LAS PROVINCIAS BENEFICIADAS POR LA PROMOCIÓN LANZARON UNA OFENSIVA

En una jornada donde volvieron a realizarse pronunciamientos judiciales a favor del régimen de promoción industrial, los gobiernos de Catamarca, La Rioja, San Luis y San Juan, resolvieron anoche “ratificar la legalidad y justicia” del decreto nacional 1295/03, que dispone la continuidad de los beneficios impositivos para las cuatro provincias que se extienden desde hace más de una década. Por su parte el gobierno santafesino y la Municipalidad de Rosario manifestaron su oposición al régimen especial y se sumaron a la movida encabezada por los mendocinos contra el mecanismo que ocasionó el egreso de tantas empresas de la región (ver aparte).

De la reunión, que duró más de dos horas y media, surgieron tres pronunciamientos, que ponen énfasis en el apoyo al decreto nacional y le bajan el perfil a la oposición de las cuatro provincias a otro decreto, el 1355, que dispuso eliminar la devolución del IVA a las exportaciones que se realicen desde las regiones promovidas.

El acta de los gobiernos sostiene que el decreto 1295 no amplía ni extiende los beneficios del régimen de promoción y tampoco provoca aumento de los costos fiscales del erario nacional.

Sostiene, en cambio, que esa norma tuvo por finalidad “subsanar una situación de injusticia ante la tardanza en efectivizar los beneficios fiscales otorgados en favor de las empresas promovidas”.

Con respecto al decreto 1355, los gobiernos acordaron “poner en funcionamiento una mesa de trabajo dirigida a encontrar a la brevedad mecanismos alternativos que se pondrán en conocimiento del gobierno nacional”.

Con ello se proponen “atenuar el impacto negativo de ese decreto sobre las economías regionales, puesto que estaría afectando el nivel de empleo y la seguridad jurídica de contratos internacionales en curso”.

El pronunciamiento fue firmado por los gobernadores de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral; de La Rioja, Angel Maza; de San Juan, José Luis Gioja y la ministro de Capital y Economía de San Luis, Sandra Pérez, y promueve la “defensa del derecho al desarrollo regional”. Del encuentro participaron también los legisladores nacionales y dirigentes de organizaciones empresarias de los cuatro distritos.

Ninguno de los pronunciamientos de ayer hizo mención a las acciones judiciales, debido a que en la reunión se acordó que esos procedimientos queden a cargo de las entidades empresarias y sindicales, mientras los gobiernos tratarán de buscar una solución política con la administración central, según revelaron fuentes oficiales.

Pedido de explicaciones
La de ayer es la quinta medida cautelar dictada en las últimas tres semanas por jueces federales de tres provincias, acerca de la extensión de la promoción industrial que beneficia a Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis, y mantiene enfrentados a estos cuatro estados con Mendoza, que desde mediados de la década pasada se opone al régimen.

El juez federal subrogante de La Rioja, Rafael Ceballos, declaró ayer “la plena vigencia” del decreto nacional 1295/03, que virtualmente prolongó el régimen de promoción industrial.

El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, requirió ayer al gobernador de Mendoza, César Cobos, que brinde pruebas e identifique a los responsables de las irregularidades que, según denunció en recientes declaraciones periodísticas, cometerían autoridades de las provincias beneficiadas por el régimen de promoción industrial.