LAS HERAS: AHORA BUSCAN LAS ARMAS QUE SE USARON PARA MATAR A SAYAGO

La investigación del crimen del policía Jorge Sayago en la localidad santacruceña de Las Heras tomó ayer nuevo impulso, a partir de las indagatorias que la jueza Graciela Ruata de Leone tomó a cinco de los seis detenidos en el espectacular operativo policial realizado entre el atardecer del viernes y la madrugada del sábado. El restante es menor de edad y para ser interrogado debe esperarse autorización de la defensora oficial.

Sin embargo, el avance de la causa podría quedar obstaculizado por la dificultad para encontrar las armas y otros elementos utilizados en el ataque a la alcaidía durante la que se produjo la tragedia, en la madrugada del 7 de febrero. Las pericias señalaron que se dispararon más de 130 balas contra la sede policial.

Según fuentes judiciales, a todos los apresados se les atribuyen cargos de homicidio —en grado de autoría o tentativa— y la jueza necesita de pruebas materiales que refuercen las declaraciones de testigos que constituirían por ahora casi los únicos elementos con los que contaría. Por eso, se cree que ordenará en las próximas horas más allanamientos en búsqueda de armas —el viernes se realizaron siete, con escasos resultados—, antes de disponer nuevas detenciones.

Los malos tratos atribuidos a las fuerzas especiales de la Policía provincial en las requisas que llevó a cabo durante el megaoperativo provocaron la reacción de grupos de vecinos, que ayer marcharon por segundo día consecutivo en señal de protesta. La movilización reunió a dirigentes de una fracción kirchnerista con familiares de detenidos, por lo que el conflicto se tiñó de intereses políticos locales.

Para tomar las declaraciones y apurar la causa, la jueza optó por viajar un domingo casi 300 kilómetros hasta Puerto Deseado, adonde envió a los sospechosos para alejarlos de la zona de conflicto de los petroleros. La muerte de Sayago —por el golpe de un hierro, un cuchillazo y un tiro— se produjo durante la protesta realizada frente a la alcaidía de Las Heras para reclamar la liberación del vocero de un sector rebelde de ese gremio.

El sexto detenido es menor y podría ser trasladado en las próximas horas desde la comisaría de Las Heras a un alojamiento religioso, que se haría cargo de su tutoría. Antes de disponerlo, la jueza requiere de la autorización de la defensora de menores. Por una cuestión de corrimientos de funciones en los tribunales de Pico Truncado, ese papel sería cumplido por la misma defensora oficial que asistió ayer a los detenidos en Puerto Deseado, Stella Maris Cetanovic. Esta funcionaria judicial cumple habitualmente esas tareas en la zona cordillerana.

El Gobierno nacional sigue al detalle todos estos movimientos, atento al costo político que podría significar para el presidente Néstor Kirchner que no se encuentre a los verdaderos culpables del asesinato de un policía ocurrido en su propia provincia en el marco de un conflicto social.

De todos modos, ningún vocero de la Casa Rosada formuló por el momento comentarios sobre los procedimientos ordenados por la jueza y que determinaron que las sospechas apunten contra vecinos del lugar sin vinculación con activistas petroleros ni dirigentes de ultraizquierda. “No es casualidad que haya ocurrido en mi provincia”, había afirmado Kirchner a horas del crimen, dando a entender que sus autores quisieron perjudicarlo.

En Las Heras se encuentra el titular del Consejo Federal de Seguridad, Héctor Masquetelet, representante del comité de crisis que creó el Gobierno para controlar el conflicto. Es quien coordina el despliegue de los casi 300 gendarmes apostados en la zona. El comité es coordinado desde Río Gallegos, a 680 kilómetros de allí, por el gobernador Sergio Acevedo, quien colocó al jefe de la Policía, Wilfredo Roque, al frente de las pesquisas.