LAS PRINCIPALES MULTINACIONALES DEL AGUA : SUEZ, VIVENDI, ANGLAIN WATER Y SAUR
Aunque Suez no ha fijado aún posición pública sobre la pretensión de que la privatización del agua es el mejor modo de llevar servicios a los pobres, las otras multinacionales francesas, Vivendi y SAUR, han dicho explícitamente que, sin subsidios gubernamentales e inversiones públicas, no pueden prestarles servicios a los pobres.
Vale aclarar que Suez, Vivendi y SUAR, empresas francesas son tres de las cuatro más grandes Multinacionales del Agua del Mundo.
En una reciente reunión del Banco Mundial el señor Jean Talbot, director ejecutivo de SAUR, puso de relieve lo que denominó “demandas carentes de realismo” que se le hacen injustamente al sector privado en los países en desarrollo, como la de pretender “conexiones para todos”.
Este señor dijo allí que el sector privado no puede satisfacer volumen de inversión para universalizar el servicio “La escala de lo que se necesita rebasa con mucho la capacidad financiera y no esta contemplada en el riesgo del sector privado”. Rechazó la posibilidad de recuperar la totalidad de los costos, pues, dijo, que la idea de que “el agua paga el agua… ya no es realista en los países en desarrollo. Los usuarios y las empresas no pueden pagar el volumen de inversión requerido, ni las obras sociales”.
Las multinacionales francesas
Como en el resto del mundo, las dos multinacionales de ese origen, Suez y Vivendi dominan aplastantemente el servicio de agua en América Latina. Juntas, Suez y Vivendi poseen dos tercios del mercado mundial de agua privatizada. Las compañías que les siguen en tamaño son mucho menores.
SUEZ
Suez es la multinacional dominante en América Latina. Las operaciones de Aguas de Barcelona, de supuesta nacionalidad española (AGBAR), son también, en efecto, parte del grupo Suez, pues éste controla a AGBAR, Y A INTERAGUAS. Suez es quien controla la privatización pionera de Aguas Argentinas (junto con Vivendi y Anglian Water), posee también la primera concesión de agua de Brasil, en Limeira; la mayor de Chile, EMOS, en Santiago; la que subsiste en Bolivia, en La Paz; la más antigua de Colombia, en Cartagena, y desde 2002 el contrato de administración de Puerto Rico que ejerciera Vivendi por siete años, y perdiera por su ineficiencia.
En el año 1995, el mismo año que tomó el control de Aguas Provinciales de Santa Fe la filial de Suez en Grenoble, Francia, fue declarada culpable de cohecho y procesados sus funcionarios por la Justicia Francesa.
Vivendi
Vivendi ha corrido con menos suerte que Suez en América Latina. Es socio menor en Aguas Argentinas; es la multinacional principal en Sanepar, la privatización de agua más grande de Brasil; y tiene otros contratos menores a través de Proactiva, su inversión conjunta con la compañía española FCC, que también controla Vivendi. Vivendi ya perdió dos grandes contratos en la región por incumplimiento: en Tucumán, Argentina, y en Puerto Rico. La concesión de Sanepar se desempeña con deficiencias, y está denunciada penalmente.
SAUR
SAUR, por su tamaño es la tercera compañía francesa de agua, y la cuarta del mundo, no tiene actividades en América Latina, salvo en la provincia de Mendoza, Argentina.
Anglian Water
Anglian Water es una compañía de agua del Reino Unido. Participa en Aguas Argentinas, y también tiene intereses en dos compañías chilenas: Aguas Puerto y Esval.
Multinacionales supuestamente españolas
Aguas de Barcelona (Agbar)
Agbar es parte de Suez, una de las dos propietarias de la compañía tenedora que posee 51% de Agbar. Sus operaciones quedan incluidas en el Grupo Suez.
Interagua
Esta empresa, que fue en parte propiedad de la compañía eléctrica española Endesa, es actualmente ciento por ciento propiedad de Agbar, y por ende de Suez.
