LAS PROVINCIAS RECIBIRÁN 722 MILLONES DE PESOS MÁS

Con apenas cuatro normas el Gobierno modificó el presupuesto 2004 de manera significativa: por incrementos de la recaudación y algún favor del Ejecutivo, las provincias tendrán casi $ 722 millones más para gastar. Y por un decreto de necesidad y urgencia se destinaron $ 35.582.600 para pagar deudas de ATC residual. En este caso no hubo aumento del gasto, ya que se recortaron partidas que eran para pagar otras deudas.

También hubo algunos recortes en partidas para deudas para agregarles dinero a las provincias. Parece el retorno de un viejo mecanismo para que el Ejecutivo haga y deshaga a voluntad con algunas partidas. Se las incluye en el rubro de Obligaciones a Cargo del tesoro, y luego desde allí se las mueve para lo que se desea. Una ley prohibió esa práctica hace unos años, pero un decreto de necesidad y urgencia restableció el manejo discrecional en julio pasado.

A ese tipo de manejo también se apeló para agregarle fondos a la Prefectura, la Policía Federal, el Registro Nacional de las Personas y la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Tanto a la policía como al registro y la Sigen se los exime de cumplir con los límites al gasto en personal contratado que tenían en el presupuesto de este año.

En el caso de las provincias, la mayor parte del incremento del gasto se financia con el alza de la recaudación, en especial por la porción del impuesto a las ganancias que por ley se destina al Fondo del Conurbano. Pero fuentes de la administración bonaerense señalaron que el gobernador, Felipe Solá, no tiene nada para festejar. Ocurre que el Fondo del Conurbano tiene un techo de $ 650 millones anuales y lo que excede a esa suma se reparte entre las demás provincias.

Pero además de lo que provee la recaudación, el Gobierno decidió agregar algún dinero para las provincias recortando 557.800 pesos que originalmente estaban destinados a ser gastados por la Nación en el pago de becas.

El aporte a ATC debió ser realizado con un decreto de necesidad y urgencia, puesto que los poderes delegados por el Congreso en el jefe de Gabinete no le permiten hacer tal modificación. En cambio, en los dos restantes casos bastó con una decisión administrativa firmada por Alberto Fernández.

Para los fondos con afectación específica destinados a las provincias es necesaria una medida que permita subir el gasto cuando hay más recaudación, dado que, a diferencia de lo que ocurre con la coparticipación, están incluidos en el presupuesto nacional. En el caso de ATC residual jugó también el hecho de que los pagos debe hacerlos el Ministerio de Economía, que no tenía partidas. Entonces de decidió hacer el cambio que los superpoderes no le permiten al jefe de Gabinete. En los fundamentos del decreto de necesidad y urgencia se señala que por la premura con que hay resolver el problema “hace imposible seguir el trámite ordinario previsto en la Constitución Nacional”. No queda claro, sin embargo, por qué hay que correr para cancelar pasivos que, tratándose de la ex ATC, seguramente son de vieja data y podrían haberse incluido perfectamente en la ley de presupuesto.

La decisión administrativa 623 también hizo un cambio que llama la atención. Recortó $ 60 millones destinados al pago de intereses de la deuda pública para asignarlos al pago de amortizaciones.

Particularidades

Otra particularidad hubo en el caso de la autorización a la Sigen para que gaste hasta $ 3.5000.000 en personal contratado. La norma es la decisión administrativa 618. Como en la 623 y la 624 aparece la firma de Lavagna, además de la de Alberto Fernández. Pero en la 618 se afirma que no hay un aumento de partidas, ya que el gasto total del organismo de control no se incrementará.

No se aclara en la norma qué es lo que se recorta o se subejecuta para lograr que el mayor gasto en contrataciones de personal no eleve las erogaciones totales.

En otra norma además se agregaron $ 5.192.000 para la Secretaría de Deportes, como resultado de ingresos mayores a los previstos generados por la explotación de juegos de azar.

En este caso, Alberto Fernández firmó para aumentar las partidas de que dispone una jurisdicción que depende directamente de él.