LANUSSE ENFRENTA EL DESAFÍO DE DESMONAR LA ESTRUCTURA DEL JUARISMO

El interventor en Santiago del Estero, Pablo Lanusse, busca enfrentar la estructura política que dejó el juarismo, y que ya le dio varios disgustos en su primer día al frente de la provincia al impulsar ocupaciones ilegales de viviendas en varias localidades.

“No será sencillo el cambio, fueron 50 años de este sistema perverso —dijo Lanusse a Clarín; están utilizando las necesidades de la gente. Es bueno que se den cuenta de que la estructura de poder, que repartía viviendas por simpatía política, ya no corre más”.

La “estructura de poder” santiagueña fue armada por el viejo caudillo peronista Carlos Juárez, quien mantuvo la hegemonía en la provincia en el último medio siglo. Ahora quedó detenido en su domicilio por varias causas junto a su mujer, Nina, la ex gobernadora. Tienen 87 y 77 años respectivamente.

Ayer, Lanusse realizó una denuncia penal para que se investiguen las usurpaciones, y también a los “cómplices, instigadores y facilitadores” de las maniobras. Y ordenó la custodia de la Gendarmería sobre los barrios construidos.

Los “okupas” reconocieron que fueron los punteros del PJ los que los enviaron a tomar las casas. “Son de ustedes, la intervención se las va a quitar”, les decían. La primera noche de la intervención, la Policía provincial que responde a Nina Juárez levantó la custodia sobre los barrios y creó una virtual “zona liberada” para que los usurpen.

En un operativo coordinado, miles de indigentes tomaron casas que aún no estaban adjudicadas en 7 barrios de distintas ciudades santiagueñas.

Así se le creó el primer problema a la gestión de Lanusse: ordenar un desalojo podría terminar en una batalla campal, y permitirlo sería abrir la puerta para futuros actos ilegales.

“Se terminará el mecanismo de prebendas y compra de voluntades a cambio de viviendas. Empezarán a entregarse por sorteo o por otro sistema transparente”, dijo el interventor, quien se cuidó de culpar a la gente por los hechos y apuntó a los instigadores.

Lanusse llegó como interventor el jueves, después de que el Congreso votara el remedio federal para Santiago del Estero por el “grave deterioro institucional” de la provincia.

Así terminó, al menos por ahora, con 50 años de hegemonía juarista. Uno de los detonantes fue el descubrimiento, hace poco más de un año, de los cadáveres de dos jóvenes salvajemente asesinadas en un hecho en que se involucró a hijos del poder. El otro, la aparición, en febrero, de más de 30 mil carpetas con archivos ilegales sobre el espionaje a políticos, periodistas y sacerdotes.

Juárez hizo varios intentos para frenar la intervención ante el Gobierno nacional, pero no lo consiguió. Al final, el martes hizo un acto público con sabor a despedida ante unas 10 mil personas, y ordenó frenar el caos y saqueos que algunos seguidores impulsaban.

Intentó irse de la provincia, pero quedó preso por orden del juez federal Angel Toledo. Se lo acusa de vinculaciones con la desaparición de personas cuando fue gobernador antes del 76, y de ser el creador de la red de espionaje. Nina está imputada por el cobro irregular de una jubilación (la ANSeS le reclama más de 500.000 pesos), y de ser la autora ideológica del atentado a la casa del diputado nacional José Figueroa.