Aguas de Bilbao
Aguas de Bilbao tiene una concesión en Argentina, AGBA, en una parte de la provincia de Buenos Aires. Nos dicen que esta empresa es controlada por la compañía constructora española Dragados. Acaba de perder la concesión en Uruguay, Uragua.
Dragados
Urbaser y Dycasa, subsidiarias de la compañía constructora Dragados, manejan el agua de la concesión en la provincia de Misiones, Argentina.
La situación en Argentina
Algunos ejemplos de lo que ha pasado hasta aquí
En Tucumán, y en la provincia de Buenos Aires (Argentina), por citar solo los casos más notorios, se revocaron contratos, y el servicio ha vuelto al sector público. En Tucumán y en la provincia de Buenos Aires, las nuevas compañías públicas que se han armado, son propiedad mayoritaria de las autoridades públicas.
Lo que debieramos imitar
En distintos Lugares del Mundo, el Estado es quien controla y provee el servicio sanitario a la población, con un alto nivel de eficiencia y con tarifas competitivas y garantía de los derechos de los usuarios. Valga algunas experiencias a solo título de ejemplo.
Madrid
Canal de Isabel II
El Municipio de Madrid se abastece con su propia empresa de aguas de nombre Canal de Isabel II.
Roma
Acea
Acea es la empresa que suministra agua y energía en la ciudad de Roma. La controla accionariamente el Municipio Romano y abastece a millones de italianos
Porto Alegre
DMAE
La compañía de agua de Porto Alegre, DMAE, sigue siendo propiedad total del gobierno municipal, que se desempeña con eficiencia, y está sujeta al proceso participativo de elaboración del presupuesto de Porto Alegre.
San Pablo
SABESP
La compañía estatal de agua de Sao Paulo, SABESP, es la mayor compañía de agua de América Latina, funciona con eficiencia y supo sobrevivir la crisis monetaria brasileña. Ha obtenido préstamos del BID y del Banco de Cooperación Internacional de Japón, y en 2001 desecho una oferta de compra del mercado de valores de Nueva York.
Cali, Colombia
Emcali
Emcali, enteramente propiedad del municipio de Cali, suministra agua, alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones a tres millones de personas. Emcali recibió la clasificación internacional de crédito BBB (mejor, por ejemplo, que Aguas Argentinas, propiedad de multinacionales)
Uruguay
OSE
En Uruguay, la vigorosa campaña permanente en contra de la privatización, encabezada por la organización sindical FFOSE, ha protegido de la privatización a la compañía principal de agua y ha llamado poderosamente la atención a los problemas de dos privatizaciones menores. El reciente resultado del Plebiscito que se celebró junto a las elecciones presidenciales allí, nos marca la decisión del pueblo uruguayo de preservar en la esfera estatal la provisión del servicio sanitario a los uruguayos.
La privatización de Aguas de la Costa, una “experiencia espantosa”
En 1998, se le concedió una pequeña concesión privada a Aguas de la Costa, subsidiaria de Aguas de Barcelona. La privatización fue una “experiencia espantosa”, con cobros excesivos y agua impotable y maloliente. Hasta la Global Water Pertnership, que favorece las privatizaciones, reconoció que “las críticas por tarifas inapropiadas, servicio deficiente y problemas recientes de la calidad del agua sumistrada, hacen de éste un pésimo ejemplo de concesión privatizada”. Con todo, “el gobierno sopesa extender el suministro de agua y el saneamiento al resto del país”.
Uragua: problemas contables y bacterianos
En 2000 se le otorgó a la compañía privada Uragua, subsidiaria de la compañía española Aguas de Bilbao, un contrato de suministro de agua y saneamiento para una población promedio de 375.000 habitantes en el centro turístico de Maldonado.
Para junio de 2001, apenas ocho meses después de iniciadas las operaciones, se hicieron evidentes varios problemas. Figuraban entre ellos aumentos de precios y errores de facturación, interrupciones del servicio, demora en el cumplimiento de las obligaciones del concesionario y pago incompleto de las cuotas de ingreso.
En junio de 2001, un informe crítico de la Federación de Funcionarios de OSE (organización sindical afiliada a la ISP y que representa a los empleados de Obras Sanitarias del Estado, la entidad nacional a cargo del agua) reveló que el concesionario no rindió informes mensuales de análisis de muestras, ni le había remitido a OSE la información requerida sobre cuentas y facturación.
