LAS PROVINCIAS NO SUBIRÁN SUELDOS NI JUBILACIONES

La decisión del gobierno de Néstor Kirchner de aumentar 50 por ciento las asignaciones familiares y otorgar un pago extraordinario de 200 pesos a los jubilados y pensionados, presentada como el anuncio de “una Navidad felíz”, tiene su contracara en la presión que esa medida ejerce sobre las arcas provinciales.

Según un relevamiento de LA NACION, la mayoría de las provincias no aplicará incrementos similares a los difundidos por el gobierno nacional el lunes pasado.

Aunque algunos gobernadores dijeron que el tema está bajo análisis, casi todos descartaron de plano los aumentos. La falta de presupuesto y las mejoras salariales dispuestas con anterioridad fueron dos de los argumentos más empleados para justificar esa decisión.

Buenos Aires es una de las provincias más complicadas. En los últimos días, en medio de paros docentes y de trabajadores estatales en demanda de aumentos de sueldos, el gobernador Felipe Solá (PJ) deslizó una queja por la decisión adoptada por el gobierno de Kirchner. “Cuando yo vengo contando las moneditas, ellos toman esta medida”, dijo Solá el jueves, y agregó: “Los envidio un poco; las posibilidades presupuestarias de la provincia son menores que las de la Nación”.

También el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota (PJ), se negó a aplicar la misma política salarial del gobierno nacional. Descartó la posibilidad de imitar las medidas nacionales porque -según destacó- los jubilados cordobeses están mejor remunerados.

“Los jubilados nacionales, pobrecitos, cobran muy poquito: la jubilación mínima es de 250 pesos; en cambio, nuestros jubilados tienen un haber mínimo de 560 pesos, es decir, el doble de lo que cobra un jubilado nacional”, dijo.

Con un dejo de picardía, De la Sota agregó: “Ojalá que el Presidente dejara esa bonificación para siempre y fuera un aumento y no un premio ocasional porque ellos están muy retrasados con respecto a los jubilados de Córdoba”.

La dura pelea que enfrentó a Solá con el gobierno kirchnerista a mediados de año -en medio de la cual el gobernador adujo que en la Casa Rosada no le atendían el teléfono- tuvo un origen similar a la situación actual: luego del anuncio de un aumento para los estatales nacionales, la provincia de Buenos Aires intensificó su reclamo a la Nación por recursos adeudados que servirían para hacer frente a aumentos salariales.

CONDICIONAMIENTO

Algunas administraciones, como Mendoza y La Rioja, condicionaron cualquier aumento a una ayuda financiera de la Nación.

El gobernador riojano, Angel Maza, descartó que hubiera aumentos en los salarios y en las asignaciones familiares (dijo que dependen de una “asistencia financiera” especial de la Nación) y resaltó el pago extraordinario de 100 pesos que dispuso para los estatales riojanos.

Este argumento -el de los aumentos aplicados en el último tiempo- fue el empleado por gran parte de las administraciones provinciales. Santa Fe, Formosa, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén y Santa Cruz son algunas de las provincias que enarbolan esa posición.

En algunos casos, como los de Catamarca, Santiago del Estero y el ya mencionado de La Rioja, la mejora salarial se dispuso en forma de una asignación única de 100 o 150 pesos para fin de año.

Otros distritos provinciales, como San Juan y Jujuy, difundieron que sus gobiernos están estudiando la posibilidad de mejoras en salarios y jubilaciones.

En Misiones, el aumento de 100 pesos a los empleados estatales dispuesto por la Legislatura provocó un conflicto político en la provincia cuando el gobernador Carlos Rovira -aliado del presidente Kirchner- adelantó que no avalará ningún incremento y calificó de “irresponsables” a los diputados de la oposición que sancionaron esa ley porque -según dijo- la provincia no cuenta con los recursos necesarios.

Por su parte, los representantes de los principales gremios estatales consideraron un avance el aumento anunciado por el Presidente, pero lo calificaron de insuficiente dada la actual coyuntura económica.

Además, advirtieron que la conflictividad social, tanto en las provincias como en las dependencias nacionales, va en aumento.

“Hay un desentendimiento del Poder Ejecutivo con el tema de la distribución; son como dos países: la Capital y las provincias ricas por un lado, y el resto por otro”, dijo a LA NACION Pablo Micheli, secretario general -a nivel nacional- de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal gremio de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Por ello reclamó al Gobierno la creación de dos fondos federales -uno para los salarios y otro para la seguridad social- que ayuden a las provincias a equiparar los beneficios otorgados por la Nación.

Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), consideró que “el tema es dispar: algunas provincias intentan hacer alguna mejora y otras no han abierto la boca”.

Para Micheli, están creciendo los conflictos por esa cuestión. “La gran mayoría de las provincias está de paro y movilización porque los provinciales quieren lo mismo que los nacionales y los privados”, sentenció.