LAS TUMBAS SIN NOMBRE EN SANTA FE

La diputada Alicia Gutiérrez presentará hoy un proyecto para que una ley preserve las tumbas sin nombre de los caídos en los años del terrorismo de Estado, entre 1976 y 1983, y los documentos oficiales en la provincia que se guardan en archivos públicos ‑el Registro Civil, municipios, libros de la Policía y expedientes judiciales‑ que permitan identificar a desaparecidos durante la dictadura militar. “El Estado cometió uno de los crímenes más atroces contra la humanidad: la desaparición forzada de personas”, dijo la legisladora del ARI. Y fundó su iniciativa en un derecho que viene desde el principio de los tiempos: el derecho al duelo. Pero que en la Argentina fue negado a miles de personas que aún hoy sufren no sólo “ausencia” de sus familiares sino también “la no certeza” de su destino final. “Al no haber un límite entre la vida y la muerte, las consecuencias fueron más atroces que la muerte”, enfatizó.

El proyecto de Gutiérrez obliga al Registro Civil a relevar las partidas de defunción de los NN que sufrieron muerte violenta entre 1976 y 1983 y a los municipios de la provincia a preservar esas tumbas sin nombres que existen en los cementerios desde esa época, en las que sólo podrán disponer de los restos con intervención de un juez competente. La legisladora pretende también que el Estado preserve toda la documentación que tiene en su poder: libros policiales, archivos fotográficos y de huellas dactilares, y lo mismo haga el Poder Judicial porque se trata de delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. El objetivo es uno solo: identificar a personas desaparecidas.

Gutiérrez contempla también una activa participación de la Secretaría de Derechos Humanos. “Miles de personas desaparecieron durante la dictadura militar. El Estado argentino cometió uno de los crímenes más atroces contra la humanidad: la desaparición forzada de personas”, apuntó la autora del proyecto.

“Las heridas abiertas, las secuelas que difícilmente puedan cicatrizar, las muertes que no pueden ser marcadas como muertes por que sus familiares no pudieron hacer el duelo dejaron aún más dolores que la propia ausencia: la no certeza. A los vivos los dejó medio muertos en medio de la vida. A los muertos los dejó medio vivos en la esperanza de la aparición con vida”, señaló.

“Al no marcar claramente el límite que separa la muerte de la vida, sus consecuencias fueron aún más atroces que la propia muerte”, insistió la diputada Gutiérrez.

“La búsqueda de verdad, incluye la certeza, que con sus aristas más crueles puede traer luz y sosiego por estos compatriotas sobre los que aún no tenemos respuestas: ¿Dónde los tuvieron? ¿Quiénes los secuestraron? ¿Quiénes fueron los responsables?”. Y en esa línea -agregó‑, “corresponde al poder estatal” indagar la verdad y “reparar, en lo posible, los crímenes del terrorismo de Estado durante la dictadura militar”.

Estos son los puntos sustanciales del proyecto:

* Establece con carácter obligatorio un registro de partidas defunción de NN por muerte violenta en la provincia, en el período 1976/1983 (artículo 1).

* El relevamiento estará a cargo del Registro Civil que tendrá 60 días para concluirlo y notificar sus resultados a la Secretaría de Derechos Humanos (artículo 2).

* Los municipios y comunas deberán hacer también un relevamiento similar de tumbas NN del mismo período, en este caso bajo responsabilidad del intendente o del presidente comunal (artículo 3).

* Los resultados de ese registro en los cementerios municipales y comunales deberán ser comunicados a la Secretaría de Derechos Humanos (artículo 4).

* “Sobre las tumbas NN encontradas, no podrá iniciarse acción alguna, sino en virtud de orden escrita de autoridad judicial competente” (artículo 5).

* “La colección de los datos definitivos, su ordenamiento, resguardo y publicidad será responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos”. (artículo 6).