LAS OBRAS EN ALEM NO TIENEN EN CUENTA A LOS DISCAPACITADOS

Las obras que se realizarán para refuncionalizar las avenidas 27 de Febrero y Alem no tienen previsto ningún tipo de adaptación para permitir el tránsito de personas con discapacidad, que representan un 10% de la población de nuestra ciudad.

Existen leyes nacionales, provinciales y municipales que establecen las medidas que se deben poner en práctica para eliminar las barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y la comunicación que dificultan el tránsito de la población en general y de los discapacitados en particular.

Sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas de la provincia explicó que “dichas obras de infraestructura ya están licitadas y no se permite insertar ningún cambio” para tener en cuenta a todas aquellas personas que padezcan algún tipo de discapacidad, ante el cuestionamiento realizado por la Unión de Entidades de y para Discapacitados.

En este sentido, la entidad manifestó su disconformidad con la respuesta obtenida y su preocupación por esta cuestión ya que existe un organismo provincial de asesoramiento sobre la temática de la discapacidad que no aportó sus propuestas antes del llamado a licitación de esas obras. Asimismo, recordó que ese organismo es la Comisión Provincial de Personas con Discapacidad, que está presidida por el secretario general de la Gobernación.

Sin excusas

La Unión de Entidades también advirtió que la legislación mencionada es anterior a la licitación dispuesta por el gobierno provincial de las obras, motivo por el cual “no hay dudas de que debió ser aplicada en el llamado y no hay excusas para que esto no se haya llevado a cabo. Entendemos que se deberán analizar las responsabilidades de aquellas personas que debieron cumplir con las leyes vigentes y no lo hicieron”.

Recordó que la legislación sobre la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas en el transporte y en la comunicación son: leyes nacionales N° 22.431, 24.314, 25.644 y 25.635; ley provincial N° 9.325 y su reforma 11.518 y la resolución N° 411 del 16 de agosto de 1998; y las ordenanzas municipales N° 9.403 y 9.709.

Cabe agregar que una advertencia similar fue enviada por esa entidad a la Municipalidad, nota que hasta la fecha no ha tenido una respuesta.

Planteaba que en esas futuras “obras públicas de envergadura que se realizarán en nuestra ciudad, que indudablemente van a mejorar las condiciones de vida de la población, se deberá tener en cuenta también el 10% de personas con discapacidad, que para disfrutar de dichas obras y servicios públicos necesitan una serie de adaptaciones que les permitan acceder a esas mejoras”.

Asimismo, mencionaba que “esta entidad le solicita que no se pierda esta oportunidad histórica de cambiar la vida de los ciudadanos discapacitados y permitirles disfrutar de todos los beneficios que pueden traer dichas obras”.