LA SENADORA LATORRE BAJO LA LUPA POR LA ENTREGA DE SUBSIDIOS PROVENIENTES DE LA NACIÓN

El Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido solicitó a la Oficina Anticorrupción que investigue las observaciones realizadas por su organismo a numerosos subsidios otorgados por el Ministerio del Interior.

La investigación se realizó como consecuencia de un monitoreo de Poder Ciudadano sobre el Decreto 1192/2003 que faculta al Ministerio de Interior a otorgar subsidios para “atender situaciones extraordinarias de una manera directa y rápida”.

A través de una resolución la Fiscalía destaca irregularidades en el procedimiento de entrega y control. Por ejemplo, en el expediente N 7027/2003, se otorgan subvenciones por $ 25.000 a mujeres jefas de hogar, con bajo nivel socioeconómico, inhabilitadas para cobrar beneficios, y que son cabeza de familias desocupadas, a fin de insertarse laboralmente, en microemprendimientos. El pedido se origina a través de una nota de la Presidente del Centro de Apoyo Ciudadano de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La Fiscalía señala entre paréntesis que en la carátula del citado expediente se encuentra abrochada una tarjeta personal de la Senadora de la Nación , Roxana Latorre.

Para Carlos March, director ejecutivo de Poder Ciudadano “el decreto 1192 legaliza la arbitrariedad ya que el sistema implementado a través del mismo elude todo tipo de control, por lo que desde el enfoque de la institucionalidad podemos decir que es similar al escándalo de Southern Winds . Así como en Ezeiza se utilizaron contactos oficiales para traficar drogas, la tarjeta de la Senadora Latorre es usada para conseguir un subsidio y esto nos pone frente al hecho de trafico de influencia”.

También la senadora santafesina vuelve a tener protagonismo en el expediente N° 7028/ 2003 solicitando un subsidio por $ 25 .000 para la Fundación Red Social, presidida por Roxana Latorre, para ser destinado a jóvenes de bajo nivel socioeconómico, miembros de familias desocupadas, a fin de insertarse laboralmente en microemprendimientos”.

Otros de los expedientes cuestionados es el 445/ 2004, donde se entrega una subvención de $55.000 para costear los gastos previos al traslado a la República de Italia, la estadía en ese país durante seis meses y el tratamiento médico al que debía someterse un particular por motivos de salud. También se señala que en el expediente se adjunta una nota del Sr. Intendente de Tres de Febrero dirigida a la Sra. Ministra de Desarrollo Social, apoyando el otorgamiento del subsidio.

En su resolución la Fiscalía expresa que, a pesar de que el Decreto 1192/03, intenta solucionar situaciones extremas y paliar las necesidades de personas que se encuentran en situación de marginalidad, señala las siguientes irregularidades:

-A través del citado Decreto se intentó regularizar una situación al menos desprolija, en tanto desde el Ministerios del Interior ya se había comenzado a otorgar subsidios sin estar facultado para hacerlo.

-De los expedientes no surge que se haya hecho una evaluación mínimamente seria para analizar la procedencia o no del subsidio solicitado…Es decir que no surge claramente que los subsidios otorgados se adecuen a las necesidades a las que alude el citado decreto.

-Pese a que la reglamentación establece la obligación de que se realice un informe técnico y social y otro socio ambiental previamente al otorgamiento del beneficio solicitado, dicho informe no fue realizado en todos los casos.

-Existe una falta casi total de control o seguimiento posterior a los organismos o particulares beneficiados.

-Si bien no se trata de subsidios muy significativos, no puede dejar de señalarse que los mecanismos previstos para el otorgamiento no aseguran la equidad, en tanto pareciera ser que sólo están en condiciones de acceder a dicho beneficio aquellas personas que conocen su existencia por estar, por ejemplo, en contacto directo con algún funcionario En ese contexto, y dada la índole extrema de necesidades que el decreto apunta a paliar y la amplitud de la población que se hallaría en esa situación, resulta fundamental que se garantice la igualdad de oportunidades para acceder a dichos subsidios.

Al respecto Carlos March destacó que: “La creatividad del Ministerio del Interior no tiene límites, a los discrecionales y cuestionados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) le encontraron esta nueva versión arbitraria y oculta de los ATN sociales”

Asimismo, para garantizar aún más la transparencia en los procedimiento para el otorgamiento del subsidio en cuestión, también debería darse intervención a la sociedad civil para que opine sobre los procedimientos que deben seguirse, máxime cuando este hecho fue puesto en conocimiento de esta Fiscalía por una organización no gubernamental que tiene entre sus fines crear ciudadanía, finaliza Garrido.

UN ESTADO TRANSPARENTE

La Fundación Poder Ciudadano, realizó un monitoreo del decreto 1192/03 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de subsidios para saber quiénes fueron los beneficiarios, cuáles fueron los derechos y garantías que se pretendieron tutelar en cada caso, la existencia de controles sobre el destino de los fondos otorgados, el mecanismo para acceder a los subsidios, las facultades del Ministerio del Interior para otorgar subvenciones por decisión propia, cantidad de pedidos y/o expedientes en trámite en el Ministerio, y normativas que regulan el procedimiento.

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