LA REGIÓN CENTRO VA POR UN TRIBUNAL DE CASACIÓN COMÚN

En una reciente reunión realizada en Paraná por representantes de las cortes supremas de Justicia de las provincias que integran la Región Centro se resolvió estudiar la posibilidad de crear un tribunal regional de Casación y un sistema de compensaciones único en materia previsional y de obra social, así como el reconocimiento unánime de las garantías indisponibles para cualquiera de los poderes del Estado, aún el poder constituyente, y la creación y puesta en funcionamiento de una secretaría regional a cargo de un funcionario designado por Entre Ríos.

Las deliberaciones se extendieron durante dos jornadas en el marco de la segunda reunión de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Región Centro con la participación de Luis Enrique Rubio, María Esther Cafure de Battistelli y María Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel en representación del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba; Daniel Omar Carubia, Germán Reynaldo Carlomagno, Carlos Alberto Chiara Díaz, Miguel Augusto Carlín, Juan Carlos Ardoy, Juan José Papetti, Susana E. Medina de Rizzo y Leonor Pañeda por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y María Angélica Gastaldi como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. También asistió el defensor del máximo organismo judicial entrerriano, Arsenio Francisco Mendoza.
Los temas acordados en la reunión se sintetizaron así:

– Control de la suspensión del proceso a prueba (probation). En virtud de la asimetría existente en la implementación de esta medida en las tres jurisdicciones que comprenden la Región Centro se resolvió intercambiar información respecto a su modalidad de recepción legal, estadísticas disponibles, interpretación acordada sobre el particular y jurisprudencias locales.

– Programa Regional de Capacitación. Se acordó que la idoneidad de los magistrados y funcionarios se proyecta hacia la técnica, la gestión y la ética, resolviéndose instrumentar a tales efectos un programa regional de capacitación sobre Derecho procesal y sustancial, abordándose temas como problemática social, medio ambiente, intereses difusos y acceso a la Justicia, sobre todo por parte de los sectores más vulnerables de la población.

– Determinación de competencia y cobertura de suplencias por el Superior Tribunal. Se señaló la necesidad de perfeccionar los mecanismos que garanticen el funcionamiento de los tribunales frente a situaciones de vacancia temporal o definitiva.

– Consideración del “Caso Casal” (CSJN). Se manifestó la preocupación por la necesidad de adecuar la instancia recursiva final, a los contenidos de los fallos de cada provincia y se convino en estudiar la posibilidad de concretar un Tribunal Regional de Casación.

– Principios de inamovilidad, intangibilidad y jubilación de los miembros del Poder Judicial frente a una eventual reforma constitucional. Por unanimidad se reconoció que tales garantías son presupuestos imprescindibles del estado de derecho en nuestra república y que por lo tanto “militan en el tipo de garantías indisponibles para cualquiera de los poderes del Estado, aún del poder constituyente”. Además, se enunció la necesidad de propender a un sistema de compensaciones único, previsional y de obra social, para la totalidad de los magistrados del país y en especial para los integrantes de la Región Centro.

– Mesa de Información Permanente. Se destacó la importancia de este servicio judicial que se brinda a los ciudadanos en situaciones críticas en días y horas hábiles e inhábiles y se destacó la asimetría existente en las tres provincias de la Región Centro a este respecto.

– Mediación judicial. Se coincidió en la importancia de este medio alternativo de resolución de conflictos propiciando la inclusión de casos penales y se decidió implementar políticas de coordinación por intermedio de los centros de mediación y las escuelas de capacitación de cada jurisdicción.

– Jueces de Paz. Se aceptó la iniciativa de analizar sistemas exitosos como los de Porto Alegre (Río Grande do Sul) y Formosa, estudiándose sus estructuras y competencias para descongestionar la litigiosidad, advirtiéndose a ese respecto la necesidad de redefinir el mapa judicial de la región.

– Ley nacional de estupefacientes. Adhesión de la Cámara Federal de Paraná (a la declaración de Córdoba, de la Región Centro). La adhesión de ese organismo a las manifestaciones vertidas por la Región Centro el 5 de agosto de 2005 con relación a las reglas de competencia asignadas por la ley 26052 fue considerada por el plenario como de “escasa precisión”, lo cual, según se señaló, “puede originar conflictos en perjuicio del servicio de justicia penal”.

Además de las conclusiones consignadas, los participantes del plenario con que concluyeron las deliberaciones arribaron a acuerdos instrumentales a los fines de la institucionalización de la Región Centro, conformando y poniendo en funcionamiento a tal efecto una secretaría zonal. La misma, según se dispuso, estará a cargo de un funcionario del Poder Judicial de Entre Ríos, con quien colaborarán un referente por cada una de las otras dos provincias que integran la Región.