En abril de 2002, se descubrió que el agua suministrada por Uragua estaba contaminada con bacterias coliformes, y OSE declaró una emergencia de salud pública. De 20 muestras recogidas en Punta del Este y Piriápolis, cuatro presentaron coliformes fecales, por lo que OSE declaró el agua impotable y recomendó hervirla antes de beberla. La compañía afirmó que la medida de OSE tenía que ver más con política que con el agua.
Préstamos y condiciones que fuerzan a la privatización
Como Privatizan
Los préstamos de las instituciones internacionales de desarrollo, todas ellas instituciones gubernamentales, del sector público, son elemento central del financiamiento de casi todas las privatizaciones. La inversión privada de las propias multinacionales es solo una parte pequeña del dinero empleado.
Precios, inversión, regulación, corrupción, desempeño, deformación
Se observa cierto número de problemas en las privatizaciones de agua existentes en la región. Estos se pueden agrupar en varios renglones:
• Falta de alcance, cuando el servicio no llega a los pobres, pese a obligaciones contractuales
• Mala calidad del agua, prestación de servicio de pésima calidad.
• Precios e inversión, cuando los precios se elevan de manera injustificada en relación alas inversiones.
• Inversión insuficiente, cuando se invierte menos de lo concertado en los contratos.
• Corrupción, cuando se induce a políticos, partidos o autoridades públicas a tomar decisiones erróneas, a partir del financiamiento de sus campañas electorales.
En muchos casos, la principal fuerza impulsora de la privatización son las condiciones impuestas por las instituciones financieras internacionales. Figuran entre ellas el FMI, cuyos programas de ajuste estructural exigen a menudo la privatización de servicios estatales, como el agua; el Banco Mundial, que hace de la privatización condición de ciertos préstamos a los gobiernos, como el que otorgó a Santa Fe, donde pidió la privatización de la EPE, a lo que el Gobierno de Reutemann accedió.
En todos los casos, la imposición de la privatización es de hecho una demanda política: hay criterios bancarios bien establecidos para evaluar el crédito de una compañía, los cuales se aplican sea ésta pública o privada. Imponer condiciones es contrario, asimismo, a la declaración explícita, aprobada por la conferencia de Bonn sobre el agua en diciembre de 2001, con la participación de países de todo el mundo, donde se exige que ningún donante debe imponer la privatización como condición de financiamiento.
Asimismo, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), entidad del Banco Mundial que otorga seguros contra riesgos políticos, le da seguridad financiera a la concesión privatizada de agua, por ejemplo la IWL en Ecuador, brindándole protección contra riesgos políticos, monetarios y aun, en cierta medida, los derivados de su propio desempeño.
Y el BM incorpora también un tribunal de arbitraje internacional sobre inversiones —el CIADI—, que oye las quejas de las multinacionales tras la terminación de sus concesiones. Allí tramita Aguas Provinciales de Santa Fe una demanda de 310 millones de dólares contra nuestra provincia.
El Caso Argentino, la situación de cada empresa
Aguas Argentinas
Aguas Argentinas fue la pionera de la privatización del agua. En 1993, a un consorcio formado por Suez, Vivendi, Aguas de Barcelona (controlada por Suez) y Anglian Water se le adjudicó la concesión de la ciudad de Buenos Aires. La concesión ha sufrido un buen número de problemas y esta muy desprestigiada ante los ususrios.
Desde antes de la privatización, se impusieron aumentos considerables de precios para hacerles la concesión más atractiva a los operadores privados: en febrero de 1991 se aprobó un alza de 25%, y otro, de 39%, en abril de 1991; en abril de 1992, las tarifas aumentaron un 18%; y hubo otra alza, de 8%, poco antes de que se otorgara la concesión, en mayo de 1993. El acuerdo de la concesión ya se renegoció de febrero a septiembre de 1997.
