LAS PENAS HAY QUE CUMPLIRLAS

Para el ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Rosúa, el endurecimiento de la legislación penal sobre algunos delitos que el Congreso aprobó anoche no es el criterio más idóneo para disminuir los niveles de inseguridad existentes en todo el país.

“Creo que el problema de fondo es la impunidad, la perdida del poder sancionatorio de parte del Estado. El punto central no es tanto la magnitud de la gravedad de la pena sino el grado de aplicación de la misma. De nada sirve subir permanentemente las penas sino se logra hacerlas cumplir. Las estadísticas demuestran que no bajó el delito por el sólo aumento de las sanciones”, dijo Rosúa a Rosario/12.

De todas formas, el ministro aclaró que las normas sancionadas por el Parlamento se aplicarán en la provincia por su jerarquía legal y que en algunos casos va a requerir la reformulación de algunos artículos del Código Procesal Penal de Santa Fe. En sintonía con la postura del gobierno nacional, Rosúa dijo ser partidario de aplicar una reforma profunda en el poder judicial y en las fuerzas de seguridad para prevenir el delito.

Al cierre de esta edición, el Senado y la Cámara de Diputados continuaban debatiendo un conjunto de proyectos que endurecen las penas de ciertos delitos, algunos de ellos incluidos en el petitorio promovido por Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el joven asesinado hace 15 días en el distrito bonaerense. Los diputados ya habían aprobado el aumento de penas para los delitos cometidos con armas -elevándose el mínimo de los cinco años de prisión actuales a seis años y ocho meses y el máximo, de 15 a de 20 años de prisión.

Los legisladores también habían dado su aval para sancionar la portación y tenencia ilegal de armas. Restaba tratarse la prohibición del régimen de salidas anticipadas para casos de violaciones y secuestros seguidos de muerte y los homicidios agravados.

En diálogo con Rosario/12, Rosúa planteó sus dudas sobre la eficacia del paquete sancionado en la disminución del delito. “La decisión del Congreso responde a necesidades coyunturales excepcionales de esta crisis cuyos resultados habrá que juzgar en el futuro. Yo me remito a las estadísticas que demuestran que recientemente no bajó el delito por el sólo incremento de las penas”, sostuvo el ministro de Gobierno.

El titular de la cartera política dijo que a su entender “el problema de fondo es la impunidad, la perdida del poder sancionatorio de parte del Estado. El punto central no es tanto la magnitud de la gravedad de la pena sino el grado de aplicación de la misma. De nada sirve subir permanentemente las penas sino se logra hacerlas cumplir”. En esa línea consideró “fundamental que el Poder Judicial funcione eficientemente”.

Rosúa puso los mayores reparos sobre las sanciones a la portación ilegal de armas. “En este punto tengo mis serias dudas. Mucha gente decente tiene armas no siempre registradas -por distintos motivos, puede ser por desconocimiento por falta de recursos- para defenderse de los delincuentes. No estoy seguro de que el criterio más conveniente sea sancionar a quienes llevan estas armas. ¿Qué haremos con el padre de un chico que concurre a una escuela en un barrio peligroso y lo va a buscar con un arma para protegerse de posibles ataques? La verdadera solución pasa por atacar el mercado negro y el tráfico de armas”.

En cambio el resposanble de la seguridad pública dijo estar a favor de promover un debate “serio” para bajar la edad de inimputabilidad de los menores en conflicto con la ley penal. “Es necesario que los delitos que cometen los menores sean juzgados con otros instrumentos distintos a los actuales. Actualmente los menores van escalando en el delito, se incian en el robo, pasan al hurto y terminan en el homicidio. Cada salida de las unidades penitenciarias la viven como un premio, eso hay que cambiar”, señaló el ministro de Gobierno.

Por otra parte, en diálogo con LT 10, Rosúa indicó que su intención es trabajar en dos grandes tareas en materia de seguridad, y remarcó que en eso se está trabajando.

El Ministro de Gobierno señaló que esas dos grandes tareas son, por un lado la prevención y en ese sentido dijo que “se está comenzando a poner en práctica con una fuerte y numerosa presencia policial sobre la base de un plan que se está poniendo en marcha en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario”; y por otro lado la acción sancionatoria una vez producido el delito. Sobre ese tema, Roberto Rosúa manifestó que “es indispensable que haya una acción sancionatoria a realizarse en menor tiempo y con mucho más amplio espectro, hay que desaloojarle la idea a los delincuentes que pueden ser impunes”.

El Ministro de Gobierno insistió en que “lo que se debe hacer es evitar que se continúe con la idea de que los delincuentes pueden ser impunes, hay que acabar con la idea de impundad”.

Por otra parte, Rosúa tambien se refirió a la implicación de la policía en diferentes delitos, y en ese sentido indicó que “es vital pensar en el rol de la policía, si hay elementos de corrupción enquistados, que hacen que en lugar de trabajar por la prevención trabajan por las bandas de delincuentes, el tema toma una gravedad inusitada”.

Siguiendo con el mismo tema, Rosúa señaló que estan preparados tres paquetes de leyes y que están listos para presentarselos al Gobernador y discutirlos con él, que tienden fundamentalmente a cambiar la estructura clásica de la policía, para convertirla básicamente en un servicio civil de seguridad. También se pretende cambiar el régimen de ascensos, para que haya un control más eficáz, y que sólo asciendan los más capaces, y también se contempla otorgar premios.