LA TRAMA DE LOS SUBSIDIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS
En las últimas horas se han conocido declaraciones de Gerardo Ingaramo acerca de que las demoras en el cobro de los subsidios nacionales se debían a “algunas denuncias de la prensa”, argumento falaz cuando se conocen los detalles de las negociaciones abiertas entre Nación, provincia y Municipalidad para el otorgamiento de una segunda línea de fondos para asistir a las empresas.
En efecto, hay que recordar que el 17 de julio de 2003 el gobierno nacional dictó la resolución N° 21 que estableció la asignación de fondos correspondientes a la cuenta Sistau Emergencia, que consistía en 799.400 pesos en concepto de compensación tarifaria “complementaria”. Éstos iban a ser girados a la provincia -y así ocurrió- para su distribución entre empresas de transporte automotor de pasajeros urbanas de jurisdicción provincial y municipal detalladas en un anexo.
Dicha compensación subsistiría -señalaba la norma- “mientras se encuentre vigente la ley 25.735 y siempre que se mantengan las causales que motivaron el dictado de la misma”. Las causales están explicadas en los considerandos y se reducen a que “las empresas se ven imposibilitadas de cobrar el correspondiente boleto, dada la particular situación de los miles de evacuados que han perdido prácticamente su patrimonio y que se encuentran con la necesidad de trasladarse y no tienen dinero para ello”.
En los mismos considerandos, se deja constancia de que, según informó el gobierno provincial, las empresas “continuaron prestando el servicio a pesar de verse imposibilitados de cobrar el correspondiente boleto y no pueden sostener esa situación por más tiempo”.
A renglón seguido se menciona el informe técnico PLATAMBA N° 122 del 24 de junio del año pasado, que concluyó que “la compensación tarifaria que paliaría la situación de emergencia planteada en la ciudad ascendería a un monto mensual de $ 799.400”. Seis cuotas con ese importe se giraron a Santa Fe.
En síntesis, el subsidio especial nació para paliar la crisis por la emergencia hídrica y mientras ésta se manifestase, es decir, mientras los afectados por el desborde del río Salado siguiesen sin poder hacer frente al pago del boleto del transporte urbano.
Un nuevo capítulo
Pese a extinguirse el motivo del subsidio especial, en mayo de este año el intendente Martín Balbarrey reinició gestiones con la Nación para solicitar una prórroga de modo que las empresas pudiesen seguir percibiéndolo. El objetivo era sostener la vigencia de tarifas diferenciales (boleto centro, cruce, estudiantil, barriales) ante la amenaza de las empresas de suspenderlas.
La primera respuesta a esa solicitud de prórroga llegó a fines de setiembre en forma de una nota al gobernador y copia al intendente (nota 1505), con una suma 50 % inferior a las cuotas anteriores.
Pero, además, llegó la recomendación de que, “previo a la distribución se determinen y se informe formalmente a la Secretaría de Transporte los casos en que se verifica la continuidad del estado de emergencia producido por el evento climático -inundación-; justificando en cada caso la necesidad del pago, el criterio de distribución y el monto correspondiente”. En segundo lugar, se pide que “sólo en esos casos se proceda al pago y a la posterior rendición de los mismos, debiéndose devolver el remanente en caso de que el monto exceda la necesidad de fondos”. Y que ese procedimiento, cuyo fin es verificar la continuidad del estado de emergencia, “se repita cada vez que sea solicitado el pago del subsidio en cuestión”.
¿En qué se funda tanto recaudo? En un informe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) del 1° de julio pasado, en el que exponen los resultados del primer procesamiento de la información recibida de las empresas de Santa Fe que fueron beneficiadas por los subsidios otorgados en el marco de la resolución N° 21.
Luego de evaluar la venta mensual de 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004, y el detalle mensual de recaudación, pasajeros transportados, kilómetros recorridos, subsidios recibidos, combustible consumido y costo de combustible, y de comparar estos datos (por contraste) entre 2002 y 2003, y los dos períodos de ocho meses (septiembre a abril), se concluyó que: “La recaudación muestra un aumento en todos los casos y que la magnitud del mismo es significativa; la cantidad de pasajeros transportados acompaña el aumento de la recaudación; los kilómetros recorridos no aumentaron en la magnitud en que lo hizo la cantidad de pasajeros, ni en la magnitud de la recaudación”.
Además, se acompaña el listado de empresas que deben completar información, entre las que se encuentran Guadalupe, Mesopotámica y 7 de Marzo (que figura como autogestionada) y las que “no dieron cumplimiento a la presentación”, entre las que se encuentran General Belgrano, El Pacú y Santo Tomé SRL.
Pedido provincial
Ante esta situación, la Subsecretaría de Transporte de la provincia giró a su vez una nota al titular del área en la Nación, Ing. Ricardo Jaime, a quien se solicita la ampliación del informe de la CNRT a la totalidad de las empresas “con la nueva información que aportaron la Municipalidad y las empresas provinciales”, documentación que se adjuntó a la nota. Ello es para que tanto la CNRT como la Coordinación de Planificación del Transporte “puedan arribar a la conclusión ecuánime y correcta de si debe continuar o no el otorgamiento de dicho subsidio”.
Por último, y con la intención de “velar por los fondos federales en un todo de acuerdo con esa Secretaría”, se solicita que los estudios se concreten con la “mayor premura posible” y se pone a disposición para colaborar y trabajar en forma conjunta entre provincia y Nación.
Para acelerar los plazos y demostrar la buena voluntad del organismo provincial, ayer salió con rumbo a Transporte de la Nación toda la información recogida por empresas y Municipalidad.
¿Segunda cuota?
Los voceros del sector empresario en conflicto han machacado en las últimas horas sobre “el pago de la segunda cuota”, aclarando que “se cobró la primera, pero está demorada la segunda”. En realidad lo que se cobró fue lo acordado por la Secretaría de Transporte de la Nación en julio de 2003 de un subsidio especial en seis cuotas. La supuesta “demora” es por la “prórroga” gestionada por el municipio pero que está siendo seriamente analizada por las autoridades provinciales y nacionales.
Sin servicio nocturno
Mientras las autoridades municipales destacan que siguen trabajando en la búsqueda de soluciones al conflicto en el transporte urbano, el lock out patronal se mantiene con lo cual la ciudad no tendrá servicio entre las 22 y las 5 de la mañana.
El rol de la provincia
Desde la Subsecretaría de Transporte de la provincia se aclaró que no es de su jurisdicción determinar si corresponde o no el cobro del subsidio. En todo caso la repartición opera como intermediaria. “Pero tenemos las puertas abiertas para acompañar al intendente a hablar este tema con la Secretaría de la Nación”, aseguró Miguel Latorre, titular del área.
“Estamos oficiando como los mejores canales para que ésto se concrete de una forma positiva en la ciudad”, explicó luego a este diario. Y para demostrarlo informó que ayer, a primera hora, salió un auto de la repartición hacia la Nación con los documentos aportados por las empresas a través de la Municipalidad.
“La provincia recibe de los municipios, a modo de declaración jurada, el estado de las unidades, si corresponde o no el cobro del subsidio, pero no tenemos competencia para verificar si es o no así”, aclaró.
Ahora la última palabra la tendrá Transporte de la Nación.
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