LAURA COSIDOY: "HAY POLICÍAS QUE COBRAN POR PROTEGER Y QUE HACEN VENDER SU PROPIA DROGA"

La jueza federal Laura Cosidoy amplió ayer sus graves imputaciones acerca de la complicidad de policías provinciales con traficantes de droga. La magistrada, que integra el tribunal que el lunes ordenó investigar a dos importantes jefes de Inteligencia de Drogas Peligrosas, sostuvo que hay policías que cobran para brindar amparo a los proveedores de narcóticos y que hasta los hacen concretar negocios en su provecho. “Se cobra por favorecer. Pero también hay funcionarios policiales que no sólo cobran una cuota a cambio de protección sino que les dan a los traficantes su propia droga, que son remanentes o retazos de los procedimientos, para que las vendan en su beneficio”, le dijo a La Capital.

Al hablar de funcionarios la magistrada no acota las prácticas denunciadas al dominio de los sectores policiales inferiores sino que las ubica también en niveles escalafonarios superiores de la fuerza. Y señaló que el gobierno tiene responsabilidad. “Hay complicidad en no combatir el tráfico de drogas”, sostuvo, actualizando algo que ya había advertido en diciembre de 2003: la falta de voluntad política, en su criterio, de dar una lucha más intensa contra el narcotráfico.

El resonante planteo de la jueza publicado ayer en este diario casi no fue contrastado desde la conducción política de la policía provincial. El responsable de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Santa Fe, Hugo Baigoría, no contestó el teléfono. El centro de los gruesos reproches de Cosidoy había apuntado a la repartición que él comanda. Solamente se avino a hablar del caso la jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, quien dijo que había ordenado actuaciones a raíz de los dichos de la magistrada (ver aparte). Perazzo señaló que no le constan las imputaciones de Cosidoy. Y disintió con la valoración que la magistrada hizo de la reforma interna anunciada en Drogas Peligrosas en diciembre de 2003. En cuanto a la eficacia para desterrar esa corrupción interna, Cosidoy le había atribuido un nulo impacto.

El inseparable contexto de las declaraciones de la jueza es un fallo emitido el lunes por el Tribunal Federal Oral Nº1 que, al concluir un juicio oral por drogas, ordenó abrir causas penales contra los responsables de la investigación policial. Que, precisamente, no son policías de bajo rango sino altos oficiales de la fuerza. Uno de ellos es el comisario mayor Alberto Antegiovanni, ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la provincia. El otro es el comisario Carlos Rodríguez, que ocupaba el mismo rol en Rosario. El tribunal también requirió investigar a dos comandantes de Gendarmería. Y pidió actuaciones contra un juez a quien reprocha incumplir con medidas ordenadas por la Cámara de Apelaciones en esta causa, y también contra un fiscal por no investigar a personas que, pese a aparecer en las escuchas telefónicas de aquella pesquisa, ni siquiera figuraron como imputados en la causa.

Las principales acusaciones de la jueza contra los policías provinciales se sintetizan en estos puntos:

u Hay un alto nivel de tráfico de droga que no condice con la siempre menor cantidad de casos que llegan a juicio ni con el número de las personas juzgadas.

u Los procedimientos se cortan siempre en los eslabones más bajos de la cadena -consumidores, transportadores y distribuidores pequeños- que son los que terminan acusados.

u Nunca se llega a los grandes proveedores porque las investigaciones de la policía se interrumpen antes. Esto se produce porque hay acuerdos entre investigadores policiales y narcos donde a cambio de dinero los primeros encubren a los segundos.

u La reestructuración de Drogas Peligrosas de diciembre de 2003 fue apenas una reasignación de destinos que no impidió que policías cuestionados por sus prácticas siguieran desarrollándolas. En aquel momento se anunció que el 80 por ciento del personal sería recambiado. “En Rosario cambiaron a dos o a tres”, dijo Cosidoy.

En el juicio que terminó el lunes pasado también fueron severamente cuestionados los comandantes de Gendarmería Nacional Francisco Ramón González y Oscar Alfredo Ochova. Al último lo señalaron directamente como posible participante del delito de tráfico de estupefacientes.
En las escuchas telefónicas ordenadas en la investigación -se trataba de un tráfico de cocaína desde Salta a Rosario- aparecen muchas personas que no llegaron al juicio y jamás fueron investigadas. “Hubo el caso grosero de una persona que llegó al juicio como testigo pero que aparece en las escuchas telefónicas como aparentemente involucrado en el tráfico. Esta persona fue inicialmente imputada en la investigación policial. Pero de un plumazo, en cuatro renglones, quedó desvinculado sin que se expliquen los motivos”, señaló Cosidoy. Por esta situación irregular fue responsabilizado el comisario mayor Antegiovanni.

Desde 2003 hubo varios casos de juicios donde los investigadores pasan a ser investigados por las irregularidades de sus procedimientos. Según Cosidoy, nunca las órdenes de investigar estas anomalías -que a veces obligaron a la anulación de las acusaciones- produjeron resultados.