LAVAGNA ESPERA A RATO CON LAS METAS MÁS QUE CUMPLIDAS

Lavagna busca frenar la presión del FMI para que se reduzca la quita de la deuda.

El sector público nacional alcanzó en julio un superávit primario –ingreso menos gastos sin computar pagos de deuda– de 1.656,2 millones de pesos, y con ese resultado la Argentina acumuló en siete meses un ahorro fiscal de 13.491,7 millones de pesos, cuando la meta a alcanzar en todo el año comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está estimada en 10.800 millones.

Así lo informó ayer la Secretaría de Hacienda, que precisó que la pauta fijada con el organismo para todo el año observa un sobrecumplimiento de casi 2.700 millones de pesos cuando aún restan cinco meses para la finalización del ejercicio anual.

Con esos datos en la mano, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, recibirá el próximo 31 de agosto al número uno del Fondo, Rodrigo Rato, que viene para intentar encarrilar el acuerdo suspendido a partir de los desencuentros por el manejo de la deuda, lo que equivale a decir el destino de gran parte de los fondos públicos.

El fuerte superávit alcanzado en julio tiene base en el buen comportamiento de la recaudación impositiva, que alcanzó a 8.704,3 millones de pesos, mostrando un alza de 33,8 por ciento con respecto a igual mes del año pasado.

A raíz de este comportamiento fiscal, el FMI –por presión de países miembros del Grupo de los Siete (G-7)– pretende que la Argentina aumente el superávit fiscal para los años 2005 y 2006 y, en consecuencia, reduzca la quita del 75 por ciento propuesta a los acreedores. Pero el gobierno ratificó que mantendrá su posición de ceder hasta un 3% del PBI como superávit primario para atender compromisos de deuda y, para que quede claro su posición, aumentó los gastos corrientes, entre otras decisiones, elevando en 10 por ciento las jubilaciones por debajo de los 1.000 pesos.

Con respecto a los números difundidos ayer, el total de ingresos del sector público (sumado el Tesoro, organismos descentralizados, instituto de seguridad social, Pami y otros) trepó a 9.291,9 millones de pesos, y los gastos llegaron a 7.383,7 millones de pesos. Para el pago de deuda que se está cancelando regularmente se derivaron 203,7 millones de pesos.
El número uno del Fondo estará por pocas horas en Buenos Aires, pero desplegará una intensa agenda, que contempla entrevistas con el presidente Néstor Kirchner, con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y con el presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay.

Durante su estadía en el país, Rato reiterará los reclamos del Fondo para que Argentina acelere una serie de reformas económicas, que pasan por ajustar las tarifas de servicios públicos, la coparticipación de impuestos y el acuerdo con los bonistas.

Mientras, el proceso de canje de deuda podría iniciarse recién en noviembre, dos meses después de lo previsto, por demoras en la aprobación de la oferta en Estados Unidos y Europa. El Ministerio de Economía tenía previsto lanzar la propuesta en setiembre próximo y por espacio de 45 días, para que en ese lapso los bonistas decidan si la aceptan o no. Pero, de acuerdo con lo expresado por fuentes del Palacio de Hacienda, la oferta estará lista y aprobada en Estados Unidos y Europa a principios de noviembre.

La Comisión de Valores de Estados Unidos recibirá en unas dos semanas el formulario que aún debe elevarle el gobierno argentino para lograr la aprobación en ese mercado de los llamados nuevos bonos “post default”.

Devolverían pagos de la deuda externa por 1.450 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) podría devolver al país pagos por 1.450 millones de dólares que ese organismo debe cobrar en lo que resta del año, en una medida que se tomaría días antes de la llegada al país del director gerente del organismo, Rodrigo Rato, previsto para el 31.

Esta disposición se habría establecido mediante una serie de contactos que mantuvieron el español Ernesto Ramírez Rigo –nuevo representante del Fondo en la Argentina, en reemplazo del venezolano Luis Cubbedu– y funcionarios del Palacio de Hacienda.

Según trascendió, el acuerdo que la Argentina firmó con el Fondo hace casi un año contempla mantener la deuda constante, es decir no otorgar nuevos créditos (por parte del organismo multilateral) ni cancelar capital (por parte del gobierno).

Si bien el tema todavía no fue confirmado oficialmente, el gobierno espera que la medida que anunciaría el Fondo sirva para dar una señal política a los mercados acerca de la coyuntura nacional, un gesto que podría colaborar para destrabar la renegociación de la deuda pública con los acreedores privados.

Sobre todo porque tras la decisión unilateral del gobierno –que recibió el apoyo del empresariado argentino– de postergar, al menos hasta el año que viene, las negociaciones, muchos inversores empezaron a dudar sobre la voluntad de la administración de lograr un acuerdo que le permita al país salir del default.