LA VUIDA DE CABEZAS DIJO QUE "LA ARGENTINA YA NO PUEDE SER MI PAÍS"
María Cristina Robledo, viuda del reportero gráfico José Luis Cabezas, expresó este martes su dolor por la liberación bajo fianza del ex oficial de la Policía Bonaerense Aníbal Luna, uno de los condenados por el crimen de su marido, y sembró sospechas sobre el rol del gobierno provincial y de esa fuerza en el caso.
La mujer denunció que “la policía sigue apoyando a sus compañeros” y que “el gobierno de la Provincia (de Buenos Aires) sigue apostando por sus empleados y hay mucha gente, quizás pueden ser empresarios, o no, que les interesa que esta historia se termine de una vez por todas”.
Robledo se mostró “convencida de que el gobierno sigue tapando cosas, sigue poniendo dinero, y en lugar de sacar gente que duerme en la calle, saca a la gente que mata”.
“Me tuve que ir de ese país, pero no me puedo despegar porque parte de mi vida quedó ahí. No quiero que mi hija vuelva a ese país…”, afirmó María Cristina, quien maneja un bar en las Islas Canarias (España), donde se instaló luego del crimen de su esposo, ocurrido el 25 de enero de 1997 en Pinamar.
Por su parte, la hermana del fotógrafo, Gladys Cabezas, cuestionó a los integrantes de la Justicia que permitieron a Luna quedar libre tras pagar una fianza de 40 mil pesos.
La hermana del fotógrafo de la revista “Noticias” reconoció que se enteraron de la liberación de Luna por la prensa.
Y advirtió, por radio Continental, que “gracias a estos jueces, están quedando libres” los condenados, pero admitió que “judicialmente no se puede hacer mucho”.
En tanto, la viuda del fotógrafo cuestionó, en declaraciones a radio Mitre, el funcionamiento de la Justicia en Argentina: “Se paga una fianza de 40 mil pesos y quedás libre”, afirmó.
“Mi marido lleva casi diez años muerto y sin justicia. Ni siquiera sé si me duele. Es tanta la impotencia que tenemos por dentro que no sé que decirte”, señaló Robledo.
La mujer diferenció la situación de la Argentina con la de España, al manifestar que “en las Islas Canarias matás a un pajarito y te dan penas gravísimas. Y en la Argentina, matar a una persona, pegarle tres tiros, quemarla, dejarla tirada y hacer lo que hicieron vale 40 mil pesos y dos ó tres años (de cárcel) por conducta ejemplar”.
En las Canarias -insistió- “mi hija puede vivir de una forma diferente” por la seguridad, pues “se puede salir a la calle, podés ir a una fiesta, y volver a tu casa con tu familia”.
Luna había sido condenado a prisión perpetua por el crimen de Cabezas pero luego el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires le redujo la pena a 24 años de cárcel.
La medida habilitó para que los abogados de Luna pidieran la excarcelación por la denominada ley del “dos por uno”, que fue concedida por la Cámara de Dolores integrada por los jueces Fernando Sotelo, Susana Yaltone y Jorge Luis Dupuy, estos dos últimos miembros del tribunal oral que condenó a los ex policías bonaerenses por el crimen de Cabezas.
“El gobierno de la Provincia (de Buenos Aires) sigue apostando por sus empleados y hay mucha gente, quizás pueden ser empresarios, o no, que les interesa que esta historia se termine de una vez por todas”, añadió.
Consultada por los fondos para la fianza de Luna, expresó: “Ya hoy por hoy no creo en nada; me costó creer que (el fallecido empresario Alfredo) Yabrán (sospechado como instigador del crimen) se hubiese pegado un tiro; después dije ‘puede ser’ porque todos somos humanos, pero la historia sigue viva, la policía sigue apoyando a sus compañeros”.
Y levantó sospechas al decir que se siente “convencida de que el gobierno sigue tapando cosas, sigue poniendo dinero, y en lugar de sacar gente que duerme en la calle, saca a la gente que mata”.
También comparó que, mientras Luna pudo pagar una fianza de 40 mil pesos para quedar libre, “mi hija (Candela) cumplió hace tres días diez años, y yo le pude regalar un viajecito para que recorra una pequeña isla, que me salió diez euros”.
obre el caso de su marido, dijo pedir “una cosa normal: que si una persona mata a otra, que cumpla su pena”.
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