Azurix en el Gran Buenos Aires
Otorgada en junio de 1999, la concesión de Azurix, que cubría dos de las tres regiones de la provincia de Buenos Aires, tropezó con dificultades cuando se la acusó de dar mal servicio, no cumplió con sus compromisos contractuales y se vio involucrada en vaciamiento de empresa.
En octubre de 2001, acusando al gobierno regional de “violaciones graves”, Azurix anunció que renunciaría al contrato a partir de enero de 2002 y demandaría indemnización por un total de hasta 400 millones de dólares, la que esta en curso. La concesión se revocó en marzo de 2002. Luego, se hizo cargo de las operaciones Aguas Bonaerenses, compañía pública creada por el gobierno provincial de Buenos Aires, hasta la actualidad.
AGBA
En julio de 2001, AGBA —propiedad de Aguas de Bilbao como vimos antes— se atrasó en el plan de inversión, tan solo a 18 meses de empezar a opera en la región del Gran Buenos Aires. Producto de ello trata de renegociar después de los problemas con la concesión del Gran Buenos Aires
Aguas Cordobesas
En Córdoba (1,4 millones de habitantes), la concesión del agua ha estado desde 1997 en manos de Aguas Cordobesas, subsidiaria de Suez-ONDEO. En 1998, la concesión obtuvo del BEI un préstamo de 36,8 millones de euros (40 millones de dólares) a diez años.
El acuerdo de la concesión exigía que Aguas Cordobesas ampliara la población atendida de 83% a 97% a lo largo de los 30 años de duración de la concesión, lo que no ha cumplido en su parte proporcional a la fecha.
Aguas Provinciales de Santa Fe
La crisis de Aguas Provinciales se inicia en 1997, cuando hay una primera queja de la empresa diciendo que tenía dificultades económicas. Sin embargo, cuando uno mira el balance de Aguas Argentinas, ve que le da una ganancia neta de casi 6 millones de dólares en el año 97, a pesar de este pedido que estaban haciendo. Esta información la ha dado uno de los principales voceros en defensa de la empresa, el senador Juan Carlos Mercier, quien fuera el Ministro privatizador en aquel 1994, y está en la versión taquigráfica de la sesión realizada en el Senado Provincial de Santa Fe.
Del mismo modo ganó casi 4 millones de dólares en 1998, y 2 millones de dólares en el año 99, cuando producto de las dificultades económicas que dijo tenía, se le pidió al Poder Legislativo que le otorgara poderes especiales al Poder Ejecutivo para desarrollar una negociación, que según lo decía el texto de aquella famosa ley, la 11.665, en su artículo 1º sería “en beneficio del usuario y en protección de los intereses del Estado”. No parece que se protegieron demasiado los intereses del Estado, ni de los usuarios.
El 68 por ciento del tiempo que el contrato lleva de vigente –esto es 111 meses–, ha estado suspendido. Son 76 los meses de esos 111 que no se han aplicado las obligaciones del contrato, con lo cual la empresa no ha tenido durante ese período ninguna obligación de obras, ninguna obligación de inversión y ninguna obligación de prestación.
El producto de esta concesión es que, diez años después en las 15 ciudades donde se prestó el servicio de Aguas Provinciales, el 20 % de la población aún hoy no tiene agua potable y hay 1.100.000 habitantes sin cloacas y hay 400.000 habitantes sin agua. Este es el resultado de la concesión de Aguas Provinciales diseñada a partir del concepto de la inutilidad del Estado propugnado por el gobierno de aquellos años.
El agua de Tucumán
En 1995, se le otorgó a Aguas del Aconquija, subsidiaria de Générale del Eaux (ahora Vivendi), una concesión por 30 años para suministrarle agua a la provincia de Tucumán. Aunque las tarifas del agua se duplicaron luego de que se otorgó la concesión, la compañía no cumplió con el programa de inversión, lo que se tradujo en que el agua suministrada adquiriera una coloración parda. En vista de ello, los consumidores dejaron de pagar las facturas y la concesión se revocó en octubre de 1998. El gobierno, que se encargó provisionalmente de las operaciones, empezó a procurar financiamiento del Banco Mundial para hacer inversiones. La compañía presentó ante la CIADI una demanda por 300 millones de dólares de indemnización; la entidad internacional desechó la querella de Vivendi, pero la multinacional francesa ha apelado.
