LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

La Cámara de Diputados ratificó su decisión y el compromiso de avanzar rápidamente en la discusión del nuevo Código Procesal Penal para la provincia. Sus representantes dejarán expresada la propuesta el martes venidero ante la comisión que discute el tema en el marco del plan Estratégico para la Justicia. Los legisladores ahora pretenden conocer la decisión de los senadores y de los otros dos poderes con respecto a la cuestión. “Votar el nuevo Código es fácil, lo difícil es ponerlo en funcionamiento. Para ello se requiere saber si hay voluntad del Poder Ejecutivo en otorgar presupuesto y de la Corte, de aplicarlo”, coincidieron en señalar dos jefes de bloque al retirarse de la oficina del presidente de la Cámara, Edmundo Barrera.

Una breve reunión de los presidentes de bloques, realizada ayer a media tarde, sirvió para ratificar una postura que se había deslizado el jueves pasado en la comisión de Labor Parlamentaria, a pocas horas de conocerse el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cuestionó severamente el procedimiento penal santafesino en el caso Fraticelli.

“Hay coincidencia de todos los sectores en la necesidad de modificar la legislación procesal penal”, dijo Barrera a El Litoral. Enseguida recordó que el cuerpo se viene expresando sobre el asunto no sólo en proyectos individuales, sino institucionalmente, ya que había organizado dos jornadas de debates sobre el tema. Además, el Poder Legislativo se sumó a la discusión en el marco del plan Estratégico, junto al Ejecutivo y al Legislativo.

“El fallo de la Corte de la Nación vino a terminar de madurar la necesidad imperiosa de reforma, que habíamos expresado institucionalmente. La reunión ratificó la necesidad de acelerar el proceso de reforma sin que afecte la participación de los colegios, facultades. La noticia que nos suministran los legisladores que están participando en esas comisiones especiales es buena porque se está trabajando sobre la base del proyecto que tiene estado parlamentario en el cuerpo”, acotó con referencia a la iniciativa firmada por Danilo Kilibarda (PJ) y Santiago Mascheroni (UCR).

Precisamente, ambos legisladores fueron activos partícipes de la Parlamentaria exponiendo los lineamientos principales de la iniciativa que hasta tiene un proyecto de despacho con actualizaciones jurisprudenciales, presentado por los mismos autores.

“Sin perjuicio de lo que ocurra en la comisión del Plan Estratégico, la decisión de la Parlamentaria de Diputados es profundizar, en nuestro propio ámbito, los proyectos en estudio”, tarea que se dejará en manos de la comisión de Asuntos Constitucionales. El grupo que preside Mario Esquivel (PJ) baraja varias posibilidades para discutir el asunto; no se descarta la convocatoria a reuniones fuera de las habituales de miércoles y jueves.

Acortar plazos
Para Barrera, el plazo de 180 días que tienen las comisiones del Plan es muy extenso. “En este tema específico, es un plazo excesivo. Todos compartimos la necesidad de acelerar los estudios de análisis para acortar al máximo ese plazo”.

El martes, cuando se reúna la comisión que coordinan Julio de Olazábal y Angel Baltuzzi, la posición de los diputados será la de acelerar el proceso, buscando consensuar las reformas. “Pero también van a expresar la necesidad de establecer algunas previsiones presupuestarias que implican la reforma al proceso penal”, aclaró Barrera.

La Corte madura una decisión
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia dedicaron buena parte del acuerdo de ayer a definir los términos que tendrá la acordada con las nuevas instrucciones al fuero penal para evitar que se repitan los problemas observados por la Corte nacional en el caso Fraticelli.

“El miércoles próximo habrá una acordada”, dijo un vocero del cuerpo a El Litoral a poco de haber finalizado la reunión semanal en la planta alta del Palacio de Tribunales.

La acordada distribuirá las nuevas competencias para las cámaras penales y para los jueces correccionales a los efectos de que no intervengan más en dos ocasiones en la misma causa, para evitar el prejuzgamiento. El análisis de la Corte pasa por disponer una serie de medidas de coyuntura y urgencia para no paralizar el sistema de Justicia penal en la provincia.

El pasado lunes, el tribunal santafesino fue notificado oficialmente de la resolución nacional en el caso Fraticelli al llegar la copia certificada del fallo.

Articulado

El proyecto de reforma al Código Procesal Penal a estudio de la comisión de Presupuesto y Hacienda y de la comisión de Plan Estratégico tiene 430 artículos, siendo los dos últimos disposiciones transitorias para la etapa de transición.

“Nadie podrá ser penado o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso y sustanciado conforme a las disposiciones de este Código”, dice el artículo primero de la iniciativa de Kilibarda y Mascheroni.

Rosúa
El ministro de Gobierno, Dr. Roberto Rosúa, respondió a los legisladores socialistas que solicitaron declarar la emergencia judicial. “Lo que la causa Fraticelli viene a corroborar es precisamente la necesidad de elaborar un plan de trabajo a mediano y largo plazo -de hecho todo plan estratégico lo es- que haga viable una reforma profunda del sistema judicial provincial”.

Manifestó, asimismo, que “en el convencimiento de que es imprescindible darle credibilidad a la voluntad política de los poderes del Estado de trabajar en una reforma profunda y duradera, se han fijado plazos perentorios para que aquello de que cuando no se quiere hacer nada se remite a una comisión, no se haga verdad en este caso”.

Y agregó que “llama la atención la urgencia de algunos legisladores de la oposición respecto de concentrar en el Poder Legislativo la potestad de legislar en materia judicial, lo cual nadie ha puesto en duda. Pero es bueno recordar que, en una democracia participativa, operar transformaciones sin la presencia y debate con el sector a reformar y de la sociedad que demanda esas transformaciones, muestra, por lo menos, un clara tendencia autoritaria y degrada la capacidad de la sociedad civil de ser actora de los cambios”.

El ministro sostiene que parecería que así como se ha criticado hasta el hartazgo a la `casta judicial’ en la Argentina, los legisladores de la oposición se arrogan, ahora, el rol de nueva casta capaz de legislar por encima de la generación de consenso sectoriales y sociales amplios, como lo es el que plante el Plan Estratégico para el Poder Judicial”.