LEYES DEL PERDÓN: EL GOBIERNO AUMENTA LA PRESIÓN SOBRE LA CORTE

El Gobierno subió la apuesta en su avance para que se juzgue a los responsables de la represión durante la dictadura. El día después de la liberación de ex represores detenidos y de la decisión de la Cámara Federal porteña de reabrir las causas de la ESMA y el Ejército, el presidente Kirchner hizo votos a favor de “restaurar la justicia” en el país. Y dos de sus ministros pidieron que se acelere el demorado fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de las leyes del perdón.

En declaraciones a la prensa luego de participar de un acto de firma de convenios en la Casa de Entre Ríos, Kirchner afirmó hoy que con la nulidad de las leyes del perdón aprobada por el Congreso se abre la “posibilidad de restaurar la justicia en este país”. Y subrayó, en una clara muestra de su posición sobre la constitucionalidad del Punto Final y la Obediencia Debida: “Quiero que podamos enorgullecernos de haber terminado con la impunidad”.

Un día después de la decisión de la Cámara Federal porteña de reabrir dos causas vinculadas con la represión ilegal de la década del 70, el jefe de Estado consideró que ahora se va a saber “qué pasó en ese capítulo negro de la Argentina”.

Kirchner reiteró que “en un país que no tiene memoria y que no tiene justicia es muy difícil construir el futuro”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, advirtió hoy -en otra clara señal hacia la Corte para que resuelva sobre las llamadas leyes del perdón- que “en los países serios” los pronunciamientos de la Justicia “no se demoran eternamente”.

De todas maneras, Beliz suavizó su declaración cuando resaltó la necesidad de respetar la “independencia” del Poder Judicial. Y sostuvo que “la Corte tiene que decir lo suyo de la manera que lo crea más conveniente y actuando de acuerdo a derecho”.

En declaraciones formuladas en el Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), de Villa Martelli, Beliz subrayó que “lo que consiste como normal funcionamiento de las instituciones son pronunciamientos que no se demoran eternamente”. Y puntualizó: “Nosotros esperamos que eso ocurra de un modo natural y normal”.

También agregó que “siempre es mejor que la Justicia trabaje con celeridad, porque la demora en el ejercicio de ella siempre termina redundando en algo negativo para la ciudadanía”.

En el mismo sentido se pronunció el ministro de Defensa, José Pampuro. Le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se expida “lo antes posible” sobre este asunto. Y puso sobre la mesa otra cuestión que debería apurar el fallo: dijo que la reapertura de los juicios contra militares por crímenes de lesa humanidad “complica” dentro de las Fuerzas Armadas. “Es un proceso, y no se sabe cómo va a terminar”, explicó Pampuro para definir la incertidumbre que existiría en las FF.AA. por el tema.

El funcionario, en distintos reportajes que concedió esta mañana, dijo que debería “definirse lo antes posible si las leyes (de Punto Final y Obediencia Debida anuladas por el Congreso) son constitucionales o no”.

“Estamos cerrando la situación más difícil que ha vivido la Argentina, una situación ha dejado huellas que todavía no se han cerrado. Esperamos que esta etapa sea la definitiva”, dijo Pampuro sobre la revisión de los crímenes vinculados a la represión durante la dictadura.

Consultado acerca de los rumores que circularon sobre su posible renuncia, admitió: “Fue una charla, una situación que en su momento había tenido con el Presidente pero que se saneó totalmente. El hecho está totalmente superado pero estamos trabajando en conjunto para sacar este tema adelante”.

Luego de que España anunciara el viernes pasado que no pediría la extradición de 40 militares detenidos por pedido del juez Baltasar Garzón, Kirchner dijo que la última palabra quedará en manos de la Corte.

Pero el presidente de la Corte, Carlos Fayt, ya había advertido que el tribunal tiene sus propios tiempos y que pensaban esperar la incorporación al cuerpo de Eugenio Zaffaroni para realizar la votación sobre el tema.

La Corte tiene a estudio hace más de dos años un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de las leyes del perdón. Y tras la renuncia del menemista Julio Nazareno no hay una posición mayoritaria. Un sector quiere la anulación, otro se opone y los ministros Petracchi y Fayt opinan que el tema debería pasar a la Cámara de Casación Penal.