reclamo cada vez más extendido en la sociedad civil y la oposición política al justicialismo– sino por el sistema proporcional D’ Hont.

La coparticipación se mira y no se toca

“Si el intendente Lifschitz anda necesitando plata que se la pida a algún familiar. Nosotros no tenemos la culpa”, expresó el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, asumiendo el rol de vocero del gobernador y dejando en claro que podrá haber autonomía municipal y voluntad de escuchar los reclamos de la Intendencia en esa materia, pero que de ahí a abrirle la puerta al pedido de aumento de la coparticipación hay un largo camino.

“El proyecto de reforma constitucional no establece una modificación a la coparticipación. En todo caso, esa modificación tiene que surgir de una negociación entre los municipios y el poder político provincial. Igual en este tema hay que ser muy racional, la provincia tiene un marco regulatorio firmado en convenio con la Nación que establece entre otras pautas los montos y formas en que se coparticipan los impuestos nacionales y la provincia no puede repetir ninguna figura impositiva de carácter nacional. Del mismo modo, obliga a la provincia a hacer cumplir las mismas restricciones a los municipios de modo que tanto la coparticipación nacional como provincial cuentan con marcos regulatorios muy rígidos. Esto no obsta que la negociación provincia-municipios pueda hacer variar montos o alícuotas de impuestos, pero hay que ir despacio”, advirtió el titular de la cartera política provincial.

Al mismo tiempo, recordó que la autonomía plena le dará al municipio de Rosario, como al resto, la posibilidad de que ejecute deudas de morosos de patentes y otros gravámenes de manera que “podrá mejorar y aumentar la recaudación”.