LAS HERAS: BUSCARÁN PRUEBAS EN EL ADN DEL POLICÍA SAYAGO

La jueza de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, quiere saber si la sangre encontrada en la ropa de uno de los procesados por el crimen de Jorge Sayago pertenece al policía asesinado en Las Heras el 7 de febrero pasado, durante una violenta protesta gremial frente a la comisaría de esa ciudad.

Para avanzar en esa pista, el cuerpo de Sayago será exhumado mañana en el cementerio de Gobernador Gregores, para extraerle tejidos y cabellos y hacer una prueba de ADN que se cotejará con las muestras de sangre.

Fuentes judiciales de Pico Truncado dijeron ayer a Clarín que entre los elementos de prueba hay también “algunas piedras y un palo con sangre”. Las ropas salpicadas con sangre —serían una camisa y un pantalón— pertenecen a uno de los primeros detenidos y luego procesados en la causa, Juan Pablo Bilbao, y fueron secuestradas en un allanamiento que hizo la policía.

La decisión de exhumar el cuerpo fue ordenada la semana pasada por la jueza. Sayago fue sepultado en Gobernador Gregores, la ciudad de donde es oriunda su esposa, Lorena Castro, que retornó desde Caleta Olivia a vivir allí con su madre y sus hermanos tras el crimen del policía.

Esta medida se suma a los tres nuevos procesamientos dictados el sábado por la jueza patagónica, que elevó de esta manera a siete el número de procesados. Al mismo tiempo, Ruata de Leone dictó la falta de mérito de otros ocho detenidos.

La abogada de nueve de los detenidos, incluidos los tres nuevos procesados, Claudia Ferrero, le dijo ayer a Clarín que mañana viajará de Buenos Aires a Santa Cruz para presentar la apelación ante el juzgado de Pico Truncado y “plantear una serie de nulidades de procedimiento” (ver “Denuncia…”).

Los nuevos procesamientos, como informó ayer Clarín, recayeron sobre José Enrique Rosales y Pablo y Carlos Mansilla, por coacción agravada y homicidio doblemente calificado.

La jueza les dictó prisión preventiva y embargó sus bienes por cuarenta mil pesos. Los tres eran trabajadores de la empresa Indus y del gremio de la construcción, que reclamaban cuando se produjo el ataque a la comisaría y la muerte de Sayago pasar a cobrar como petroleros.

La jueza también procesó, pero sin prisión preventiva, a Daniel y Néstor Aguilar y a Rubén Bach, por coacción agravada. Estos tres comenzaron a ser liberados junto a los ocho beneficiados con la falta de mérito, es decir, que la jueza no halló pruebas para procesarlos pero tampoco para desvincularlos de la investigación.

Otros cuatro acusados ya habían sido procesados el 8 de marzo. Se trata de Bilbao —a quien pertenecen las ropas con sangre—, Darío Catrihuala, Alexis Pérez y Ramón Cortez.

El viernes pasado, el gobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho, visitó la localidad de Las Heras y recibió en una casa particular a los familiares de los detenidos que habitualmente se reúnen en la iglesia local y han denunciado “arbitrariedades y persecución”.

Rodeado por varios de sus funcionarios, Sancho escuchó los reclamos. Pero al otro día, la jueza definió los nuevos procesamientos que cayeron como un balde de agua fría en las familias de los involucrados.