En diciembre de 2001, el gobierno decidió desechar los planes anteriores de entregar una nueva concesión privatizada de la red de agua de Tucumán después de que se revocó la que se le otorgó a Aguas de Aconquija, de Vivendi, en 1998.
Concesión de Agua de Catamarca
En abril de 2000, Proactiva Medio Ambiente, subsidiaria conjunta de FCC y Vivendi, obtuvo la concesión de agua de Catamarca. Proactiva ganó la concesión por 30 años tras ofrecer el pago del 12,5% de la facturación anual al gobierno provincial.
Aguas de Misiones
En enero de 2001, el BEI anunció que le daría un préstamo de 18 millones de dólares, a 15 años (con 4 años de gracia), a SAMSA, subsidiaria de Dragados, para agua y saneamiento en la provincia de Misiones, Argentina. El préstamo quedaría cubierto por el programa de garantía presupuestaria de la UE en contra de riesgos políticos, como la no transferencia de divisas, la expropiación, guerras y desórdenes civiles.
Pese a que han aparecido otros interesados como Obras Sanitarias de Mendoza SA (que opera en esa provincia), Impregilo (Gran Buenos Aires) y la uruguaya Obras Sanitarias del Estado (Montevideo), Latinaguas, la empresa que opera el servicio de agua potable en Corrientes, La Rioja y Salta, es la única que por estas horas presentó una propuesta formal para operar la concesión que deja Aguas Provinciales de Santa Fe.
Latinaguas
Es una firma que “oficialmente” pertenece a los hermanos Jorge y Pablo Chamas y opera la concesión del servicio de agua y cloacas en las provincias de Corrientes, Salta y La Rioja.
Aguas de Corrientes SA
Esta empresa obtuvo en 1991 y por 35 años la concesión del servicio de agua potable y cloacas en las 10 ciudades más importantes de la provincia. El titular del Ente Regulador de Obras Sanitarias de Corrientes, José Garay, señaló que la gente se queja habitualmente por sobrefacturaciones, pero subrayó que “la ventaja es que los dueños están acá al lado, son correntinos, entonces los problemas se discuten acá”. Garay ha sido acusado por distintas organizaciones no gubernamentales de “excesiva permisividad” en la aplicación de controles a las prestaciones de la empresa.
El titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Corrientes, Nelson Oyarzo, señaló que hay una causa desoída por la empresa que data del año 2003 donde la diputada provincial Araceli Ferreira denunció a Aguas de Corrientes SA por sobrefacturación y aumento tarifario unilateral e ilegal. Esa causa que se denomina “FERREYRA, ARACELI c/ AGUAS DE CORRIENTES S.A. sobre AMPARO”, y cuyo expediente judicial es el Nº 44.970, se tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, de la Ciudad de Corrientes. Luego de esta denuncia la ASOCIACION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE CORRIENTES (AUC) se adhirió al planteo de amparo judicial y la Jueza actuante hizo lugar a la medida cautelar, ordenando que no se apliquen aumentos tarifarios a partir de Enero de 2003. Aguas de Corrientes SA no cumplió la orden judicial, y se giraron entonces las actuaciones al fiscal penal por desobediencia judicial, quien hizo lugar a la misma y dio curso a la denuncia contra todo el directorio de Aguas de Corrientes S.A. por el delito de “incumplimiento de la orden de un juez”, situación que está en trámite.
La empresa Aguas de Corrientes S.A. decidió la desinstalación y cierre de canillas públicas en barriadas populares de Corrientes capital, para mejorar según dijeron la “acción punitiva por el corte del servicio por falta de pago”, y “evitar que los infractores se provean de forma alternativa e ilegal de agua potable”.
