LEY DE EDUCACIÓN: LA IGLESIA NO QUIERE GRANDES CAMBIOS

La reforma de la Ley de Educación se convirtió para la Iglesia en una prueba de confianza respecto del Gobierno. El ministerio de Educación les comunicó a los obispos que aquellos aspectos de la normativa vigente que más valora el catoli cismo como la defensa de la enseñanza privada y la apertura a los valores trascendentes —soporte de los aportes estatales a los colegios confesionales— de ninguna manera serán tocados.

La Iglesia siempre evaluó positivamente los principios de la Ley Federal de Educación que reflejaron las conclusiones del Congreso Pedagógico Nacional en el que las escuelas católicas participaron masivamente. Dicho de otro modo: la proyectada reforma —según dijeron los funcionarios— sólo se limitaría a aspectos pedagógicos, que exigirán la participación de especialistas.

Eso no quiere decir que el catolicismo proyecte marginarse del debate. Organismos como el Consejo Superior de Educación católica (Consudec), que agrupa a los 2.500 colegios católicos, elaboró su propia propuesta. La Coordiep (agrupa a los colegios de todas las religiones) también preparó la suya. Hay muchos acuerdos y algunas disidencias con el borrador del Ministerio. Pero ningún desacuerdo grave.

Confiados, pues, en la palabra del ministro Daniel Filmus —a quien le creen—, los obispos no saldrán con los tapones de punta. Pero las prevenciones existen y se refieren a la actitud de ciertos legisladores del kirchnerismo pero, sobre todo, a la posición de la CTERA y su titular, Hugo Yasky, que no parece contentarse sólo con cambios pedagógicos.

Con todo, la Iglesia formula en voz baja dos cuestionamientos a la reforma. El primero se refiere a la necesidad de llevarla adelante. Los obispos consideran que la norma es perfectible pero que los cambios pueden hacerse sin modificar la norma. Y no creen que la ley vigente sea la madre de todos los males. “Hay puntos que no se aplicaron”, dicen. “Además —agregan—, la Capital Federal no aplicó la ley y no puede decirse que la educación no se haya deteriorado”.

El otro cuestionamiento es por los plazos del debate. “Son extremadamente exiguos como para garantizar un análisis profundo y participativo”, señalan. Más aún: creen que difícilmente se sancione la nueva norma antes de fin de año y, en todo caso, si se lo logra, la nueva legislación no será el producto de una reflexión suficiente. En ese sentido, la premura oficial mueve a cierta desconfianza en la Iglesia sobre el alcance de los cambios y la posibilidad de que se modifiquen cuestiones importantes para la educación católica. Por ahora, la actitud de los obispos es de confianza vigilante en momentos en que el Gobierno viene dando señales de no tensar la relación con a Iglesia.