LAS AGUAS BAJARON, LAS DUDAS QUEDARON

La diputada radical Alicia Ester Tate presentó en el recinto de la Cámara Baja provincial dos pedidos de informes orientados a despejar las dudas que quedaron en la ciudad luego del descenso del Salado. Uno de ellos está dirigido al Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Registro Civil. Se solicita: “Pedir copias de la totalidad de las actas de defunción correspondientes a muertes producidas en el Departamento La Capital, entre el 15 de abril y el 31 de mayo. Informar si se cuenta con información, presentaciones o trámites vinculados a fallecidos no identificados, y en tal caso, dar cuenta de los lugares y las circunstancias de los fallecimientos. Informar si se han recibido consultas sobre personas no ubicadas por sus familiares o allegados y/o presuntamente fallecidas, y en tal caso aportar detalles sobre diligencias practicadas en cada caso y los resultados derivados de las mismas”.

El texto del pedido se fundamenta en la necesidad de conocer todos los detalles acerca de las personas desencontradas, desaparecidas o fallecidas que hayan sido probablemente, víctimas de la inundación.

Otro de los pedidos de informes pregunta sobre la incorporación de fuerzas federales a las tareas de seguridad en los primeros días de la inundación, cantidad de personal afectado, cómo se gestionó la intervención de esas fuerzas en la ciudad y cómo se administraron las tareas de prevención o represión del delito. El texto se fundamenta en el testimonio repetido de los inundados que permanecieron muchos días sobre los techos, cuyos comentarios indican que las fuerzas federales habrían reprimido con ferocidad durante la emergencia hídrica. “Estos procedimientos también incluirían, según las versiones, a supuestos inocentes que habrían resultado víctimas de tales operativos e incluyen apellidos de presuntos delincuentes ultimados (Sanabria, Panza, etc)”, dice un fragmento del texto ingresado en Diputados el 29 de mayo, firmados por los diputados Alicia Tate y Alfredo Luis Cecchi.

Otros legisladores, en este caso diputados nacionales, presentaron un proyecto de comunicación para que se informe sobre los detalles del Sistema de Seguridad Interior durante a inundación en la ciudad de Santa Fe, a partir del día 28 de abril, sobre personas muertas, desaparecidas o accidentadas. La legisladora Lilia Puig encabeza el pedido de informes, junto a Carlos Iparraguirre y Alicia Gutiérrez.

El 7 de mayo, la Fiscal Federal Cintia Gómez había firmado una medida cautelar para que se investigue el destino de 1.775 personas que se encontraban “desaparecidas” (tal como figuraba en el escrito). Algunos días después, la cifra descendió y en la actualidad, según la Unidad de Búsqueda de Personas, los desencontrados son tres: Rosalía Ballesteros, de 83 años, Victoria Godoy, de 70 y Mirta Barracini, de 25, ésta última oriunda de la provincia del Chaco.