Habría en la actualidad un proceso en marcha ante una denuncia de la AFIP por facturación apócrifa contra distintas firmas de la región, donde estarían imputados todos los miembros del Directorio de Aguas de Corrientes S.A. según se desprendería del expediente Nº 76/04 que se estaría tramitando por la presunta infracción del artículo 210, y presuntamente caratulado como “Asociación Ilícita en Concurso Real por Evasión”
Se acusa a la empresa de estar incursa en incumplimiento de contrato ante la no realización de obras en todo el territorio provincial, entre otras y a saber se le imputa la no realización de:
Corrientes: No realizó la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, ni extendió la red domiciliaria en la ciudad.
Goya: No realizó la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales
Curuzú Cuatia: Incumplió la Ley Nacional y Provincial de Fluoración de aguas.
Paso de los Libres: Incumplió la Ley Nacional y Provincial de Fluoración de aguas. Falta de presión por escasez de agua potable en la red domiciliaria.
Se impulsa en la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, bajo el Nº de expediente 2700/05 la Creación de una Comisión Investigadora para el seguimiento de la concesión del Servicio de Agua Potable y Cloacas, y hay un pedido formal de rescisión de contrato impulsado por el “Foro Multisectorial por el Agua y por la Vida”
Aguas de Salta SA
Esta empresa presta desde 1998 y por 30 años el servicio de distribución de agua potable y saneamiento en todas las localidades de la provincia, hasta en las más pequeñas. Analía Machuca, del Ente Regulador de los Servicios Públicos de salta señaló “el servicio no es óptimo y la gente se queja muchísimo porque hay problemas, como cortes de agua, baja presión y pérdida de líquidos en la vía pública”. En el año 2001 se impulsó una renegociación que terminó en Julio de 2004 con un aumento tarifario del 32 por ciento promedio.
Aguas de La Rioja SA
Latinaguas llegó a La Rioja en Diciembre de 1999 mediante un gerenciamiento privado del servicio de agua y cloacas en tres localidades (La Rioja, Chilecito y Chamical), y en abril de 2002 el Gobierno Riojano, no sin poco debate público, le otorgó la concesión global y formal. El año pasado se inauguró en Chilecito la primera planta en la provincia para tratamiento de líquidos cloacales, pero la inversión de casi dos millones de pesos no la realizó la empresa sino el Esrtado Riojano. Jorge Chamas, titular de Latinaguas dijo ese día “en la Rioja nos hemos encontrado con gente que asumió la audacia política de privatizar el servicio y los resultados están a la vista”. El Estado Riojano poniendo dos millones de pesos de todos al servicio de un negocio privado. A eso se refería Chamas. Varios legisladores provinciales, que se opusieron a la privatización señalaron “esos tipos son unos piratas” en referencia a la empresa Aguas de La Rioja SA.
Préstamo del Banco Mundial para apoyar asociaciones público-privadas en ciudades medianas
En junio de 1999, el Banco Mundial le concedió a la Argentina un préstamo de 30 millones de dólares, a 15 años, dirigido a apoyar reformas en el servicio de agua en siete entidades provinciales y municipales de servicio público en ciudades medianas (de entre 50.000 y 500.000 habitantes). Las reformas incluirían la participación del sector privado en la administración y operación, la formación de estructuras regulatorias y la adopción de “normas para establecer tarifas y alternativas de inversión comprobadas para alcanzar mejor a los consumidores pobres”.
Brasil
Un ejemplo de la privatización del agua, vinculada a la corrupción, que produjo un asesinato en Tangará, Brasil
En julio de 2001, Daniel Lopes, concejal de Tangará da Serra, estado de Mato Grosso, fue asesinado cuando salía del ayuntamiento el mismo día en que tuvo lugar la votación que aprobó la privatización del agua. Las primeras investigaciones policíacas relacionaron el asesinato con la oposición de Lopes a la privatización, hicieron salir a luz un gran escándalo de corrupción y condujeron al encarcelamiento de 14 individuos en marzo de 2002, ocho de ellos concejales. Varios concejales encarcelados confesaron haber recibido entre 10.000 y 40.000 reales cada uno a cambio de aprobar la privatización, en la forma de una concesión por 30 años, a favor de Interagua, empresa conjunta de Suez y AGBAR , y participante de Aguas Provinciales de Santa Fe, para prestar servicios de suministro de agua y alcantarillado en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul.
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