LAS FORTUNAS SECRETAS DE 24 JEFES POLICIALES INVESTIGADOS

Lujosas casas y departamentos, camionetas 4×4, embarcaciones, tiempos compartidos, hoteles, restaurantes, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Estos son sólo una parte de la extensa lista de bienes que la Dirección de Asuntos Internos de la policía bonaerense y la Justicia vincula con los 24 jefes policiales investigados por dicha dependencia, según revelaron ayer a LA NACION, calificadas fuentes del Ministerio de Seguridad provincial.

También se supo que, de esos expedientes, 19 ya están en manos del fiscal Víctor Violini, y en los próximos días le llegarán tres carpetas más.

Mientras avanza esta pesquisa, el ex jefe de la fuerza Alberto Sobrado es investigado por el fiscal Daniel Urriza, y los funcionarios de Asuntos Internos sospechan que tendría mucho más dinero en el exterior que los 333.549,62 dólares que le descubrieron en las Bahamas.

En el caso de la comisario Graciela Regina Zonta, otro de los jefes policiales bajo sospecha, que es investigada por la jueza de Transición María Isabel Martierena, las declaraciones patrimoniales indicarían que tendría una casa en San Isidro, dos autos y dos veleros.Según el ministro de Seguridad bonaerense, Juan José Alvarez, habrá más oficiales investigados. De hecho, Asuntos Internos estudia a 149 jefes policiales del alto y medio rango. “Este proceso que se está desarrollando no es una purga. Es una instancia necesaria para lograr nuestro objetivo: la eficiencia y la transparencia, un requisito que debe cumplir nuestra policía”, dijo el ministro.

Violini, por su parte, ya empezó a examinar los documentos, con la ayuda de sus instructores y de especialistas de la Policía Judicial de la Suprema Corte de Justicia provincial.

En dos casos, los de los comisarios mayores Alberto Cánepa y Aníbal Degastaldi, el fiscal ya consiguió más pruebas. Porque las denuncias contra estos dos uniformados ya habían sido radicadas en agosto último.

Fuentes judiciales confirmaron que Cánepa no declaró tres viviendas: una suya, otra de su hijo de 24 años y la tercera, de su padre. Por ocultar esa información podría ser procesado por falsedad ideológica, independientemente de su presunto enriquecimiento ilícito. Su hijo, además, figura como socio de Eros Bragado SA, que sería la propietaria de, por lo menos, el hotel alojamiento Cielo, en Chivilcoy.

Degastaldi tendría, además, dos inmuebles y una 4×4 con motor Mercedes-Benz. Además, según la investigación de Asuntos Internos, sería uno de los socios de la firma Cuatro Límites SRL, un delivery de comidas, y de otra llamada El Chef, un restaurante situado en Martínez.

En ambas sociedades también participaría el subcomisario Marcelo García, que fue jefe de operaciones de la Delegación Departamental de Quilmes cuando Degastaldi era el titular de la dependencia. García posee, por lo menos, dos casas en Ranelagh y dos autos: un Chrysler Neon y un Corsa.

El caso Sobrado

La investigación empezó en julio último, cuando el comisario general Alberto Sobrado tuvo que dejar de ser el superintendente de la policía porque no había declarado un depósito de 333.549,62 dólares en una cuenta en las Bahamas. Según trascendió, el monto de los depósitos sería muy superior.

Hasta ahora, el comisario general más comprometido en la causa de Violini es el ex secretario de la fuerza Julio César Frutos, según los expedientes que están en manos del fiscal. Frutos vive en City Bell, pero tiene más propiedades.

Según declaró, posee dos inmuebles más en La Plata: en 1 N° 713, en 36 N° 531. Además, un departamento en la Capital Federal y otro en San Clemente. Los papeles indican también que su cónyuge tiene dos viviendas en Lanús y que ambos comparten la sociedad de hecho Espacio Compartido Universitario, que cuenta con dos domicilios en la capital provincial: en diagonal 73 N° 2160 y en 5 N° 1346. Ahora, Frutos no habla. Lo último que dijo fue: “Es la Justicia la que tiene que hablar. Yo debo aportar el silencio”.

Violini también tiene las declaraciones de los comisarios mayores Víctor Hugo Herrera y Rodolfo Coronel, que ya fueron separados de sus cargos. De los dos, el último sería el más complicado. Tendría una casa en Nicolás Videla 449, en la Capital Federal, y tres autos: un Neon de 1999, un Renault 9 de 1993 y un Dodge GTX de 1971. Su esposa posee un lavadero automático, negocio con el que intenta justificar sus bienes.

También están a disposición de Personal los comisarios inspectores Basilio Alberto Barchuk, Jorge Peciña y Deraldo Omar Luziaga; los comisarios Antonio Mercado, Jorge Cassino, Jorge Alfredo Fiallio, Gustavo Arenas, Omar Daniel Carreiras, Claudio Raúl Martínez y Pascual Avezani, y los subcomisarios Alberto Gustavo Desmul y Graciela Regina Zonta.

En 2000 y 2001, Barchuk declaró una casa en Ituzaingó y otra en La Matanza. También, un tiempo compartido de Solanas Forest Resort, en Punta del Este, adquirido en diciembre de 1996, en 60 cuotas de 300 dólares. Más: dos cajas de ahorro en el Banco de Boston: de 10.000 pesos y de 20.000 dólares, y un plazo fijo en el Banco Provincia de 14.000 pesos. Su sueldo neto es de 2908 pesos. Ante Asuntos Internos justificó sus ingresos con el argumento de que ganó “buena plata” con la reparación de electrodomésticos.

Luziaga, que cobra 1939 pesos, tiene una Mitsubishi Montero Intercooler, un Peugeot 306 y otro 504, además de una casa y un departamento, fotografiados por Asuntos Internos.

Mercado vive en la calle 466 N° 3530 de City Bell, y tendría una moto Honda 600 y un Fiat Siena. En 1998 vivía con su suegra. Cassino poseería una escudería de karting a motor y una camioneta 4×4 Mercedes-Benz.

En julio último, Fiallo cobró 2134 pesos. Tendría una casa en Castelar, otra en Morón, un Ford Mondeo y 70.000 dólares en un banco. Carreiras poseería campos en Poblet, dos casas y dos camionetas 4×4.

Desmul tenía, en 1998, un Renault 21 de 1992. Hoy poseería una casa y un lote en City Bell y una camioneta 4×4.

Aunque Asuntos Internos, en cambio, no encontró nada irregular en el patrimonio del comisario general Angel Casafús, éste es investigado por el representante del Ministerio Público desde septiembre último, porque una denuncia anónima le adjudicaba la propiedad de embarcaciones en el club San Fernando, al lado del amarradero de un actor. El actor ya fue citado como testigo, mientras el policía dice que no posee bienes sin justificar.

Tras el escándalo del caso Sobrado se empezó a investigar a 149 jefes policiales de alto y medio rango. Hasta ahora, según fuentes ministeriales, sólo un tercio de los efectivos logró demostrar el origen de sus bienes.