LAS PROVINCIAS RECHAZAN CAMBIOS EN EL REPARTO DE LA RECAUDACIÓN

El Gobierno ya registra un incumplimiento para la próxima revisión del acuerdo con el Fondo Monetario. Antes del 31 de marzo, la Nación debía haber consensuado con las provincias el nuevo proyecto de ley de coparticipación federal. Pero el borrador sólo cosechó críticas entre los gobernadores. Y con la crisis desatada por la conducción del justicialismo, las posibilidades de avanzar pronto en un acuerdo que destrabe el nudo parecen remotas.

En el acuerdo con el FMI, se estipulan tres tiempos para la nueva ley de coparticipación. En marzo, el proyecto debió haber sido consensuado. En mayo, debe ingresar al Congreso. Y en agosto, tiene que ser aprobado. Como la meta de marzo forma parte de los “criterios estructurales” que Argentina tiene que cumplir, el retraso podría derivar en el pedido de un “waiver” (perdón) al FMI. Ahora, la duda es si alcanza el tiempo para cumplir con la meta de mayo.

En el régimen actual, la coparticipación incluye una masa de impuestos —IVA, Ganancias, Bienes Personales, Impuestos al Cheque, entre otros— que el Gobierno distribuye a las provincias en forma automática. Hasta ahora, el reparto es del 57,3% para las provincias y del 41,6% para la Nación. El 1% restante se destina a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el Gobierno nacional puede distribuir según su conveniencia. Pero según datos de la consultora Economía & Regiones, entre 1992 y el 2003, las provincias recibieron el 41% de los fondos coparticipables, mucho menos de lo previsto en la ley. Esto ocurrió porque, para tapar agujeros fiscales, los gobiernos fueron dictando normas que recortaban recursos provinciales.

Con la nueva ley, la expectativa era barajar y dar de nuevo. Pero los gobernadores se encontraron con que el proyecto no contiene cambios sustanciales sobre el reparto actual. Se dispone que los fondos coparticipables no bajarán de 19.800 millones de pesos, el monto repartido en el 2003. De ese total, el 90% se repartirá según el esquema vigente. El 10% restante se distribuirá en un régimen de premios y castigos para beneficiar a las provincias que demuestren mayor eficiencia fiscal.

Pero, además, el nuevo proyecto incluye una serie de puntos que despiertan rechazo de parte de los mandatarios:

La creación de un Fondo de Equidad Social. Durará 10 años y se alimentará del 24% del excedente que se logre sobre el piso de coparticipación del 2003. Con ese monto —que reuniría 1.500 millones de pesos— se encararán obras para atender necesidades de infraestructura del norte argentino y a atender la deuda social en las grandes ciudades. Estos fondos serán administrados solo por la Nación. Las provincias se quedan afuera del manejo de este dinero.

Se excluyen las retenciones a las exportaciones del reparto con las provincias (ver El eje de la disputa son las retenciones).

Las provincias demandan también que se incluya una mención específica a la reestructuración de las deudas por 6.000 millones de pesos, que vencen con la Nación en el 2005.

Para diseñar la nueva ley, el Gobierno armó una comisión tripartita, que no logró avanzar en las negociaciones.

“La coparticipación no es prioritaria ahora. Si la Nación quiere que avancemos, va a tener que venir a negociar en todos los frentes”, reveló el asesor de un mandatario provincial, consciente de que el apuro del Gobierno tiene que ver con la presión del Fondo Monetario.