LEY SOBRE EL PAMI, OTRA PELEA EN PUERTA

La iniciativa fue votada en mayo de 2005 en el Senado y figura en la lista de temas previstos para las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados. La disputa giraría principalmente en torno a la integración del directorio de la obra social de los jubilados.

El proyecto que tiene media sanción establece un directorio de cinco miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, uno por la CGT y otro por los jubilados. En ese esquema, el Gobierno tendría un claro control del organismo. Como sucede con el Consejo de la Magistratura, eso es precisamente lo que le cuestiona al oficialismo en relación al PAMI un sector de la oposición.

La CTA de Víctor De Gennaro, por ejemplo, impulsa un directorio de ocho: cuatro jubilados, dos trabajadores activos y dos representantes del Ejecutivo. El proyecto que prepara la CGT de la mano de Luis Barrionuevo es muy parecido. El ARI —partido al que pertenecía Graciela Ocaña antes de sumarse al oficialismo como interventora del PAMI— también se opone a raíz de la preeminencia del Estado.

“La discusión central es quién maneja el PAMI, algunos quieren volver a tener el control para retomar los negocios que ahora ya no pueden hacer. Que lo maneje el Estado es la única garantía de que va a ser una obra social y no una caja política”, dicen en el organismo al defender la iniciativa.

Poco después de asumir, la depuración del PAMI se convirtió en una de las prioridades políticas de Néstor Kirchner. El Gobierno logró desplazar a los hombres de Barrionuevo e intervino el organismo con la promesa de realizar cambios de fondo.

Para esa época, el PAMI llevaba sólo seis meses de normalización y tenía un directorio de once miembros: siete jubilados, dos integrantes de la CGT y dos representantes del Ejecutivo.

Pasó la gestión de Juan González Gaviola y Kirchner no pudo cumplir con su anuncio de normalizar en seis meses la obra social más grande del país. En enero de 2004, el Gobierno sorprendió cuando puso al frente del organismo a Ocaña.

El 30 de marzo de 2004, la nueva interventora mandó al Congreso un proyecto de normalización que contemplaba un directorio de ocho miembros: cuatro del Ejecutivo, dos jubilados, un trabajador de la CGT y otro de la CTA. Después de analizar el tema durante más de un año, el Senado le hizo modificaciones para imponer, prácticamente por unanimidad, una conducción de cinco integrantes.

Habrá que ver qué pasa ahora en Diputados. Los radicales ya respaldaron la iniciativa en la Cámara alta, el ARI anticipó su oposición y la alianza de centroderecha que encabeza Mauricio Macri todavía no anticipó cuál será su posición.