LATIN AGUAS PIDIÓ UN CANAL DE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

El Ingeniero José Manuel Kertz, titular del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), confirmó que hay un grupo interesado en comprar el paquete de los tres de los accionistas de “Aguas Provinciales” (Suez, Aguas de Barcelona e Interaguas).

En ese sentido indicó, que los interesados en adquirir las acciones “lo pueden hacer con autorización previa del Poder Ejecutivo. Es más complicado lo que nosotros llamamos cambio de operador porque debe cumplir una serie de requisitos previos”. Si bien, el ingeniero aseguró que ese movimiento se puede hacer porque el contrato lo prevé pero con autorización del Ejecutivo. “Esto esta previsto en un contrato que funciona normalmente, pero nosotros tenemos un contrato en crisis. En ese marco, esta vigente el contrato donde indica que esta sometido a renegociación en términos de la ley nacional donde hay que interpretar todo lo que está pasando” aseveró.

En diálogo con LT9, Kertz advirtió: “nos llegó la nota de Latin Aguas donde indica que está en conversaciones con Aguas Provinciales para la compra del paquete accionario, que pretende ser operador del servicio en Santa Fe e invoca su condición de prestador en Corrientes, Salta, La Rioja, y Perú. Además, solicitan al Gobierno un ámbito de interlocución para expresar los planteos en cuanto al contrato para poder llevarlo a cabo” agregó Kertz.

En el mismo sentido, reiteró que “es una negociación entre privados pero las modificaciones (al contrato) deberán hacerse teniendo en cuenta la ley nacional. Hay un plazo para la rescisión que invoca Aguas Provinciales, en caso de que se cumplen los 90 días y no prospere, puede haber dos caminos: la aceptación o el rechazo del término de los servicios. En el Poder Ejecutivo se marcaron varias posibilidades, pero cualquiera sea la resolución que se tome, al otro día se debe seguir prestando el servicio”.

Con respecto a la actual prestación del servicio, el titular del ENRESS confirmó que “se detectó más lentitud en la respuesta a los reclamos de usuarios y una demora en la solución de problemas en la vía pública”.