LAS DUDAS QUE SIGNAN EL “PLAN ESTRATÉGICO” QUE ESTUDIARÁ LOS CAMBIOS DEL SISTEMA LEGAL PROVINCIAL

En la mañana de ayer, en la Corte Suprema de Justicia, se realizó la primera reunión del consejo rector del “Plan estratégico para la Justicia provincial”, cuyo objeto es la elaboración de un nuevo sistema legal que actualice la legislación vigente en la actualidad. El encuentro de la mañana (ver nota relacionada) se inscribe en el proceso de reforma judicial lanzado por el Ejecutivo provincial en consonancia con la decisión del gobierno nacional de revisar y unificar el Código Penal y sus leyes complementarias.

Hace dos meses, el gobierno provincial decidió poner en marcha una serie de actividades y debates tendientes a generar un consenso que permita actualizar el sistema legal vigente en Santa Fe. Pero de las buenas intenciones sale la mala literatura, como dicen, y el paralelo entre esa sentencia y la realidad santafesina es más que visible.

Como botón de muestra basta mencionar que la comisión que realizará el estudio del actual sistema judicial y propondrá las reformas necesarias está encabezada por los legisladores justicialistas Joaquín Gramajo y Jorge Lagna. Gramajo fue el autor intelectual de la ley de reparación a los afectados por la inundación de 2003, que fijó los topes del resarcimiento económico que pagó el gobierno por las muertes causadas por las aguas del Salado; en su currículum legislativo también se destaca la cláusula de “interés legítimo”, de su autoría, que frenó el avance del proyecto de ley de acceso a la información pública. Lagna también llega precedido por su reputación: fue el autor del recordado epíteto “otomano descalificador”, con el que intentó insultar o retratar al empresario inundado José Mustafhá.

El lanzamiento del llamado “Plan estratégico para la Justicia provincial” contó con el aval –y con la presencia– de las principales autoridades de cada uno de los poderes de la provincia. En ese primer encuentro (ver notas relacionadas), que se llevó a cabo en el Centro Cultural provincial el último 10 de mayo, se decidió la conformación de comisiones de trabajo –en cada uno de los ámbitos del Estado– y de un consejo asesor.

Esto ocurrió hace casi dos meses; las demoras mayores de dieron en la Cámara de Diputados, que recién la semana pasada votó la resolución respectiva; en el Senado, en cambio, los nombres se conocían desde hace quince días.

Acabados los debates y logrados, en el seno de la Legislatura provincial, los consensos mínimos para decidir los nombramientos, la comisión ejecutiva del Poder Legislativo que participará en la discusión por la reforma judicial –y que decidirá buena parte de las actualizaciones de las leyes que regirán en la provincia– quedó presidida por dos legisladores reutemanistas que ostentan jugosos antecedentes: el diputado Jorge Lagna y el senador Joaquín Gramajo.