LAS EMPRESAS TEMEN ATAQUES PIQUETEROS

Las empresas de servicios públicos privatizados podrían no ir a las audiencias públicas convocadas por el Gobierno luego de las declaraciones del dirigente piquetero Luis D´Elía, líder de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), que aseguró que la lucha contra las concesionarias “es la pelea que viene”.

De esta manera, el “factor piquetero” se sumó a la ya de por sí complicada negociación entre el Gobierno y las privatizadas. “Nos preocupa la seguridad. Estamos estudiando qué vamos a hacer. Es probable que no vayamos a las audiencias”, dijeron ejecutivos de empresas que pidieron no ser identificados.

Así se dilataría aún más la renegociación que el propio Gobierno busca apurar para tener definidos los nuevos contratos antes de las elecciones de octubre.

Los dichos del dirigente piquetero también cayeron mal en los ámbitos oficiales en que se negocia con las empresas. “Si D´Elía se tira contra las audiencias, se está tirando contra el Estado”, dijo una fuente oficial que señaló que “el Poder Ejecutivo garantizará que se culmine con el proceso de renegociación de los contratos”.

En rigor, el Gobierno apuró a las empresas fijando un cronograma de audiencias aun cuando la mayoría de las negociaciones no está cerrada, lo que ya generó el malestar de los empresarios. Los primeros en ser convocados fueron Edenor y Edesur, cuya audiencia será el 20 de abril en Parque Norte. Metrogas lo hará dos días después, el 22, en el mismo lugar, que muchos ejecutivos califican como “de muy fácil acceso” para las protestas.

Luego, entre fines de abril y fines de mayo, se realizarán 9 audiencias más en distintas ciudades del país para analizar los ajustes de empresas como TGS, Camuzzi, Transcomahue y Gas Natural BAN (que ya renunció a su demanda ante el Ciadi), entre otras.

D´Elía ratificó ayer que no descarta encabezar piquetes contra las empresas de servicios, de la misma forma que en la última semana bloqueó los accesos a la petrolera Shell por el aumento en el precio de las naftas.

Hoy se realizará en Olavarría la audiencia para definir ajustes en la tarifa del transporte de energía eléctrica, servicio prestado por Transener y Transba, pero fuentes oficiales y empresariales dieron por descontado que no habrá incidentes, por tratarse de una ciudad alejada de la Capital.

Desdramatizar

“Hay que desdramatizar la situación, pero es cierto que hay mucha preocupación con respecto a la seguridad. No puede ser que la audiencia pública sea una instancia de provocación”, dijo un ejecutivo de una empresa de energía.

Hasta ahora el Gobierno acordó renegociaciones de contratos sin ajustar las tarifas residenciales. En líneas generales, a todas las privatizadas se les ofreció el mismo esquema: ajustes de entre un 15 y un 20 por ciento en la tarifa que pagan los clientes industriales, el prorrateo del pago de multas atrasadas y una revisión integral (que sí incluirá aumentos en las tarifas de los consumidores hogareños) en el próximo año. A cambio, las empresas deben renunciar definitivamente a sus demandas ante el Banco Mundial.

En medio de las negociaciones, la empresa de energía francesa Electricité de France (EDF), controladora de la distribuidora Edenor, no descartó la posibilidad de retirarse de la Argentina y de Brasil, mercados donde sufrió el año pasado pérdidas cercanas a los 1500 millones de dólares.

“No excluyo ningún escenario”, afirmó en París el presidente de EDF, Pierre Gadonneix, al ser interrogado sobre una posible retirada de la empresa de América latina.

De las distribuidoras eléctricas la única que acordó con el Gobierno hasta ahora es Edelap, cuyo principal accionista es la norteamericana AES. De las gasíferas, la primera en demostrar su buena voluntad fue Gas Natural BAN, cuyo principal accionista es Repsol, que el lunes dio a conocer su decisión de renunciar a su demanda ante el Ciadi, aún antes de acordar el ajuste de tarifas.

Justamente ayer se conocieron declaraciones del embajador de España en la Argentina, Carmelo Angulo Barturén, que dijo que “las empresas de origen español instaladas en la Argentina han hecho un enorme esfuerzo de comprensión y de adaptación a la realidad del país”, y destacó que “no se ha oído a ninguna empresa que no haya llegado para quedarse”.

Hasta ahora, el Gobierno cuenta como un triunfo que de los 64 contratos que se debían renegociar 28 ya están resueltos. Pero quedan 36 contratos sin acuerdo, de los cuales algunos tienen un alto nivel de conflictividad: por ejemplo, Aguas Argentinas, las 9 distribuidoras de gas (a las que se convocó a audiencias en abril y mayo) y las dos mayores distribuidoras de electricidad del país (Edenor y Edesur). También están pendientes de resolución los contratos de Telecom y de Telefónica.