LAS PYMES ADVIERTEN QUE INVERTIRÁN MENOS POR FALTA DE INCENTIVOS FISCALES

No es que las pymes vayan a dejar de invertir, pero desembolsarán menos de lo pensado. Esa es la consecuencia, según los empresarios del sector, que tendrá la decisión de los senadores oficialistas de demorar el tratamiento del proyecto de ley que desgravaría las ganancias reinvertidas por las pequeñas y medianas empresas, preocupados porque el costo fiscal de esa medida reduciría aún más el saldo positivo de las cuentas públicas y, por consiguiente, alentaría la inflación. En el bloque del PJ deslizan que el Gobierno así lo sugirió.

“Creíamos que era una ley eficaz”, se lamenta el vicepresidente pyme de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Luis Basso. “Quién sabe si habrá menos recaudación, porque con la ley se invertiría más, se produciría más y así habría menos inflación, además de que habría más recaudación”, razona el también dueño de una autopartista de Rafaela (Santa Fe), que había debatido sobre la iniciativa con su mentor, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, y con su sucesora Felisa Miceli. Ella le había prometido que la norma regiría a partir del mes próximo.

Parece que la ministra cambió de opinión ante el mayor crecimiento de los gastos que el de los ingresos en los primeros cuatro meses del año. Dos voceros del Palacio de Hacienda dijeron que desconocían que desde allí se hubiera dado la orden al bloque de senadores del Frente para la Victoria de frenar el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero legisladores oficialistas dan a entender que así fue.

“Tenemos varias observaciones al proyecto, como el costo fiscal y la falta de estímulo a las compras de bienes de capital nacionales”, admitió el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Jorge Capitanich (PJ-Chaco), a quien el jefe de su bancada, Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro), le pidió que estudiara en profundidad el impacto que tendría la ley en la recaudación. Un vocero de Pichetto aclaró que la decisión de demorar la iniciativa fue adoptada por todo el bloque para “estudiar con detenimiento su alto costo fiscal”.

Alcance relativo

No está definido y los cálculos extraoficiales oscilan entre 600 millones y 1500 millones de pesos por año. La norma beneficiaría a las 600.000 pymes que están en blanco, de un total de un millón.

De todos modos, los planes de la inversión de las pymes no dependen de la sanción de la ley, según coinciden Basso; el presidente de la Confederación General Económica (CGE), Marcelo Fernández, y el de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide. “La ley era un incentivo: en vez de comprar una máquina, te podía llevar a comprar dos”, observa Fernández. El jefe de la CGE reconoce que “si la economía crece y se reindustrializa, hay inversión”, pero si un empresario tuviera la opción de usar sus ganancias para dárselas al Estado o para adquirir más tecnología, optaría por esto último.

Cornide considera que el congelamiento del proyecto de ley “no tiene consecuencias” en las decisiones de los empresarios: “La mayoría no está enterada de la norma, no es un tema de fondo y además su efectividad está subordinada a cómo se reglamenta”. Por eso, el presidente de la CAME considera que “el que está dispuesto a invertir va a hacerlo igual mientras haya demanda”. Sin embargo, admitió que “era un estímulo importante”.

En cambio, Basso confiesa que muchos hombres de negocios le habían comentado que estaban esperando esta ley para reforzar sus inversiones. “Una parte de la inversión tenés que hacerla porque tiene que ver con el nivel de actividad, que está siendo bueno. Y otra parte tiene que ver con la vocación de hacer crecer la empresa, y para eso se está esperando a la ley”, explicó el fabricante de válvulas que acaba de cerrar un acuerdo de provisión con la japonesa de motos Kawasaki.

“Pensé que el proyecto tenía el apoyo del Ejecutivo”, se sorprendió Fernández. “Habrá visto números que nosotros no vemos”, agregó.

La iniciativa establece que sólo se beneficiarían aquellas pymes que además de invertir incrementaban su dotación de personal. “Era un buen incentivo a generar más empleo y producción, lo que a su vez subiría la recaudación. Las empresas ganaríamos más y pagaríamos más impuesto a las ganancias”, opina Fernández.