LAS PROMESAS SIGUEN SIN CUMPLIRSE EN CARMEN DE PATAGONES

Ya pasaron siete meses de la tragedia en la que un adolescente mató a tres compañeros e hirió a otros cinco dentro del aula de una escuela media. Y una semana desde que un chico de 12 años ingresó con una pistola calibre 32 en una escuela de enseñanza general básica (EGB). Sin embargo, todavía no fue aplicado ningún programa específico para dificultar que los menores accedan a las armas de fuego, como se había prometido oficialmente.

Así, en esta ciudad situada a 950 kilómetros de la Capital, crece la controversia entre la comunidad y las autoridades educativas sobre la violencia escolar y cómo combatirla.

Para la subsecretaria de Educación bonaerense, Delia Méndez, el último de los hechos “en sí mismo podría ser calificado como de violencia social; en lugar de tener armas, en la casa hay que tener más libros”.

El jefe del foro de seguridad municipal, Miguel Novo, no comparte ese diagnóstico. “Que existan armas en las casas no es algo exclusivo de Patagones, sino que pasa en todos los pueblos rurales de la provincia; ocurre que acá hay, obviamente, una sensibilidad especial”, afirmó Novo.

En su opinión, “la responsabilidad recae, básicamente, en el ámbito escolar, que debe ser capaz de detectar los problemas y prevenir adecuadamente situaciones como éstas”, señaló.

Lo cierto es que, tras el asesinato de tres menores y las amenazas proferidas por un alumno armado a sus compañeros, en realidad ni el municipio ni la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense aplicaron ningún programa específico para enfrentar la accesibilidad de los menores a las armas.

Tampoco lo hizo el Ministerio de Educación nacional, luego de que el titular de esa cartera, Daniel Filmus, prometiera aquí la puesta en marcha de un plan para sacar las armas de las manos de los chicos.

Si bien no hay datos estadísticos disponibles, en este distrito de 28 mil habitantes -de los cuales 12 mil son alumnos del sistema educativo- todos admiten que las armas constituyen un elemento habitual en los hogares.

El viernes último, Méndez -la subsecretaria de Educación bonaerense- se encargó de decirlo oficialmente. Llegó hasta Patagones para reemplazar al director general de Escuelas, Mario Oporto, que desistió a último momento de concurrir a la inauguración de una nueva escuela en esta ciudad. Al ser consultada, la funcionaria se negó a hacer paralelismos entre el nuevo episodio y la tragedia ocurrida el 28 de septiembre último en la escuela Islas Malvinas.

“La sociedad no quiere ser engañada y sabe que en las escuelas no están las armas. Las armas están en otros lugares”, dijo. Y aclaró: “Las autoridades educativas tomamos rápidamente las medidas para que ayudaran al niño a salir de este estado, donde es más indefenso que agresor”.

En el otro extremo, el titular del foro de seguridad indicó que “en el caso de la semana última, la escuela no fue capaz de detectar los problemas y prevenir adecuadamente situaciones [violentas]. El chico había sido atendido por el equipo de orientación escolar, que estuvo lejos de conseguir una solución al problema”, opinó.

Falta de acciones

Daniel Leonardi es padre de uno de los chicos heridos en la escuela Malvinas y presidente del Club Jorge Newbery: “Lo que pasó ahora tiene relación con lo que pasó antes, y también con la falta de acciones concretas y efectivas”, se quejó.

“Parece mentira, pero la comunidad no toma conciencia de la peligrosidad que implica un chico con un arma”, se lamentó, por su parte, el intendente local, Ricardo Curetti (PJ). No obstante, el jefe comunal reconoció: “Tenemos que trabajar más profundamente con este tema para ver cómo podemos revertir la cuestión cultural de las armas en las casas”.

Hasta ahora, como se dijo, no hay resultados a la vista. Según Raquel Incaminato, inspectora en jefe del distrito, el principal eje de trabajo desde que ocurrió la tragedia “fue la reconstrucción de los vínculos dentro y fuera de la escuela. En esto hemos avanzado mucho”, consideró. También mencionó el refuerzo a los gabinetes psicopedagógicos, las tareas de acompañamiento para las víctimas y sus familiares, y la articulación de tareas con otras instituciones.

Incaminato defendió la tarea del equipo de orientación escolar al indicar: “Los profesionales concretaron cuatro entrevistas con el chico y dispusieron que realizara un tratamiento psiquiátrico. Incluso, habían pedido turno para el martes, pero un día antes ocurrió lo que todos saben”, dijo. No obstante, la inspectora reconoció que aún no existe un programa para enfrentar las cada vez más frecuentes manifestaciones de violencia y la relación de los chicos con las armas.

A casi una semana del nuevo episodio de violencia escolar, los padres de la EGB Nº 14 -donde cursó la primaria el autor de la masacre de la secundaria Islas Malvinas- esperan aún que las autoridades brinden precisiones sobre lo ocurrido y sobre cómo se trabajará a partir de ahora. “No nos vamos a quedar quietos”, advirtió Alberto Suárez, miembro de la cooperadora. Algunos padres propusieron obligar a la directora del establecimiento, Mónica Cavero, a firmar un acta donde precise qué pasó.

Otro padre, Ciro Miguel, consideró que “es una barbaridad que no nos digan cómo pasaron las cosas y ya pasó toda una semana”.