LAS EXTRADICIONES, UN TEMA A RESOLVER SÓLO EN LA JUSTICIA

Desde Tucumán, el presidente Néstor Kirchner sentó ayer cuál es y será la posición de su gobierno frente a los pedidos de extradición de militares, policías y civiles argentinos que participaron en la guerra sucia de la última dictadura militar, muchos de cuyos blancos, en casos que se cuentan por centenares, fueron ciudadanos españoles, italianos, alemanes y franceses. “Es un tema de la Justicia”, fue la sencilla respuesta, a la que el jefe del Estado le agregó, remarcando la frase, “la necesidad de mantener la memoria”.

“Para el gobierno es un tema judicial que debe ser resuelto en ese ámbito. Eso es todo lo que el poder político puede decir al respecto”, dijo también el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien acompañó al jefe del Estado en Tucumán. La misma respuesta dio el ministro de Defensa, José Pampuro.

Frente al nuevo pedido concreto de prisión preventiva contra 46 militares argentinos emitido por el juez español Baltasar Garzón Real, repitiendo una rogatoria que cursó en tiempos de Fernando de la Rúa y completando otra que hizo llegar antes a Carlos Menem, el gobierno nacional volvió a dejar en claro que la doctrina con la que responderá aún está en estudio, pero difícilmente será la del decreto 1.581/2001 que emitió el gobierno aliancista dos semanas antes de su derrumbe: el rechazo “in limine”, sistemático y automático, de todo pedido de extradición.

“Estamos estudiando derogar esa norma”, deslizaron días atrás fuentes de la Casa Rosada, dejando trascender como “probable” el estudio “caso por caso” de las rogatorias cursadas por tribunales extranjeros.

El del juez Garzón es el primer pedido en la “era K” y no solo solicita el arresto de los 46 militares, entre los que se encuentran los ex dictadores Jorge Videla y Emilio Massera y hasta el intendente electo de Tucumán Antonio Bussi, sino que pide el embargo preventivo sobre los bienes de todos ellos hasta alcanzar la suma de 2.581 millones de euros –que equivale a 2.900 millones de dólares– con el objeto de resarcir a las víctimas del terrorismo de Estado.

Frente a ello, anteayer el presidente dejó sentado ante los azorados oficiales de las Fuerzas Armadas que el gobierno piensa que ellos mismos deben “separar la paja del trigo” y enterrar definitivamente “la impunidad y el silencio cómplice”. “Que cada uno se haga cargo de lo que hizo”, dijo Kirchner.

Así dejó en claro dos cosas: una es que el Ejecutivo no se interpondrá, como hasta ahora, en la relación entre los tribunales extranjeros y los tribunales nacionales. En otras palabras, que no ejercerá una defensa política de los militares, policías y civiles que no pueden salir del país porque Interpol los capturaría de inmediato. Las órdenes de arresto provienen de España, Italia, Francia y Alemania, pero también en Suecia y en Japón se han iniciado procesos por los crímenes de la dictadura contra ciudadanos de ese origen.

La otra es que acatará lo que diga la Justicia: declaradas nulas e inconstitucionales las leyes de obediencia debida por cinco jueces federales y por la Cámara Federal de Apelaciones porteña, el tema está desde hace tiempo en manos de la Corte Suprema de Justicia. Si la decisión del máximo tribunal acompaña el sentido de los fallos de primera y segunda instancia, los acusados por secuestros, torturas y desaparición forzosa de personas volverán a sentarse en el banquillo.

Inicio y fin del último “pecado” delarruista.

“La República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquel. Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda”.

Así reza textualmente la ley 24.767, promulgada el 13 de enero de 1997. Con el título “Ley de cooperación en materia penal”, estableció la doctrina en cuanto a la asistencia argentina “en la investigación y juzgamiento de delitos” por parte de tribunales extranjeros: de franca ayuda durante cuatro años, hasta que comenzaron a llover los pedidos de extradición contra militares.

Sin saber qué hacer, y apenas a 15 días de tener que huir de la Casa Rosada, el entonces presidente Fernando de la Rúa estampó su rúbrica en el decreto 1.581.

“Establécese la doctrina que se aplicará en los pedidos de asistencia judicial o extradición formulados por tribunales extranjeros”, dice el resumen de la norma, de menor jerarquía que la ley antes citada, y por tanto sujeta a controversia: no sólo la modifica, sino incluso la niega.

El decreto 1.581/2001 se refiere exclusivamente a “solicitudes de cooperación jurídica formuladas por autoridades judiciales extranjeras en causas que tramitan en otros países relativas a hechos ocurridos en la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983” y establece –tras una abundante enumeración de lo hecho por los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem en materia de derechos humanos y de esclarecimiento y juzgamiento de quienes los violaron– que “ningún Estado puede atribuir unilateralmente, mediante su derecho interno, competencia a sus propios tribunales para juzgar hechos ocurridos fuera de su territorio”.

Principio de “territorialidad” es lo que expone para finalmente plantear que “en los pedidos de asistencia judicial o extradición formulados por tribunales extranjeros se aplicará la doctrina expuesta en los considerandos del presente decreto” (el 1.581) y que la doctrina es que “el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazará los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional”.

En España confían en que habrá más “pasos importantes”

El presidente Néstor Kirchner “está dando pasos importantes hacia la regeneración de la sociedad argentina; y la derogación de ese decreto sería otro paso importante”, dijo ayer el abogado Carlos Slepoy, quien encabeza la acusación popular en el juicio en España por los desaparecidos en la Argentina. El pedido concreto del letrado al gobierno es la derogación del decreto 1.581/2001 (ver aparte), que con la firma de Fernando de la Rúa, su hermano Jorge, Chrystian Colombo y Adalberto Rodríguez Giavarini fue establecido como “la” normativa argentina ante los pedidos de extradición de ex represores por parte de España, Francia, Alemania e Italia, para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad.

Concretamente ordena el rechazo automático. Por esa disposición, los pedidos de extradición dictados por el juez madrileño Baltasar Garzón, quien desde 1996 investiga por “genocidio, terrorismo y torturas” a un centenar de militares, policías y civiles argentinos por su participación en la última dictadura, nunca fueron respondidos positivamente. Slepoy se manifestó satisfecho por el nuevo pedido de Garzón contra 46 militares retirados argentinos, así como por las informaciones periodísticas que dan cuenta sobre una posible derogación del decreto que frena las extradiciones. Según trascendió en la misma Casa Rosada, el gobierno tiene “en estudio” eliminar la norma, para luego analizar “caso por caso” los reclamos del exterior.